El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, instructor del caso Púnica, ha levantado la imputación que pesaba sobre el expresidente de Indra Javier Monzón en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción. El magistrado ha archivado las diligencias abiertas contra el actual presidente no ejecutivo del grupo Prisa y de OpenBank [filial digital del Banco Santander] al considerar que de los estatutos de la compañía no se desprende una “obligación de vigilancia y control” al presidente como la que “se le imponía” cuando le citó como investigado el pasado septiembre, según recoge el auto al que ha tenido acceso eldiario.es.
Una de las ramas del caso Púnica investiga si Indra se convirtió durante los años de la Púnica en la Comunidad de Madrid en una herramienta para hacer llegar dinero de los gobiernos regionales de Esperanza Aguirre e Ignacio González a la financiación irregular del PP madrileño. En contraprestación, la tecnológica se vería “favorecida especialmente” en las adjudicaciones de la empresa pública ICM, que aglutinaba los servicios de informática de la administración y regional y llegó a manejar presupuestos anuales de 155 millones de euros.
Estas sospechas provocaron la imputación de Monzón, del que los investigadores destacaron su “participación activa” –así como del exconsejero Javier de Andrés y del exdirectivo Santiago Roura– en esta supuesta estrategia de desvío de fondos públicos. Sin embargo, tras examinar las pruebas documentales aportadas por Monzón así como sus declaraciones en la Audiencia Nacional, el juez entiende que no existe “indicio alguno” de que tuviera conocimiento de los hechos investigados porque escapan de su “ámbito competencial”.
El juez justifica además que siendo una compañía cuya facturación superó los 2.000 millones de euros en 2007 y los 3.000 millones en 2012, “las operaciones examinadas” y que rondarían los dos millones de euros “no requieran aprobación o control alguno del cargo u órganos de los que formaba parte el investigado”.
Un archivo “prematuro”, según Anticorrupción
La decisión del juez, que es consecuencia de un recurso de Monzón, no cuenta con el aval de la Fiscalía Anticorrupción. En su escrito, las fiscales Carmen García Cerdá y María Teresa Gálvez consideran “prematuro” el sobreseimiento de las diligencias abiertas contra Monzón. Sostienen que las declaraciones prestadas por directivos de la tecnológica han sido “contradictorias” y que la documentación aportada por Monzón “no desvirtúa ninguno de los indicios” de su participación en los hechos.
Asimismo, recuerdan que es un “hecho objetivo probado” que Indra atendió “pagos en efectivo” a solicitud de dirigentes de la Comunidad de Madrid y “facturas con conceptos inexistentes” presentadas por mercantiles del entramado societario del PP regional “para el abono de gastos electorales omitidos en la contabilidad electoral, por importe global muy elevado”.