Ceuta es la única región española que solo tiene conexión con una autonomía. Con la frontera de Marruecos cerrada a cal y canto desde el 13 de marzo, desde la ciudad norteafricana solo se puede llegar, en barco o helicóptero, a Andalucía. La Junta ha hecho esta semana lo que no llegó a hacer el Ejecutivo local: cerrar las conexiones excepto motivo “acreditado documentalmente”, al prohibir toda movilidad ociosa entre ambos lados del estrecho de Gibraltar hasta el 9 de noviembre.
El Gobierno ceutí que preside Juan Vivas en minoría parlamentaria se hubiera convertido sin esa decisión de Juanma Moreno en el único, junto al de Madrid, partidario de enclaustrar a su población “salvo causa justificada” sólo los dos próximos fines de semana, a pesar de que la pandemia se propaga sin freno desde hace dos meses.
Vivas estableció el martes en un decreto redactado “sin criterios políticos, partidistas o electorales”, dijo, y ceñido a las recomendaciones del Comité de Expertos que le asesora –cuyos nombres se negó a revelar–, y estableció que no se podría entrar o salir de la ciudad los fines de semana. Tampoco ha endurecido el 'toque de queda' nocturno (de 23.00 a 6.00 horas) ni el número máximo de no convivientes (6) que pueden reunirse.
“Si no limitamos la movilidad y la población no cumple las medidas básicas no habrá avances”, advierte Julián Domínguez, jefe de Medicina Preventiva del Hospital Universitario local, cuya área de aislamiento COVID en urgencias se llena “a diario”. Como el presidente de Ceuta, el epidemiólogo teme el “colapso” de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) si en “dos o tres semanas” no se doblega el imparable ascenso de la curva de contagios, fuera de control desde el regreso de las vacaciones de verano.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, llegó a poner la gestión de la pandemia en Ceuta, con 85.000 habitantes, como ejemplo para el resto de España durante el primer estado de alarma. Entre marzo y finales de agosto nunca se superaron los 74 casos activos y hubo cuatro fallecimientos. Desde entonces la crisis arroja cada día cifras peores que el anterior, con hasta 75 infectados confirmados en solo 24 horas.
En apenas 60 días el Ministerio de Sanidad (competente en materia asistencial a través del INGESA) y la Administración local (que gestiona el ámbito de Salud Pública y lleva el peso del rastreo) han detectado casi 1.200 contagios (248 en los primeros cinco meses y medio) y diecisiete víctimas mortales (seis desde el domingo, la última este jueves).
Ceuta ha superado todos los indicadores de “riesgo extremo”: la tasa de incidencia de la COVID-19 durante los últimos 14 días roza los 600 casos por 100.000 habitantes, el 41% de las camas UCI y el 18% de las de planta de su único Hospital están ocupadas por pacientes con coronavirus y la tasa de positividad de las pruebas PCR que se realizan (menos que en ningún sitio, como no deja de lamentar Vivas) es del 36%.
Aunque nunca lo hacen en público ni lo han exigido por escrito, los expertos llevan dos meses pidiendo restricciones drásticas de la actividad social y más mano dura con los incumplidores, que acumulan casi 6.000 multas en 8 meses, sobre todo por no llevar mascarilla. Por otro lado, el Gobierno ceutí recibe presiones del poderoso sector hostelero y reproches de Vox, que esta misma semana ha clamado en la Junta de Portavoces contra las restricciones que “ahogan” la economía local, que sin comercio transfronterizo depende del sector público (50% de la población activa) y los Servicios.
En su último intento por mantener el equilibrio, el Ejecutivo de Vivas ha querido cerrar Ceuta solo los fines de semana, cuando según diagnosticó se puede ser más eficaz a la hora de evitar “desplazamientos prescindibles” ligados al éxodo que, cada viernes y sobre todo los “puentes”, se produce hacia la costa andaluza, especialmente de empleados públicos.
“Éticamente reprochable, pero inevitable”
“En esta época del año”, han explicado fuentes del Ejecutivo local, “el movimiento hacia Algeciras o Málaga en jornadas laborales es mínimo y puede ser éticamente reprochable pero inevitable, pues viajan sobre todo agentes de las Fuerzas de Seguridad o militares a los que el transporte marítimo sale casi gratis, y que se desplazan por razones laborales o de residencia contempladas como excusas válidas para hacerlo en este segundo estado de alarma”.
Desde ese punto de vista, la decisión de la Junta de Andalucía de cerrar perimetralmente su territorio al menos hasta el 9 de noviembre y de confinar a su vez tres provincias dentro de él ha venido a hacer 'el trabajo sucio' a la Ciudad Autónoma, que ha “pedido” a su población que no se mueva “si no es imprescindible”.
Las agencias de viajes de Ceuta notaron este jueves “más movimiento” que cualquier otro, aunque “menos del que hacía temer el aviso de cierre de Andalucía desde el viernes sabiendo que siempre será posible volver el lunes o el martes siendo residente en la ciudad”, relatan.
En cualquier caso, la Administración autonómica ha alertado a quienes se arriesguen a embarcar o volar a pesar de todo de que “tras el primer control en el puerto o el helipuerto habrá que superar otro al llegar a Andalucía, en el que habrá que acreditar documentalmente el motivo del viaje para no ser obligados a regresar, e incluso un tercer control si se pretende, por ejemplo, llegar a Sevilla”.
Si el marco de confinamiento actual tampoco da resultado los expertos plantean, antes de volver a la reclusión domiciliaria, dos alternativas. Una, exigir a todos los que pretendan llegar a Ceuta un test de antígenos (“asequibles y útiles, a diferencia de las PCR, como método de cribado”) con resultado negativo realizado antes de embarcar. La segunda, una restricción “drástica” de las operaciones de las navieras, que de forma ordinaria hacen 20 rotaciones diarias con Algeciras.