La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, quiere “ordenar” la autorización de manifestaciones en el centro de Madrid, específicamente en el eje del paseo de la Castellana y otros estratégicos para la movilidad, en las zonas históricas protegidas y en las áreas de gran afluencia turística.
En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Gobierno, la alcaldesa ha anunciado que va a solicitar formalmente a la Delegación del Gobierno en Madrid una reunión para acordar “una serie de espacios que deberían ser especialmente protegidos” frente a las manifestaciones.
Eso no significa limitar ni restringir las manifestaciones en el centro de la ciudad sino “ordenar” la autorización de sus recorridos, “caso por caso” y atendiendo a criterios que tienen que ver con la movilidad, el interés económico de la ciudad en su conjunto y el respeto al patrimonio histórico, según ha explicado después a Efe la alcaldesa.
Lo que ha propuesto Ana Botella es “pactar” con los organizadores de las protestas “itinerarios alternativos fuera del corazón de la ciudad” y además “hacerlos cumplir”.
Para eso no sería necesario modificar ninguna ley ya que la Delegación del Gobierno ya fija el itinerario de cada manifestación de acuerdo a la valoración que hace en cada caso, ha indicado.
Ana Botella, que ha comenzado por expresar su “absoluta repulsa y condena” a los hechos ocurridos tras las Marchas de la dignidad del pasado sábado, ha aportado la estimación del coste para el ayuntamiento de esa jornada, 655.000 euros, ha dicho, “que han salido del bolsillo de todos los contribuyentes”.
En concreto, el patrimonio municipal de distinto tipo sufrió “graves desperfectos” por valor de más de 166.000 euros, el dispositivo de los cuerpos municipales de seguridad y emergencias costó 405.000 euros y el de limpieza otros 89.000 euros.
A esos costes habría que añadir, según Botella, el “menoscabo a la imagen de la ciudad en unos momentos difíciles”, en los que el objetivo principal es atraer inversiones y generar empleo.
En los incidentes del sábado hubo 17 policías municipales heridos, dos de ellos graves, uno con una luxación de hombro y otro con un golpe importante en una rótula, según ha informado el delegado de Seguridad y Emergencias, Enrique Núñez, en la misma rueda de prensa.
Después de solidarizarse con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y expresar su apoyo personal a los empresarios cuyos negocios fueron agredidos, la alcaldesa ha declarado que “la capital de España no puede tolerar que el espacio público de todos, especialmente el centro de la capital, sea ocupado sistemáticamente”.
Específicamente, ha dicho, “por los que han hecho de Madrid la diana de todas las manifestaciones, tomando como rehenes a los madrileños y a quienes nos visitan”.
A su juicio, el derecho de manifestación consagrado en la Constitución “debe ser regulado de forma razonable” porque “la libertad sin límites para unos cuantos no puede cercenar los derechos y libertades de todos los ciudadanos”.
Como ejemplo ha puesto a Francia, una de las “democracias históricas y consolidadas”, con más de 3.000 manifestaciones al año, que “regula escrupulosamente las medidas que refuerzan el mantenimiento del orden público, rechazando aquellas que supongan una amenaza grave para la seguridad, y preservando el centro de su capital”.
“En París las manifestaciones quedan limitadas a las grandes avenidas que evitan el centro de la ciudad, además de prohibirlas en la proximidad de los edificios de la Asamblea Nacional”, ha apuntado.
Asimismo, “los actos vandálicos que tienen lugar al calor de las manifestaciones son castigados por las leyes francesas con cuantiosas multas y penas de prisión de hasta cinco años si el bien deteriorado es de utilidad pública o mobiliario urbano”.
Esto demuestra, ha subrayado, que “el derecho a manifestarse se puede y se debe regular”.
“Urge tomar medidas. Quiero hacer un llamamiento al consenso de todas las fuerzas políticas y al diálogo entre administraciones para solucionar este grave problema”, ha proclamado la alcaldesa de Madrid.