La defensa de Alberto Rodríguez ha emprendido el camino del Tribunal Constitucional y ha interpuesto un incidente de nulidad contra su condena por agredir a un policía en 2014. Los abogados del exdiputado de Unidas Podemos, que abandonó su escaño y la política después de ser condenado por el Tribunal Supremo, entienden entre otras cosas que su condena ha vulnerado su derecho de representación política y que igualmente se ha visto afectado su derecho de reunión y manifestación.
El incidente de nulidad es un movimiento pensado para aquellas ocasiones en las que el condenado considera que una sentencia ha vulnerado sus derechos fundamentales en algún aspecto que no ha podido ser denunciado antes de recaer sentencia firme sobre el caso. La sentencia contra la que se interpone, como en este caso, no debe ser recurrible por la vía ordinaria. El incidente de nulidad es considerado, además, como un requisito previo para poder interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
Los abogados de Rodríguez denuncian en su escrito de 58 folios que se ha vulnerado su derecho fundamental “a la presunción de inocencia, al juez imparcial, a la tutela judicial efectiva, a un proceso con las debidas garantías, a la libertad de reunión y de manifestación, a la representación política, al principio de legalidad y del principio de proporcionalidad como principio rector que debe informar el derecho penal”. Esto, dice el escrito, no se ha podido denunciar antes al haber actuado el Tribunal Supremo como instancia única al ser diputado y aforado en este momento.
El escrito de Rodríguez carga, en primer lugar, contra el testimonio del agente agredido: “La declaración del agente no solo fue parca, sino que incurrió en evidentes contradicciones”. Entiende la defensa del exdiputado que en este caso “se ha construido artificialmente un caso de ”testimonio único“, por cuanto había una multitud de personas, numerosas imágenes grabadas y de entre las personas que allí había, sin duda, estaban todos los componentes del dispositivo policial”.
El exdiputado cuestiona también la imparcialidad de los magistrados que dictaron sentencia y denuncia que sus derechos políticos se han visto vulnerados por partida doble: por haberse quedado sin escaño y por la inhabilitación del derecho de sufragio pasivo. Añade que “esta doble pena no solo la padece mi mandante, sino que también la sufre su electorado, por cuanto representa a 64.000 electores de su circunscripción”.
Los abogados de Rodríguez, como ya han denunciado en escritos anteriores, cargan de nuevo contra la actuación de Meritxell Batet. Aseguran que “de forma absolutamente irregular la propia Presidenta del Congreso ha dispuesto su privación de escaño y por la Junta Electoral Central se ha procedido a su sustitución basándose, supuestamente, en una aclaración que esta Ilma. Sala le habría remitido”.