La Fiscalía Anticorrupción solicita 57 años de cárcel para el comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo y una pena de 52 años de prisión para el comisario también retirado Enrique García Castaño por los presuntos delitos cometidos en el marco de un encargo a la organización que presuntamente integraban por parte de un despacho de abogados en su disputa con otro bufete de la competencia.
El escrito de los fiscales es el primero que se presenta para llevar a juicio una pieza de la macrocausa Tándem. En el mismo se describe uno de los encargos para particulares de la alta sociedad que habría realizado Villarejo sirviéndose de sus contactos en el seno de la Policía y que pasaban por espiar y atacar a terceros, ya fuera a través de querellas o destrozando su reputación.
“Para llevar a cabo el plan criminal urdido con los representantes de Herrero y Asociados, en primer lugar, el acusado José Manuel Villarejo Pérez accedió ilícitamente a datos reservados y sensibles de Balder IP Law S.L y de sus fundadores”, dice el escrito de Anticorrupción. “Posteriormente -añade- usaron esa información para nutrir una denuncia que presentaron en sede policial y que el acusado José Manuel Villarejo Pérez se encargaría de impulsar mediante su capacidad para condicionar la actuación de otros funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, de manera que ello provocara el mayor prejuicio reputacional a Balder IP y a sus miembros con el consiguiente provecho comercial para su cliente, la acusada Herrero y Asociados”.
La Fiscalía atribuye a García Castaño, entonces jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), la tarea de suministrar “personalmente” datos confidenciales a Villarejo “prevaliéndose de su privilegiada posición”, en razón del cargo que ocupaba.
“En función del consorcio criminal entre los acusados José Manuel Villarejo Pérez y Enrique García Castaño, que se remontaría al menos hasta el año 2005, el primer remuneraba la ilícita información que le facilitaba el segundo mediante entregas periódicas de dinero en efectivo y otras dádivas en especie, no individualizadas por cada información concreta facilitada sino a modo de iguala por importe de 3.000 euros mensuales, además del pago en efectivo del alquiler por importe de 16.000 euros anuales de la vivienda habitual de García Castaño y su esposa”, dice el escrito de Anticorrupción.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 procesó a los dos policías y a otras 12 personas por delitos de cohecho, tráfico de influencias, descubrimiento y revelación de secretos y falsedad en documento mercantil.
La pieza 'Iron' ha sido la primera cuya instrucción ha concluido de toda la macrocausa que desde hace tres años indaga en las actividades supuestamente ilícitas del comisario Villarejo y por la que éste se encuentra en prisión preventiva desde hace dos años y medio.
Tras concluir sus pesquisas, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ve indicios para sentar en el banquillo a Villarejo, su socio en el Grupo Cenyt Rafael Redondo, su mujer Gemma Alcalá, el abogado David Macías; así como los policías ya apartados de sus funciones Enrique García Castaño --quien fue jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO)--, Antonio Bonilla, Constancio Riaño y Javier Fernández Pérez; y el funcionario de la Agencia Tributaria Antonio Chaparro.
Asimismo, procesa a los directivos del despacho Herrero y Asociados Francisco Carpintero, Andrés Medina, Álvaro Martínez y María Ángeles Moreno, además de al propio bufete como persona jurídica por ser la empresa que habría contratado los servicios de Villarejo para supuestamente espiar a Balder IP Law.