Andalucía rechaza una educación segregada y avisa de que tiene conciertos hasta 2017

El consejero andaluz de Educación, Luciano Alonso, ha advertido hoy de que Andalucía no va a sostener con fondos públicos a los centros que opten por la educación segregada por sexos, y ha recordado al Ministerio del ramo que la comunidad tiene un concierto en vigor con colegios privados hasta 2017.

Este concierto no se va a “alterar en ningún caso para favorecer la desigualdad entre niños y niñas, ha manifestado el consejero en rueda de prensa.

Alonso, que ha calificado la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) como la “mayor agresión sufrida en democracia” a los derechos fundamentales de la educación y la igualdad de los españoles, ha asegurado que esta ley “va a ver limitados sus efectos” en la comunidad andaluza.

Además del recurso de inconstitucionalidad por invasión de competencias que tiene previsto presentar la Junta, la administración autonómica ha puesto en marcha iniciativas de participación para formular propuestas con el fin de “aminorar los efectos negativos” de la ley.

Ha detallado que Andalucía va a trabajar en una alternativa que garantice la permanencia del profesorado junto a los niños dos cursos seguidos porque les “dará seguridad y las referencias que necesitan en su aprendizaje” y ha advertido de que en ningún caso los centros podrán escoger a sus alumnos en función del rendimiento.

Además de la Lomce, el titular de Educación ha criticado otras iniciativas del Gobierno central en esta materia, como la propuesta de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, que pretende traspasar a Andalucía la gestión de los profesores de Religión de infantil y primaria.

A su juicio, “lo lógico” sería llevar estos asuntos a la Comisión Mixta de Transferencias Estado-Andalucía, pero se prefiere lanzar “globos sonda” a los medios de comunicación, lo que supone una “falta de respeto” hacia las autonomías.

Si finalmente Andalucía tiene que asumir esta competencia, la Junta garantizará los procedimientos de contratación bajo criterios de igualdad, mérito y capacidad, ha avisado Alonso, quien ha apostillado: “no vamos a pedir la opinión a la Conferencia Episcopal”.