Andalucía y Castilla y León, las únicas autonomías que prorrogan presupuestos por la guerra de las derechas

Iñigo Aduriz

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La guerra sin cuartel que mantiene el Partido Popular desde hace tres años con las otras dos formaciones de derechas –Vox y Ciudadanos– por la hegemonía de ese espacio político en España se ha visto especialmente reflejada en dos comunidades, Andalucía y Castilla y León. Ambas son las únicas autonomías de toda España que, por esas discrepancias entre los partidos, no han conseguido aprobar un nuevo proyecto de Presupuestos para el 2022 y que, por tanto, se han visto obligadas a prorrogar las cuentas de 2021 en un ejercicio clave, el que debiera marcar la recuperación económica con la inyección de fondos procedentes de Europa.

Las negociaciones, que estaban en marcha en Castilla y León, se vieron abruptamente interrumpidas el pasado 20 de diciembre por la decisión unilateral del presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, del PP, de disolver las Cortes regionales y convocar elecciones anticipadas para el próximo 13 de febrero.

La mala relación de los populares castellanos y leoneses con su hasta ese día socio de coalición, Ciudadanos, se evidenció en que la principal cabeza visible del partido de Inés Arrimadas en la comunidad, el ya exvicepresidente autonómico Francisco Igea, se enteró del adelanto electoral y de su propia destitución –así como la del resto de los miembros de Ciudadanos en el Gobierno de la Junta– mientras estaba concediendo una entrevista a la emisora Onda Cero. Fue, además, por un tuit publicado por Mañueco que, solo después, le llamó para comunicarle su decisión. “Hola, Paco, que sepas que estás cesado tú y todos los consejeros de Ciudadanos”, le dijo el presidente autonómico a Igea, en la conversación que desveló elDiario.es.

Posteriormente, en una comparecencia en la que no admitió preguntas, Mañueco justificó el adelanto electoral “porque Ciudadanos estaba pactando los Presupuestos” a sus espaldas y por “riesgo cierto de moción de censura”. En realidad, la negociación de las cuentas de Castilla y León, que quedaron automáticamente prorrogadas con la disolución de las Cortes, se había encallado porque el Gobierno de coalición los había negociado únicamente con Por Ávila, por necesitar un solo voto, y no se había alcanzado acuerdo. El partido regionalista proponía dos decenas de enmiendas por más de 30 millones de euros para la provincia. Mientras Ciudadanos estaba dispuesto a ceder, el PP se encontró con el escollo de su Ejecutiva a nivel provincial, que consideraba que con dicho acuerdo quedaba tocado y en evidencia.

El Gobierno de coalición de Castilla y León era débil y atravesaba en los últimos meses sus horas más bajas. Mañueco había emprendido una precampaña electoral mientras los dirigentes de Ciudadanos hacían la suya por su lado. Y las cábalas sobre el momento en el que el presidente apretaría el botón rojo, el del adelanto electoral, se habían hecho habituales en los despachos y las redacciones. Finalmente fue el lunes 20, pasado un minuto de las nueve de la mañana, cuando el presidente anunció las fechas de los comicios en el comienzo de una semana que no iba a ser fácil, porque los Presupuestos de la Junta se habían encallado en el 'no' del único partido dispuesto a apoyarlos, Por Ávila, y difícilmente podían salir adelante salvo una cesión de última hora.

La decisión aboca a la región a prorrogar unas cuentas planificadas hace más de un año sin tener en cuenta el dinero que la UE ha inyectado en forma de estímulos para acelerar la recuperación. Las elecciones que se celebrarán la segunda semana de febrero dilatarán todo el proceso y es dudoso que en la primera mitad de año Castilla y León pueda tener unos nuevos presupuestos, dado que pasarán semanas antes debe constituirse un nuevo parlamento regional que invista a un Gobierno. Solo ahí podrá arrancar la negociación presupuestaria.

