De uno de los dos comisionistas que se llevaron seis millones de euros de dinero público que debía ir a la compra de mascarillas para proteger al personal del Ayuntamiento de Madrid lo sabemos todo. Luis Medina Abascal es miembro de la aristocracia habitual de la crónica rosa, que ha contado su vida prácticamente desde su nacimiento fruto de la unión del duque de Feria y la modelo Nati Abascal. El otro intermediario era un desconocido para el gran público hasta que su nombre ha aparecido estampado en una querella de la Fiscalía Anticorrupción tras una investigación que fue desvelada por elDiario.es. La denuncia le acusa de fingir ser un experto en el mercado asiático, de falsificar documentos e incluso de engañar a su propio socio (y amigo por entonces) para llevarse comisiones todavía más altas de las que habían pactado al margen de la Administración.
Alberto Luceño Cerón es un empresario con una trayectoria sinuosa, de lo que se ha dado en llamar emprendedor, y las pocas referencias que hay a su historia explican que en 1993 “ganó el Premio Mejor Empresario Joven de España en el sector franquicias”. El único galardón con denominación similar es el que otorga la Confederación Española de Jóvenes Empresarios y según su página web ese año no se entregó ningún galardón.
Su currículum está trufado de puestos en lugares como la Escuela Europea de Dirección y Empresa, el Foro Iberoamericano de Sostenibilidad, la junta directiva de la asociación textil ACOTEX (2014) y posteriormente marcas como 'Uno de 50' o 'Poéte'. Esa cara más pública de su trayectoria dejó, por ejemplo, una intervención ante los alumnos de la Escuela que ya ha sido borrada de YouTube, pero en la que podía escucharse a Luceño explicar cuáles eran sus valores. “La honestidad, la generosidad, la humildad, la integridad”, proclamó él mismo desde el escenario.
La cara B de su periplo empresarial está en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. En 2010 se proclamó administrador único de una consultora llamada Gekko. Un año después de que, además, Luis Medina Abascal fuese nombrado administrador único de otra empresa de consultoría llamada Gekko Partners. El mismo día de abril de 2015, Luceño fue nombrado administrador único de tres empresas de golpe que habían sido creadas un mes antes: la consultora Trendstter Capsule, la consultora Fly Fishing y una tercera consultora llamada Rip and Roll, las tres con domicilio social en la misma casa de Madrid. Dos meses después se pone al frente de otra consultora más, Iprojects Diseño.
Este ovillo de empresas nació mucho antes de que en 2020, según la Fiscalía, se lanzase de la mano de Luis Medina Abascal a por los contratos que el Ayuntamiento de Madrid adjudicó por once millones de euros para comprar a una empresa malaya mascarillas, test de anticuerpos y guantes. Esos contratos que ahora investiga el juzgado 47 de Madrid llevaban escondidas jugosas comisiones para ambos y fueron firmados y cobrados unos pocos meses antes de que abriera su última empresa: Takamaka Invest. Una sociedad con página web pero sin teléfono de contacto y dedicada, supuestamente, a la “intermediación comercial o venta a comisión de productos diversos, tanto en el ámbito nacional como internacional”.
La primera referencia oficial al comercio internacional en sus empresas y sociedades llega, por tanto, después de cobrar cinco millones en comisiones salidas de las arcas públicas madrileñas. Pero él se presentó ante el Ayuntamiento de Madrid como un experto en el mercado asiático que podía traer material sanitario en un momento de máxima necesidad y en un contexto inhóspito de precios desorbitados y material a veces defectuoso. Hasta allí lo llevó Luis Medina Abascal, que a su vez llegó al Ayuntamiento a través de Carlos Martínez-Almeida, un primo hermano y amigo del alcalde que trabaja en un bufete privado y que hasta el momento ha evitado dar explicaciones.
Altruismo y beneficios
En unos momentos en los que los ayuntamientos españoles buscaban material hasta debajo de las piedras y con la cadena de suministros internacionales convertida en un mercado persa, Alberto Luceño se presentó como el salvador de los trabajadores de los servicios esenciales de la ciudad de Madrid, donde cientos de personas morían al día víctimas del coronavirus. Dijo, según Anticorrupción, que no sólo era un experto en traer productos de Asia: alardeó de tener fábricas en China a su disposición y de ser agente exclusivo de la empresa malaya que iba a traer las mascarillas y guantes. Además, añadió, hacía esto “movido por el deseo de colaborar en la lucha contra la pandemia”.
La realidad es que Luceño no abrió su primera y única empresa dedicada a la importación y la mediación hasta meses después, no hay rastro de sus fábricas en China, no tenía una experiencia significativa en el sector y tampoco era agente exclusivo de Leno, la empresa que finalmente contrató el Ayuntamiento de Madrid. Por supuesto, según la Fiscalía no actuaba “movido por ninguna intención altruista”. Su intención y la de Luis Medina era “obtener un exagerado e injustificado beneficio económico”. Seis millones de euros, que hubieran llegado a 10 si hubiese prosperado la venta de una partida millonaria de guantes defectuosos que el Ayuntamiento pidió devolver.
Con más experiencia en el ámbito empresarial que su socio Medina Abascal, cuyo único trabajo consistió en conseguir entrar en el Ayuntamiento según ha reconocido él mismo, Luceño emprendió entonces un plan paralelo. Pactó unas comisiones con Medina, pero por detrás consiguió que la empresa malaya le pagase todavía más a sus espaldas. Por ejemplo, en el contrato de venta de un millón de mascarillas los dos habían pactado una comisión de un millón de dólares para cada uno, pero él se terminó llevando tres millones. En otro de los contratos fue él quien decidió que Medina no cobraría su comisión, pero él sí se garantizó la suya. También fue Luceño quien, según la Fiscalía, engañó al Ayuntamiento con el precio de unos guantes que ni siquiera eran los que habían pedido.
El plan para cobrar comisiones millonarias se complicó cuando llegó el momento de gestionar el botín. El dinero llegó rápidamente desde Malasia hasta Madrid a las cuentas de Luceño y Medina, que tuvieron que dar explicaciones al banco cuando las entidades pidieron la justificación de esos ingresos. Fue entonces cuando Alberto Luceño, empresario, colisionó con un artículo del Código Penal: la falsedad documental. Simuló varios documentos y firmas para justificar su relación empresarial con la empresa malaya. Y ayudó a Medina a hacer lo mismo con su propia firma cuando también tuvo que responder ante su banco por su fortuna recién llegada desde Asia.
La Fiscalía investiga ahora si, además, decidió introducir sus comisiones en el curso legal a base de comprar productos de lujo de forma escandalosa: tres relojes, una docena de coches de superlujo, una vivienda de más de un millón de euros en el municipio más rico de España, además de una semana en un hotel de Marbella a razón de más de 10.000 euros la noche. Tanto Luis Medina como Alberto Luceño han declarado ante la Fiscalía Anticorrupción y tendrán que hacerlo próximamente ante el juzgado 47 de Madrid, ya como imputados y acusados de tres delitos. Medina dio una entrevista a El Confidencial para admitir su comisión y advertir que todo es legal y que las cifras son las normales para este tipo de operaciones. Sobre él circulan fotos del velero que registró a nombre de una sociedad de Gibraltar y con el que navega en Sotogrande e incluso declaraciones a la prensa rosa de que el barco era un sueño cumplido. Luceño, el comprador de dos Aston Martín, un Ferrari o un Lamborghini, no ha dicho aún esta boca es mía.