El eurodiputado de extrema derecha Alvise Pérez reconoce en un mensaje publicado en sus redes sociales que aceptó recibir 100.000 euros de un empresario “como autónomo sin factura”. Tras las revelaciones que desde el martes viene haciendo elDiario.es, el europarlamentario de Se Acabó La Fiesta (SALF) ha difundido este jueves una serie de afirmaciones en su canal de Telegram, donde acumula más de 700.000 seguidores.
En los mensajes, en los que habla de él mismo en tercera persona, asegura que “el líder de SALF habría aceptado como autónomo el pago de servicios sin factura mientras criticaba el 'control fiscal' del Estado”. Además, apunta que “enfrentaría una multa del 25% sobre el total por aceptar 100.000€ como autónomo sin factura”. Y vaticina que “la Fiscalía acusará al líder de SALF de haber usado el dinero para regalar 5.000 camisetas y gorras, pagar los vehículos de campaña, hoteles y vuelos, o imprimir las 2 millones de papeletas que repartió por todo el país, entre otros 'gastos electorales'”.
La Fiscalía del Tribunal Supremo, el único órgano judicial competente para investigarlo dada su condición de aforado, investiga si existió una financiación ilegal de su campaña tras recibir en mano de un empresario del sector de las criptomonedas, Álvaro Romillo, la cantidad de 100.000 euros. La Fiscalía General del Estado acordó remitirle la denuncia presentada por el empresario que le pagó los 100.000 euros al constatar la existencia de indicios de delito en ese cobro en efectivo por parte del ahora eurodiputado.
Los mensajes que el empresario ha puesto a disposición de la Justicia acompañados de un informe pericial que acredita su veracidad muestran cómo en las semanas previas a recibir los 100.000 euros en mano, Alvise llegó a explicitar a su interlocutor que necesitaba, como mínimo, unos 300.000 euros para impulsar su carrera hacia Bruselas.
Según su relato, ya había puesto 100.000 euros de su bolsillo y los 7.000 que había recibido de donaciones de sus seguidores eran insuficientes. Alvise llegó a definir incluso sus “necesidades” ante la petición de concreción del empresario. Por encima de todas, destaca una: “fondos que no requieran ser controlados por el Tribunal de Cuentas” para pagar mítines, publicidad y actos de campaña. Los mítines y actos políticos eran solo una primera parte de la ecuación, pero también necesitaba fondos para hacer frente, según sus propias palabras, a “ciertas multas por revelación de secretos contra el Estado y Protección de Datos”.
Entre Alvise y Romillo se fraguó durante meses una especie de relación casi mercantil en la que el candidato buscaba dinero para financiarse y el empresario tener acceso a su comunidad para publicitar sus negocios. “Tu discurso es absolutamente idéntico al mío contra el Estado, y por eso quiero apoyarte”, llegó a decirle Alvise, que le preguntó si conocía gente que pudiera estar interesada en apoyar su comunidad, que definió como “de libertad y lucha de éxito contra la corrupción”.
El empresario le contestó que él conocía a “gente que tiene dinero” y que podría estar interesada no tanto en su proyecto político, sino en hacer aportaciones como una especie de “inversión” o “colaboración” a cambio de que él hiciera publicidad de sus negocios entre sus seguidores. Alvise se mostró “encantado” de hacer alguna “promo semanal” o de “grabar cosas muy virales con invitados e influencers”, aunque en los mensajes aportados a la Fiscalía no figuran los términos exactos de esa supuesta colaboración. Además, cuando el empresario le anunció que ya tenía el dinero para él, Alvise le dijo en otro mensaje que esos fondos le iban a permitir poner en marcha “una parte urgente de la campaña”.