El desafío de Vox a Moreno Bonilla y Marín

En cuanto a Andalucía, la imposibilidad de lograr un acuerdo para aprobar los Presupuestos se evidenció semanas antes, el 24 de noviembre, cuando el Parlamento andaluz aprobó las enmiendas a la totalidad de PSOE, Unidas Podemos y Vox y devolvió el proyecto de ley de Presupuestos para 2022 a la Junta de Juan Manuel Moreno Bonilla, del PP, que gobierna en coalición con Ciudadanos. A diferencia del caso de Castilla y León, allí los dos socios aseguran mantener una buena relación, aunque también han sonado los tambores de un posible adelanto electoral ante la prórroga de las cuentas de 2021, lo que llevó al partido de Inés Arrimadas a convocar unas primarias exprés en diciembre que, en medio de una batalla interna, acabó ganando el vicepresidente de la Junta, Juan Marín.

La batalla de las derechas andaluzas está marcada por la decisión de Vox de dejar de sostener al Ejecutivo autonómico –su voto fue determinante para la investidura de Moreno Bonilla, en 2019– al no ver cumplidas algunas de sus exigencias más extremas, y de tratar de forzar un adelanto electoral ante las encuestas que le auguran una mejora de resultados y la opción de convertirse en el socio preferente del PP, ante la probable pérdida de apoyos de Ciudadanos.

La decisión de la extrema derecha hizo que el de 2022 sea el primer presupuesto que se le estanca al presidente andaluz, después de haber sacado adelante los de 2019, 2020 y 2021 con el apoyo aliado de Vox. El fracaso de las cuentas hizo que no pudieran dar luz verde a las inversiones más abultadas de la historia autonómica –43.800 millones de euros– que debían servir de plataforma para invertir los fondos europeos de la recuperación. También terminó el leit motiv del mandato de Moreno, su mayor legado político, que él solía resumir en “estabilidad, credibilidad y certidumbre”, ejes necesarios para crear confianza en los inversores que miran de reojo a Andalucía.

Donde sí hay sintonía entre el PP y Vox es en la Comunidad de Madrid –que no en el Ayuntamiento de la capital, donde se han roto las negociaciones entre el alcalde José Luis Martínez-Almeida y la extrema derecha, para intentar pactar las cuentas– como prueba el acuerdo para aprobar los Presupuestos regionales para 2022, los primeros desde que Isabel Díaz Ayuso llegó al Gobierno. La presidenta madrileña consiguió por fin, tres años después, el pasado 22 de diciembre sacar adelante sus primeras cuentas. Los anteriores Presupuestos de Madrid se habían aprobado en 2018 cuando Ángel Garrido era el presidente, y esas mismas cuentas fueron prorrogándose año a año ante la falta de apoyos del Gobierno regional, lejos de las mayorías absolutas que lograba Esperanza Aguirre y sin capacidad para pactarlos con Ciudadanos y Vox.

Ahora que Ciudadanos ha sido borrado del mapa en la región, la inversión para 2022 aumenta hasta los 23.033 millones de euros, un 14,8% más que en 2019, ya que los Presupuestos incluyen fondos europeos Next Generation por importe de 746,4 millones que la Comunidad recibirá en los próximos meses. El acuerdo de PP y Vox a principios de diciembre dejó selladas las cuentas. Entre sus acuerdos estuvo, además, no aceptar ninguna enmienda del resto de los grupos de la Asamblea, Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos, antes siquiera de leerlas. El pacto entre PP y Vox incluye 13 medidas entre las que se recogen realizar una auditoria a centros de menores inmigrantes o avanzar en la educación gratuita de 0 a 3 años financiando con cheques los centros privados.

Acuerdo entre el Govern y los 'comuns' en Catalunya

En el resto de autonomías, las mayorías absolutas con las que cuentan sus respectivos gobiernos o acuerdos entre diferentes grupos también permitieron en las últimas semanas sacar adelante sus respectivos Presupuestos. En Catalunya, el Govern de ERC y Junts logró mayoría para aprobar sus cuentas después de lograr un acuerdo con En Comú Podem gracias a un retoque en materia fiscal. Las cuentas, pese a que no introdujeron grandes cambios respecto al proyecto inicial, sí recogieron tras el acuerdo algunas de las demandas de la formación de los comuns, como un aumento en la inversión en ferrocarriles, partidas específicas para la salud mental, además de recoger la mayoría de cuestiones ofrecidas a la CUP antes de que los anticapitalistas se descolgaran de la negociación.

