La Fiscalía Anticorrupción ha presentado este jueves su escrito de acusación en el caso de las tarjetas 'black' con una petición de cárcel de 4 años y medio para Rodrigo Rato, exvicepresidente del Gobierno que después presidió Caja Madrid y Bankia. Para su antecesor en Caja Madrid, Miguel Blesa, Anticorrupción solicita 6 años de prisión. En total, la Fiscalía acusa a 66 personas de un delito de apropiación indebida.
El Ministerio Público reclama a ambos también una cuantiosa indemnización a Bankia por el dinero gastado por ellos mismos y sus consejeros y directivos con las tarjetas opacas para el fisco. Así, a Blesa le reclama 9,3 millones de euros, por lo gastado con los plásticos entre 2003 y 2010; y a Rato, un total de 2,6 millones, por las cantidades gastadas con las tarjetas entre febrero de 2010 y mayo de 2012. En total, poco más de 12 millones de euros correspondientes a los gastos que implican delitos no prescritos.
De los 64 acusados restantes, 20 de ellos se enfrentan a una petición de condena de 4 años de cárcel. En este apartado aparece el exdirigente de Izquierda Unida en la Comunidad de Madrid José Antonio Moral Santín, el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán y el exdirigente de CCOO Rodolfo Benito. A partir de ahí, las penas van descendiendo en distintos grados hasta el año de cárcel para los que reciben una petición de cárcel menor, según las cantidades gastadas.
El breve relato de los hechos que hace Anticorrupción recoge cómo Blesa “autorizó la entrega” a todos los miembros del Consejo de Administración, Comisión de Control y a determinados altos directivos de unas tarjetas para las que él mismo puso la cantidad a gastar. No importaba que se tratara de gastos de carácter “estrictamente personal” que nada tuvieran que ver con la representación de la entidad.
“Se consagró así una suerte de sistema retributivo que carecía de todo amparo legal, previsión estatutaria, soporte en los correspondientes contratos mercantiles o de trabajo o respaldo en acuerdos formalizados o decisiones adoptadas por los órganos de administración de Caja Madrid”, afirma el fiscal Alejandro Luzón. Tan conscientes eran de la irregularidad sus autores que dotaron de la “necesaria opacidad” estas retribuciones para que estuvieran “al margen del circuito ordinario” de la empresa.
Ahí entra otro de los principales acusados, Ildefonso Sánchez Barcoj, quien recibió de Blesa el encargo dirigir la mecánica de los plásticos, a pesar de que los distintos cargos que desempeñó desde 1997 y hasta 2010 no tenían relación alguna con las tarjetas de empresa. Sin embargo, Sánchez Barcoj utilizaba a sus secretarias para que éstas trasladaran al despartamento correspondiente instrucciones sobre cancelaciones o cambios en los límites de gasto, añade el fiscal.
La Fiscalía considera acreditado que Caja Madrid y Bankia nunca declararon a Hacienda la correspondiente retención por el uso de las tarjetas. Para escamotearle la dinámica al fisco, las entidades sumaban los conceptos de las tarjetas “indebida y subrepticiamente” en dos cuentas contables de gastos destinadas a otros fines.
Para terminar de enterrar el sistema de pagos ilegales, las entidades no exigían ninguna justificación de los gastos que pudiera ser descubierta. El hecho de que no eran necesarios los recibios se les advertía expresamente a los usuarios de las tarjetas.
Los plásticos existían desde antes de Blesa, pero según la Fiscalía, habían sido creadas para satisfacer gastos de representación. Fue con el amigo de José María Aznar cuando se convirtieron en una retribución encubierta “cuya improcedencia era perfectamente conocida por sus beneficiarios”.
Así continuó durante el periodo de presidencia de Rodrigo Rato en Caja Madrid. Y cuando se constituyó Bankia, Rato decidió que él mismo y los consejeros ejecutivos y directores generales que procedían de Caja Madrid conservaran las tarjetas black. Los beneficiados fueron José Manuel Fernández Norniella, Matías Amat, Ildefonso Sánchez Barcoj y el propio Rato. La práctica se amplió a Francisco Verdú Pons, quien, sin embargo, la rechazó.
