Desde un hotel de superlujo en Emiratos Árabes Unidos Juan Carlos I ha dado instrucciones a su abogado en España para que pague a Hacienda más de 600.000 euros y ponga fin así a la investigación de la Fiscalía del Tribunal Supremo por los gastos cargados a unas tarjetas de crédito opacas que financiaba un empresario mexicano a través de un presunto testaferro amigo del rey. Es una decisión inédita de quien ocupó la Jefatura del Estado hasta 2014: una regularización fiscal que supone asumir el fraude que estaba persiguiendo el ministerio público y por el que esta vez sí podría ser imputado al afectar a ejercicios no prescritos por ser posteriores a su abdicación.
Las primeras noticias de que Juan Carlos I habría participado de actividades irregulares, aparecidas en 2013 en el marco del caso Nóos, fueron la primera sacudida de un terremoto que ha acabado con la decisión del rey emérito de pagar por las cantidades defraudadas a la Hacienda pública en otro asunto de una época reciente de su vida en la que había perdido la condición de inimputable.
La maniobra supone un cambio de estrategia respecto a los indicios que se han ido acumulando contra el monarca en los últimos años y que han tenido en el caso de las tarjetas opacas, desvelado por elDiario.es –que cubrían gastos del rey emérito de otros familiares, entre los que no están Felipe VI ni Letizia ni las princesas– la más seria amenaza de imputación del anterior jefe del Estado.
Por medio de un breve comunicado, Javier Sánchez–Junco, abogado de Juan Carlos I, hizo público en la tarde de este miércoles que su cliente había procedido a pagar en la misma jornada “una deuda tributaria” de 678.393,72 euros “incluyendo intereses y recargos”. El diario El País había desvelado el domingo que la defensa de Juan Carlos I había contactado con la Agencia Tributaria para proceder al pago, una maniobra que tiene por objetivo evitar una investigación penal al que fuera jefe del Estado por presuntos delitos cometidos en los años 2016, 2017 y 2018.
El artículo 305 del Código Penal establece en su punto cuarto que la situación tributaria del sujeto “se considerará regularizada” siempre que salde sus deudas antes de que se lo notifique Hacienda o la Fiscalía presente querella en los tribunales, algo que no se ha producido aún. El pago “impedirá que se le persiga por las posibles irregularidades contables”, añade el citado artículo de la ley.
La investigación de las tarjetas opacas, nutridas con fondos procedentes de un millonario mexicano amigo del rey, arrancó hace aproximadamente un año y había dejado pistas al monarca de que estaba en el punto de mira de Anticorrupción: tanto el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause como el antiguo edecán del rey Nicolás Murga, supuesto testaferro de los fondos procedentes del primero, habían sido llamados a declarar por la Fiscalía antes de que trascendieran las diligencias de investigación. No ha sido sin embargo hasta después, con el traslado a la Fiscalía del Tribunal Supremo del caso, cuando el abogado del rey emérito ha contactado con el Ministerio de Hacienda.
Anticorrupción había acumulado ya indicios de que con las tarjetas a nombre de terceros, el rey y otros miembros de la familia real habían realizado gastos de cantidades no declaradas al fisco. El monarca se libró de comparecer en el caso Nóos por la donación a la infanta Cristina de 1,5 millones de euros para comprar el palacete de Pedralbes, una operación que se simuló como un préstamo para ahorrar en impuestos. Juan Carlos I era jefe del Estado cuando tuvo lugar la transacción y, por tanto, gozaba del manto de protección de la inviolabilidad. Además, los hechos estaban ya prescritos cuando fueron investigados.
Años después llegaron las afirmaciones de la que había sido su pareja, Corinna Larsen, grabadas por el comisario Villarejo. En las mismas, la alemana vinculaba a Juan Carlos I con hechos susceptibles de constituir fraude fiscal y blanqueo de capitales. Las grabaciones a Larsen motivaron la apertura de una pieza separada del caso Villarejo, pero la causa fue archivada por falta de indicios sólidos, sin que siquiera se llamara a declarar a Corinna Larsen, y porque se aludía a hechos cometidos cuando el monarca no podía ser investigado.
