El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha acordado dejar en libertad al excomisario José Manuel Villarejo. Deberá comparecer cada dos semanas en el juzgado, se le retira el pasaporte y se le prohibe salir de España. Sostiene el instructor del caso Tandem que el estado de la investigación no permite juzgarle antes de que acabe el periodo máximo de prisión preventiva, y que por eso le deja en libertad. En su auto señala también que se han asegurado las responsabilidades civiles posibles del investigado “disminuyendo el riesgo de ocultación de activos”.
A su salida de la cárcel de Estremera, pasadas las 18:40 de esta tarde, ha asegurado que va a dedicarse “únicamente” a defenderse de los delitos que se le imputan, al tiempo que ha negado que vaya a aprovechar la libertad para fugarse. En la línea habitual de sus afirmaciones ha dicho que siempre ha contestado cuando se le ha requerido por la justicia, también a sus “grandes amigos de Podemos”. Villarejo ha atendido un minuto a los medios presentes y se ha despedido pidiendo que se le llame “comisario” y no “excomisario” y que se le dé el tratamiento de “presunto” porque no está condenado.
“Las cloacas no generan mierda, la limpian”, ha dicho Villarejo, antes de poner en duda que no se haya podido desencriptar la totalidad de los 40 terabytes de información que se le incautaron y que no se hayan puesto a disposición de su abogado. También ha dicho que ha sufrido “torturas” en la cárcel aunque sólo ha señalado al director de la prisión, del que ha dicho cumplía “órdenes políticas”, al tiempo que ha ensalzado la labor de la mayoría de los funcionarios de la cárcel con él y de sus “compañeros” de la Guardia Civil. Irónicamente ha agradecido su estancia en prisión para “reflexionar” al exdirector del CNI Félix Sanz Roldán.
La Fiscalía Anticorrupción había solicitado esta misma mañana a García-Castellón que decrete la libertad de José Manuel Villarejo, en prisión preventiva desde noviembre de 2017. Anticorrupción adoptaba esta decisión después de que la Sala de lo Penal fechara para diciembre el primer juicio en el marco de la causa contra el policía jubilado, por lo que para entonces ya se habrá cumplido el plazo máximo de estancia en la cárcel sin juicio, que para Villarejo caduca el 3 de noviembre de 2021.
Ayer lunes se conoció el auto en el que la Sala de lo Penal rechazaba el recurso de los fiscales contra la puesta en libertad de Villarejo en las tres piezas que se van a juzgar conjuntamente (Iron, Land y Pintor), por lo que la causa que se va a juzgar ya no es prioritaria al no ser causa con preso. La Sección Cuarta alegaba que Villarejo seguiría en prisión provisional de todas formas porque esas es su situación en el resto de las cerca de treinta piezas en las que se le investiga.
Este asunto ha provocado un duro enfrentamiento entre los fiscales Anticorrupción y la Sección que preside Ángela Murillo. Los primeros se quejan de que no se haya señalado para antes la fecha del primer juicio, lo que habría evitado la salida de prisión de Villarejo. Los jueces, por su parte, reprochan al Ministerio Público que pretenda organizar los señalamientos de la Sala de lo Penal.
Anticorrupción decía en su recurso que sigue habiendo riesgo de reiteración delictiva y de fuga mientras que la Sección Cuarta aseguraba, para explicar que el juicio no se celebre antes, que ya contaba con otras causas con preso antes de recibir las tres de Villarejo, que celebra otras sesiones que no pueden ser interrumpidas y que incluso cuenta con causas que debieron retomar tras ser suspendidas por la pandemia.
En este sentido, los jueces añadían que como muy pronto el juicio podría haber arrancado en octubre y noviembre y nunca se habría dado una sentencia para antes de que se cumplieran los cuatro años de prisión provisional que obligarían a excarcelar a Villarejo sin la posibilidad de imponérsele medidas cautelares.
Las piezas unidas para el juicio son Iron —por el presunto espionaje de un despacho de abogados a otro de la competencia—, Land —por el supuesto espionaje entre las herederas de la urbanización de lujo La Finca—, y Pintor —por otro espionaje que habrían encargado unos empresarios, entre ellos Juan Muñoz, marido de Ana Rosa Quintana—.