“De este modo, sin acuerdo previo ni soporte legal, estatutario o contractual, Rodrigo Rato trasladó a la nueva entidad una práctica ajena a las otras seis cajas de ahorrofs que se habían fusionado con Caja Madrid para constitutir en diciembre de 2010 el Banco Financiero y de Ahorros (BFA), único accionista de Bankia hasta la salida a bolsa de la entidad el 20 de julio de 2011”.
Petición de condenas y cantidades a devolver
El fiscal Anticorrupción pide penas de cuatro años de cárcel para el exjefe de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán (93.984 euros), Ignacio Navasqües (194.886); los representantes del PP Estanislao Rodríguez-Ponga (255.372 euros), Ricardo Romero de Tejada y Picatoste (212.216), Alberto Recarte (139.878), Jesús Pedroche (132.193), Mercedes Rojo (119.292), Francisco José Moure (127.366), Darío Fernández Yruegas (69.802); los propuestos por el PSOE Antonio Romero (252.009), José María de la Riva (208.979), Ramón Espinar (178.399), José María Arteta (138.903), Jorge Gómez Moreno (98.182); el representante de IU José Antonio Moral Santín (456.522); los de CC.OO. Francisco Baquero (266.433), Rodolfo Benito (140.521), Juan José Azcona (99.270), Pedro Bedia (78.151); y el de UGT Gonzalo Martín Pascual (129.750).
Igualmente reclama tres años de prisión para el ex secretario de Estado José Manuel Fernández Norniella (185.226) y dos años y medio para Luis Blasco (51.580), los consejeros propuestos por el PP Pablo Abejas (246.715), Miguel Ángel Araujo (212.896), Antonio Cámara (177.891), María Carmen Cafranga (175.091), Javier de Miguel (172.752), Cándido Cerón (79.248), Fernando Serrano (78.592), José María Buenaventura (62.932) y Beltrán Gutiérrez (58.022); los del PSOE Ángel Eugenio Gómez del Pulgar (149.490), Francisco José Pérez Fernández (122.615), José Acosta (62.460); los de IU Rubén Cruz (233.763), Juan Gómez Castañeda (128.000); el nombrado a propuesta de CC.OO. Antonio Rey de Viñas (191.495); los representantes de UGT Miguel Ángel Abejón (109.182), Rafael Eduardo Torres Posada (82.381), así como el representante de la patronal CEIM Alejandro Couceiro (70.160).
Asimismo, la petición de penas de dos años de cárcel corresponde al ex director general financiero Ildefonso Sánchez Barcoj, (575.071 euros); el que fuera director general de Negocio Matías Amat (431.067); el ex director de Organización Ricardo Morado (450.818); Ramón Ferraz Ricarte; Mariano Pérez Claver (379.513); el ex secretario general Enrique de la Torre (320.742); el ex director de Comunicación Juan Manuel Astorqui (292.992); Carlos María Martínez (279.396); la exdirectora de Obra Social Carmen Contreras Gómez (281.737); el exresponsable de Crédito a Empresas Carlos Vela García (249.202); el ex jefe de la Casa del Rey Rafael Spottorno (235.817); y Ramón Martínez Vilches, de la Dirección de Riesgos (102.326).
También pide dos años para la consejera del PSOE María Enedina Álvarez Gayol (47.012) y el exsecretario general de UGT-Madrid José Ricardo Martínez (44.154); mientras que solicita un año y medio para el exconsejero socialista Virgilio Zapatero (35.988) y los integrantes de la patronal Arturo Fernández (37.326) y Francisco Javier López Madrid, de CEIM (34.807).
Por su parte, solicita un año y medio de cárcel para el representante del PP Manuel José Rodríguez González (37.134); el representante del PSOE Santiago Javier Sánchez Carlos (46.399); y el consejero propuesto por IU Gabriel Moreno (20.472). Las menores penas, de un año de cárcel, solicita que sean impuestas sobre Luis Gabarda (139.707) y los representantes del PP Juan Emilio Iranzo (46.848), Miguel Corsini (46.648) y y Jorge Rábago (8.041).