La asociación animalista Proyecto Gran Simio ha ganado la batalla legal el Zoo de Madrid en sus denuncias sobre el estado de los delfines. El Tribunal Supremo ha decidido rechazar la demanda que el Zoo Aquarium presentó contra esta organización por denunciar las lesiones que presentaban algunos de estos animales, que “parecían estar enfermos”, según afirmaron. Los jueces entienden que esa denuncia no vulneró el honor del Zoo: “Tenía interés en un contexto de debate social sobre cómo ha de ser la relación del hombre con los animales”, justifica la sentencia del alto tribunal.
El Zoo de Madrid, creado en 1972, tiene en la actualidad más de 1.300 animales de 333 especies diferentes y está gestionado por una empresa privada, Zoos Ibéricos S.A. Las quejas sobre el estado de dos delfines llegaron a finales de 2018 cuando Sea Sheperd España difundió que dos de los animales, llamados Lala Y Ángel, “parecían estar enfermos” y presentaban “lesiones cutáneas”. La denuncia llegó en el marco de una campaña a nivel mundial sobre el uso de estos animales en zoos, llamada “Operación 404”, y contó con la participación de un “experto veterinario”.
Fue en abril de 2019 cuando la asociación Proyecto Gran Simio contó con el testimonio de este veterinario para denunciar ante el SEPRONA el “maltrato animal” al que, afirmaban, estaban siendo sometidos estos dos delfines. “Presentan lesiones cutáneas y el resto de los siete delfines restantes tienen grandes problemas oculares”, explicaba esta denuncia, en la que también calificaban de “poco ética, profesional e inadmisible” la respuesta con la que el Zoo había negado ese maltrato. También se publicó una nota de prensa en su web revelando la situación.
La investigación del SEPRONA y de la Comunidad de Madrid no reveló ningún maltrato contra estos animales y no existió ni una sanción administrativa para el Zoo, ni tampoco se tradujo en la apertura de un procedimiento animal. La empresa que gestiona el Zoo decidió entonces demandar a Proyecto Gran Simio por vulnerar su honor con su denuncia sobre los delfines, pidiendo una indemnización que rozaba los 80.000 euros entre todos los conceptos. Tanto el juzgado como la Audiencia Provincial de Madrid rechazaron sus pretensiones y ahora es el Supremo quien entierra de forma definitiva su petición económica.
“Publicó una información veraz”
Los jueces reconocen que la asociación animalista atribuyó un delito al Zoo y que eso podría lesionar su honor, pero que en este caso eran afirmaciones protegidas por las libertades de información y expresión. La denuncia que presentó ante el SEPRONA fue porque descubrieron que se usaban delfines en exhibiciones cuando tenían unas patologías cutáneas “no negadas” por el Zoo, y cuya apreciación venía de “pruebas objetivas” obtenidas por Sea Sheperd. Además presentó la denuncia después de escuchar las alegaciones del Zoo, estudiar las pruebas, y eso impide pensar que sea una denuncia fraudulenta o instrumental.
Los jueces explican que es “razonable” que una asociación animalista “quisiera que se investigara ese concreto comportamiento por si pudiera ser constitutivo de delito o, si acaso, de infracción administrativa”, teniendo en cuenta las “vagas explicaciones” que dio el Zoo. En su denuncia, además, “no se usaron expresiones injuriosas ni vejatorias”, siguiendo “el cauce legalmente previsto para que pusiera en conocimiento de la policía con competencias sobre la materia” estos hechos.
Tampoco afectaron al honor del Zoo los comunicados publicados en la web de Proyecto Gran Simio. “Publicó una información veraz que se apoyó en fuentes perfectamente identificadas, objetivas y fiables, susceptibles de contraste, y sus conclusiones sobre el comportamiento de Zoo son aquellas a las que podía llegar el lector o espectador medio con los mismos datos”, dice el Supremo.