El acuerdo con los comuns, el segundo de presupuestos en dos años, era esperado después de que la formación hubiera dado apoyo al proyecto en el trámite de enmiendas. El acuerdo alcanzado entonces fue un intercambio de votos mediante el que En Comú garantizaba las cuentas catalanas si ERC no bloqueaba los presupuestos de Ada Colau en el Ayuntamiento de Barcelona, un compromiso que ha seguido adelante por ambas partes. Con todo desde el Govern afirman que los socios prioritarios de la legislatura siguen siendo los diputados de la CUP, a pesar de que rechazan las cuentas.

En Euskadi, PNV y PSE-EE, los dos socios de gobierno, cuentan con mayoría absoluta en el Parlamento de Vitoria, por lo que no necesitaban de una negociación con otros grupos para aprobar sus cuentas, a las que la cámara vasca dio su luz verde definitiva el jueves, 23 de diciembre. Pero en una negociación artiméticamente innecesaria, EH Bildu llegó a un acuerdo con PNV y PSE-EE por vez primera en su historia, logrando aumentar la inversión social en 250 millones de euros.

El presupuesto vasco tiene muchas similitudes con el navarro, donde el Ejecutivo de la socialista María Chivite –una coalición del PSN, Geroa Bai y Podemos– cerró a comienzos de noviembre un nuevo acuerdo también con EH Bildu, que fue refrendado, asimismo, ese mismo día 23. La coalición abertzale se ha convertido ya en el socio presupuestario del gobierno navarro tras haber alcanzado en lo que va de legislatura tres acuerdos consecutivos.

En la negociación, EH Bildu logró introducir algunas de sus peticiones en el propio anteproyecto de ley que el Gobierno de Chivite llevó al parlamento antes de cerrar el acuerdo definitivo firmado el 6 de noviembre. En ese pacto, EH Bildu se comprometió a abstenerse en la votación de las cuentas para garantizar su aprobación a cambio de partidas por valor de 13,4 millones de euros entre las que se incluyen la creación de una empresa pública de ambulancias, un complemento a las pensiones más bajas o la gratuidad de las escuelas infantiles para las rentas menores de 18.000 euros, además del impulso de la llegada del canal infantil ETB3 a toda la comunidad foral, también incluido en el acuerdo alcanzado con el Ejecutivo central para los Presupuestos Generales del Estado.

Sin trabas en Galicia y la Comunitat Valenciana

El Parlamento de Galicia aprobó los presupuestos gallegos para 2022 el pasado 21 de diciembre. La mayoría absoluta del PP de Alberto Núñez Feijóo dejó el terreno despejado de posibles trabas para que la Xunta sacara adelante unas cuentas de 11.627 millones de euros, 64 más que en 2021. Pero, en pleno colapso de la Atención Primaria, el Gobierno gallego ha rebajado en dos millones los fondos que se destinan a este servicio. 

En su trámite en comisión el proyecto incorporó siete enmiendas. Una de ellas afecta al anuncio en el que más insistió el presidente gallego en la presentación de los presupuestos: una rebaja del IRPF que, mirada al detalle, beneficia fundamentalmente a las rentas entre medias y altas. La propuesta inicial creaba un tramo por encima de los 100.000 euros al que se iba a aplicar un tipo del 23,5%, pero una modificación propuesta por el PP lo eliminó. Del resto de enmiendas, solo dos fueron transaccionadas con el PSOE y una se incluye a propuesta del BNG.

Las Corts Valencianes aprobaron el 22 de diciembre los presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2022 con los votos favorables de PSPV, Compromís y Unides Podem-Esquerra Unida. Son los séptimos presupuestos del Gobierno del Pacto del Botánico, la coalición de tres fuerzas de izquierdas que gobiernan desde 2015 en la Comunitat Valenciana. Desde la primera legislatura de coalición, el Ejecutivo autonómico ha aprobado los presupuestos “en tiempo y forma” para que entren en vigor el 1 de enero.

Las cuentas autonómicas valencianas prevén una inversión récord en políticas de refuerzo del Estado del Bienestar para empujar a la recuperación económica, social y emocional de la población azotada por la pandemia. En total, el Parlamento ha dado luz verde a unas cuentas de 27.900 millones de euros, un 9% más que el año anterior. Son, además, las primeras cuentas qué incorporan aportaciones ciudadanas, una iniciativa de la Conselleria de Participación y la de Hacienda que afecta a todas las áreas del Consell.

