El Congreso aprobará este jueves la ley de amnistía de forma definitiva. Si no hay sorpresas, la mayoría absoluta de los diputados levantarán el veto del Senado, controlado por el PP. La norma llegará así al Boletín Oficial del Estado (BOE) en plena campaña de las elecciones europeas. Los de Alberto Núñez Feijóo han planteado los comicios como un “plebiscito” sobre Pedro Sánchez, un “ahora o nunca” que se ha traducido en que el PP en bloque le pida que disuelva las Cortes y convoque elecciones generales.
La amnistía es el único punto pendiente en el orden del día y la Cámara Baja deberá pronunciarse sobre el veto del Senado a la norma. El PP ha pedido una votación por llamamiento, lo que implica que los diputados serán llamados uno a uno y tendrán que votar de viva voz desde su escaño.
El de este jueves es el último intento del PP para tratar de impedir que la ley sea aprobada o, en su defecto, de poder señalar a los diputados que la voten favorablemente. Los de Feijóo lo han hecho en cada uno de los trámites cada vez que la norma ha pasado por el Pleno y, de momento, ningún electo del PSOE se ha desviado de la disciplina marcada, pese a que sus rostros votando ‘sí’ han inundado las redes sociales o pese a las agresiones e insultos que algunos han denunciado.
El PP ha buscado cómo detener la norma desde el inicio de su tramitación, ante la certeza de que sería aprobada. Ha buscado alargar los tiempos, y ha flirteado con un inédito conflicto entre el Senado y el Congreso que, finalmente, han descartado. A los de Feijóo les queda el recurso ante el Tribunal Constitucional que, tal y como han anticipado siempre desde la dirección del partido, presentarán sí o sí.
La norma recibirá, previsiblemente, los mismos votos que Pedro Sánchez en su investidura (menos uno de Coalición Canaria): los del PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, Podemos y BNG, además del de José Luis Ábalos, desterrado al Grupo Mixto tras las revelaciones judiciales del 'caso Koldo'. En contra se posicionarán PP, Vox, UPN y CC.
Un periodo de dos meses para su aplicación
La aprobación de la ley, y su publicación en el BOE, implicará su entrada en vigor, pero no su inmediata aplicación. La norma establece un periodo de dos meses para que cada juez que instruye alguna causa susceptible de ser modificada por la amnistía la aplique. Pero, además, es previsible que se planteen diferentes tipos de recursos contra la norma. Desde los que partidos y jueces puedan plantear al Tribunal Constitucional, como ante instancias jurisdiccionales supranacionales, como el Tribunal de Justicia de la UE, entre otros.
Sobre la ley se han redactado y difundido decenas de artículos e informes jurídicos a favor y en contra (la mayoría, cuando se trata de la opinión de jueces y fiscales). En el PP se ciñen a estos, y obvian otros como el de la Comisión de Venecia, que no cubrió las expectativas de Feijóo. El organismo, dependiente del Consejo de Europa (ajeno a la UE), avaló que la amnistía es una herramienta legal y aplicable, optó por no entrar en el fondo de la norma que se estaba tramitando y solo criticó que se hubiera optado por la proposición de ley y el trámite de urgencia, en lugar de que el Gobierno hubiera hecho un anteproyecto de ley, un procedimiento más prolijo.
Así, nadie sabe realmente cuándo podrán beneficiarse de la ley los líderes del procés que salieron de España en 2017 para no ser detenidos por el referéndum del 1 de octubre.
Aunque la norma no solo aplica a los políticos, sino que está pensada también para cientos de activistas independentistas, así como para los policías que intervinieron en las cargas del 1-O, el foco está en quienes como Carles Puigdemont, Toni Comín o Carla Ponsatí acumulan más de seis años de huída o exilio, según la visión de cada cual.
La ley borra los delitos cometidos entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023 para lograr la independencia de Catalunya, y se incluyen aquellos actos de terrorismo que no estén expresamente tipificados como tales por las leyes internacionales o los delitos de malversación (corrupción) que no hayan implicado lucro personal. Quedan excluida la traición.
Tras una tramitación “de urgencia” que ha durado seis meses desde que la proposición fue registrada por el PSOE, y con discrepancias entre los partidos que la han aprobado que obligaron a rehacerla en parte, la ley verá la luz con la oposición en la calle clamando contra la norma.
El PP, ante las encuestas
Este pasado domingo el PP convocó su enésima concentración contra la medida en un mitin-protesta enmarcado en la campaña de las elecciones europeas, pero en el que no intervino su candidata. En la Puerta de Alcalá, a dos semanas de los comicios, Feijóo pidió a Sánchez la retirada de la ley y la convocatoria de elecciones generales.
Apenas unos días antes, el PP había señalado la fecha del 9 de junio como un “plebiscito” sobre Pedro Sánchez. “Es ahora o nunca”, dijeron en la presentación de la campaña. Pero las encuestas señalan un resultado más ajustado del que vaticinaban en Génova hace unos meses.
En el PP creen que los cinco días de “reflexión” de Sánchez a cuenta de la investigación sobre su esposa, Begoña Gómez, fueron una “treta” para movilizar a los suyos e intentar ampliar su electorado a costa de sus aliados por la izquierda, especialmente Sumar. Algo que, según plantean en Génova, Sánchez ha logrado. Pero, además, el PP se ha encontrado con que el suelo de Vox es más rocoso de lo previsto, lo que le impide ampliar su espectro por ese lado.
En la dirección del PP han estado sopesando hasta el último momento si era buena idea o no citar a Pedro Sánchez en la comisión de investigación del Senado antes del 9 de junio. Al final han optado por no hacerlo. La idea es “estirar” dicha comisión, y alargarla en el tiempo para intentar que su efecto sobre el líder socialista no se evapore. Es decir, el PP piensa que el Gobierno de coalición seguirá en marcha después de las elecciones del 9J. Otro ‘match ball’ que supera Sánchez.