La Fiscalía ha recurrido el archivo de la causa abierta en el marco del caso Púnica contra el expresidente de Indra Javier Monzón. En un escrito al que ha tenido acceso eldiario.es, las fiscales expresan su disconformidad con las valoración que hizo el juez Manuel García Castellón sobre la “carencia” de facultades de “supervisión y control” en Indra del actual presidente no ejecutivo del grupo Prisa y de OpenBank [filial del Banco Santander] cuando levantó su imputación el pasado 13 de enero. Consideran “prematura” y “extemporánea” la decisión de no seguir investigándole.
Una de las ramas del caso Púnica indaga sobre si Indra se convirtió durante los años de la Púnica en la Comunidad de Madrid en una herramienta para hacer llegar dinero de los gobiernos regionales de Esperanza Aguirre e Ignacio González a la financiación irregular del PP madrileño. En contraprestación, la tecnológica se vería “favorecida especialmente” en las adjudicaciones de la empresa pública ICM, que aglutinaba los servicios de informática de la administración y regional y llegó a manejar presupuestos anuales de 155 millones de euros. Monzón dirigió Indra entre entre 1992 y 2015.
Las fiscales defienden que la documentación que obra en la causa, las comunicaciones intervenidas e incluso el “reconocimiento de los hechos” por parte de alguno de los investigados y por parte de la propia Indra ha permitido conocer que dirigentes del PP han utilizado a la tecnológica como un “instrumento” de desvío de fondos públicos a través de ICM. No ven “verosímil” que estas supuestas actuaciones se llevaran a cabo sin el “respaldo, conocimiento y apoyo” del presidente de la entidad. Especialmente, en el contexto de una “relación de negocio” en la Indra facturaba a ICM unos veinte millones de euros al año.
Concluyen, en este sentido, que la valoración que hace el juez García Castellón de que el presidente de Indra no estaba implicado en la operatividad de la compañía “no se infiere ni de los estatutos ni de la forma en que la percibían sus altos directivos”.
En su escrito, las fiscales recuerdan que la investigación ha revelado indicios de que, bajo la presidencia de Monzón, Indra giró facturas a empresas que eran prestadoras de servicio del PP regional e incluso a sus propios dirigentes. Y que la tecnológica, siempre según las tesis de la Fiscalía, asumiría el pago de esta facturas “en correspondencia a la importancia y al gran número de contratos que acordaba con la Comunidad de Madrid por cuantías millonarias”.
El pasado octubre, en su declaración como imputado en la Audiencia Nacional, Monzón se desvinculó de las supuestas facturas giradas por la tecnológica a empresas vinculadas a la trama y también negó la existencia de pagos en efectivo en la compañía. Remarcó, en este sentido, que las transacciones se realizaban habitualmente a través de transferencias bancarias.