La inyección de los fondos europeos supone algo de oxígeno para la autonomía peor financiada de España, aunque las exigencias de Bruselas complicaron su elaboración. Los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia refuerzan las conselleries vinculadas a la innovación y sectores productivos, que tendrán una dotación global de 3.557,2 millones, lo que supone 629 millones más que en 2021. El gasto social alcanza los 47,4 millones cada 24h, lo que permitirá a la Generalitat mantener el gasto y el personal en Educación, Sanidad y Servicios Sociales a niveles de pandemia. El departamento que más aumenta su dotación en valores relativos es Vivienda (sube un 72,5%), mientras que Sanidad es el departamento con mayor presupuesto, con 7.837,7 millones.

Más inversión en Extremadura, Asturias, Aragón, Murcia y Castilla-La Mancha

Extremadura aprobó sus Presupuestos para 2022 el 23 de diciembre. Las cuentas de esta región ascienden a 7.000 millones de euros, un 9% más que este ejercicio, y salieron adelante por la mayoría absoluta del PSOE. A pesar de ello, PP y Ciudadanos presentaron en octubre sendas enmiendas a la totalidad, sin ninguna opción de éxito, en un intento de erigirse como una alternativa a la izquierda en Extremadura.

Los grupos parlamentarios de la Asamblea regional presentaron 1.304 enmiendas durante la tramitación y, finalmente, llegaron al pleno final 1.216. En comisión parlamentaria se aprobaron 54 enmiendas, 53 del grupo socialista y una de Ciudadanos, aunque transaccionada por el PSOE, para que la Junta de Extremadura compense los sobrecostes que soportan las empresas adjudicatarias de obras públicas debido a la subida de las materias primas.

En Asturias, el Pleno de la Junta General del Principado inició el pasado 22 de diciembre la fase final de la tramitación del proyecto de presupuestos autonómicos para 2022 con el debate y votación de las enmiendas de totalidad presentadas por PP, Vox y Foro lo que permitirá al Gobierno, previsiblemente, sacar adelante sus cuentas por tercer año consecutivo antes de Nochevieja, aunque perdiendo apoyos respecto a 2021. El Gobierno del socialista Adrián Barbón planteó un proyecto presupuestario de 5.354 millones, un 2,2% más elevado que el de 2021 gracias a los 123 millones de fondos europeos incorporados a unas cuentas que el Ejecutivo pretende que sean las de la recuperación económica tras la pandemia y que reintroducen el cheque-bebé con una ayuda de mil euros por hijo.

El presupuesto destina el 65% a gasto social con 3.525 millones, 113 más que este año y 624 por encima de los que se dedicaban a esta partida en 2017 e incluye fondos en inversiones productivas por 624,8 millones, un 25% más en buena parte procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE.

Los presupuestos de Aragón ascienden a 7.444 millones de euros y actualmente se encuentran en fase de tramitación parlamentaria. El cuatripartito que gobierna Aragón –PSOE, PAR,CHA y Podemos– prevé la aprobación definitiva del proyecto en el pleno de las Cortes del jueves 30 de diciembre. El Gobierno cuenta con los apoyos necesarios para su aprobación, aunque no se descarta que también los respalde Ciudadanos, como ya hizo en los anteriores, de 2021.

El proyecto de Ley de los presupuestos de 2022 en la Región de Murcia, dotado con 5.403 millones de euros, superó el pasado 17 de diciembre el debate a la totalidad con 23 votos a favor y 22 en contra. Las cuentas, que se aprobarán definitivamente antes de final de año, tienen el apoyo del grupo parlamentario del PP, del presidente, Fernando López Miras, los diputados del grupo Liberal (ex de Ciudadanos) y los tres diputados expulsados de Vox. Desde PSOE Región de Murcia han calificado los Presupuestos como “papel mojado”, mientras que Podemos denuncia que los 85 millones de euros anunciados para el Mar Menor también son “papel mojado”: “Si sumamos todas las partidas que sí tienen que ver con la mejora de la situación del Mar Menor, apenas llegan a los 35 millones de euros”, ha subrayado María Marín, portavoz de Podemos en la Asamblea de Murcia.