Como viene ocurriendo con los escándalos en torno al emérito, la Casa Real evitó siempre hacer comentarios. En marzo pasado, La Tribuna de Ginebra desveló que un fiscal suizo investigaba una donación de 60 millones de euros de Arabia Saudí a Juan Carlos I como presunta mordida por el contrato de la construcción del AVE a La Meca por un consorcio de empresas españolas. El pago se produjo en 2008 y cuatro años después, Juan Carlos I transfirió la suma a su amante. En ambos movimientos, Juan Carlos de Borbón era jefe del Estado y por tanto, al menos en España, no se le podía imputar delito alguno por ello.
Solo cuando el diario británico The Telegraph publicó que Felipe VI era el segundo beneficiario de la fundación a través de la cual Juan Carlos I había recibido la presunta comisión de Arabia Saudí, la Casa del Rey emitió un extenso comunicado reconociendo que ya lo sabía, que solo en ese momento de la publicación, 14 de marzo, el actual rey retiraba la asignación pública a su padre y que éste pasaba a tener un abogado. Pero la protección constitucional seguía protegiendo a Juan Carlos I de los presuntos delitos cometidos mientras era el jefe del Estado español, algo que no ocurre con la investigación de la Fiscalía Anticorrupción, abierta en 2019, sobre los gastos con tarjetas opacas.
La contratación de un abogado supuso un cambio en el silencio con el que el monarca emérito había reaccionado a todos los indicios de actividad delictiva en su contra. Ésta, sin embargo, solo había servido a Juan Carlos I para contar con que un profesional le trasladara que no tenía por qué preocuparse respecto a las afirmaciones de Corinna o la remisión a España de la investigación suiza porque la inviolabilidad le protege. Con el caso de las tarjetas opacas ha ocurrido algo distinto y su abogado ha pactado con Hacienda el pago de las cantidades defraudadas, según recoge la ley, para evitar que Juan Carlos I resulte imputado por fraude fiscal en el Tribunal Supremo.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que tenía programada una entrevista en Telecinco, aseguró que el episodio demuestra que “las instituciones funcionan y que la monarquía no está en peligro”, informa Irene Castro. Radicalmente distinta a la de Sánchez ha sido la reacción de Unidas Podemos. Su portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, ha considerado que la regularización realizada por Juan Carlos de Borbón es solo “uno de los pufos que tiene”. “51 años de salario mínimo interprofesional. Sólo en uno de los pufos que tiene. Por los 65 millones de Corinna no ha pagado nada, por ejemplo”, ha ironizado, para finalmente añadir en un tuit: “Y los que tendrá y no sabemos... Menuda vergüenza internacional”.
El Partido Popular se remitió a las declaraciones de Pablo Casado de días anteriores en las que calificó los movimientos en las finanzas del rey emérito como “un asunto privado”. Desde Ciudadanos, Edmundo Bal, que fue jefe de la sección de Penal de la Abogacía del Estado, y se dedicaba a perseguir estos fraudes, manifestó su “decepción” y resaltó en un mensaje en Twitter que la del Rey Juan Carlos es “una conducta moralmente reprobable”, aunque también quiso destacar que hizo “un gran servicio a España durante muchos años y nuestra democracia le debe mucho”.
Gabriel Rufián, de ERC, ha considerado por su parte que “Juan Carlos de Borbón reconoce que ha cometido un delito fiscal y devuelve solo 678.394€ de lo robado para evitar una de las numerosas causas judiciales que le acechan”, informa Iñigo Aduriz. En otro tuit, ha añadido: “Si no te lo cuentan así es que te están mintiendo”. Iñigo Errejón, por su parte, ha exigido explicaciones sobre lo sucedido: “El Gobierno no puede seguir siendo cómplice de este circo. Volveremos a pedir transparencia desde el Congreso”.
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