El Gobierno de Castilla-La Mancha sacó adelante sus cuentas para 2022 el 22 de diciembre, en virtud de la mayoría absoluta que ostenta el PSOE en el Parlamento castellanomanchego. Las cuentas encajaron la oposición frontal del PP, que viene criticando el proyecto de Emiliano García-Page desde su presentación por “desfasado y ficticio”. El primer envite de los populares castellano manchegos contra los presupuestos, en forma de enmienda a la totalidad, no salió adelante. El PP se quedó solo en la Cámara castellanomanchega al no contar con el respaldo de Ciudadanos.

El texto contempla 12.273,5 millones de euros en total, un 1,4% más que las cuentas de 2021, de los que 728 millones de euros corresponden a los fondos Next Generation de la Unión Europea. El 19% de los mismos irán a parar a educación, formación y desarrollo de capacidades; el 15,7% a Agenda Urbana y rural y lucha contra la despoblación; el 15,5% a digitalización; el 14,3% a nueva economía y políticas de empleo; y el 13,9% a ciencia e innovación, además de refuerzo del sistema de salud. Transición Ecológica absorberá el 7,1% del total; un 6,5% va a infraestructuras y economías resilientes; un 6,4% a administración del siglo XXI; y un 1,6% a impulso de la industria de la cultura y el deporte.

En la comparativa con el presupuesto del pasado ejercicio, casi todas las áreas experimentan un incremento de partida. La que más dinero recibirá será la de Sanidad, que se quedará con 3.620 millones de euros, ligeramente por debajo de los 3.665 del pasado ejercicio. Por cuantía, sin contar los 2.512 millones que van a parar a gasto financiero, Educación es el segundo apartado que más dinero recibirá, 2.181 millones (125 más, una subida del 6,1%).

Cuentas sociales en Cantabria, Canarias, Baleares y La Rioja

El debate de presupuestos en Cantabria fue un mero trámite ya que el bipartito PRC-PSOE tiene mayoría absoluta en el Parlamento. PP, Ciudadanos y Voz presentaron enmiendas a la totalidad, pero regionalistas y socialistas las tumbaron y las cuentas se aprobaron este miércoles 22 de diciembre para que entren en vigor el 1 de enero. El proyecto de ley presupuestario prevé un gasto en 2022 de 3.340 millones de euros, el más alto de la historia de Cantabria. El objetivo principal del mismo es apuntalar la recuperación económica y al tiempo amortizar la mayor deuda posible, “aunque sea paradójico”, ha señalado la consejera en el Parlamento. Serán además unos gastos con un fuerte incremento inversor y una clara vocación social, al tiempo que no se modifica la fiscalidad autonómica.

El 68% del total presupuestario se destinará al área social. Son 2.284 millones de euros, 200 millones y un 9,7% más que en 2021, que se destinará básicamente a Sanidad, que por primera vez superará los mil millones de presupuesto, Educación y Políticas Sociales, entre otros aspectos.

En Canarias, los nuevos Presupuestos fueron aprobados antes de Navidad con el apoyo de los grupos que sustentan al Gobierno autonómico: PSOE, NC, Sí Podemos y ASG. En total, el proyecto de ley de presupuestos suma 9.098,3 millones, un 7,3% más que este ejercicio --624,2 millones más-- con el 75% del gasto no financiero destinado a políticas sociales y servicios públicos. El Parlament balear aprobó el 22 de diciembre el presupuesto de las islas tras incorporar 202 enmiendas parciales. Las cuentas suman 6.398,7 millones de euros, un 8,8% más que los de 2021, con un incremento de 516 millones.

El Parlamento autonómico aprobó el presupuesto de La Rioja para 2022 el pasado 16 de diciembre con los votos del PSOE e IU. Se trata de las mayores cuentas en la historia de la comunidad, con 1.897 millones de euros, a lo que se debe sumar los fondos europeos para impulsar la recuperación económica.

* Con información de Laura Cornejo, Daniel Cela, Fátima Caballero, Oriol Solé Altimira, Iker Rioja Andueza, Rodrigo Saiz, Beatriz Muñoz, Laura Martínez, Santiago Manchado, Candela Canales, Elisa Reche, Carmen Bachiller, Laro García y Dácil Jiménez.