El juez Juan Pablo González está desde el pasado viernes más cerca de convertirse en el tercer magistrado de la Audiencia Nacional al que sus propios compañeros apartan de los tribunales que juzgan al Partido Popular por sus vínculos con la formación de Mariano Rajoy. Ese día salió de la Fiscalía Anticorrupción el primer escrito apoyando que no participe en varios juicios de piezas separadas del caso Gürtel, a cuyos tribunales había llegado González como consecuencia de un inesperado cambio de última hora que modifica su composición.
Este miércoles, Anticorrupción enviaba a la Audiencia Nacional otro escrito apoyando igualmente que González salga del tribunal que durante 2018 juzgará la financiación irregular del Partido Popular. En realidad, la Fiscalía avala la admisión a trámite del incidente de recusación presentado por las acusaciones populares. Y se podía haber quedado ahí, pero el documento, con la firma de las fiscales Concepción Sabadell y Concepción Nicolás, entra al fondo de la cuestión, avanzando los principales argumentos que desarrollarán en un segundo escrito, una vez se haya nombrado magistrado instructor del incidente de recusación y éste lo haya admitido a trámite.
Una vez reciba ese segundo escrito y el posicionamiento del resto de las partes y del juez en cuestión, será el Pleno de la Sala de lo Penal, esto es, el conjunto de los compañeros de Juan Pablo González, quienes decidan sobre si éste debe continuar o no en los citados tribunales. Hay un precedente muy cercano y próximo: la recusación de Enrique López y Concepción Espejel de esos mismos juicios. Con el impulso de las acusaciones populares, Anticorrupción ofreció sus propios argumentos en el mismo sentido y la Sala de lo Penal apoyó mayoritariamente que dos magistrados tan considerados en la calle Génova no participaran en los juicios de la corrupción entorno al Partido Popular.
En el caso de Juan Pablo González, la Fiscalía Anticorrupción se apoya en que los argumentos que valieron entonces, sirven también ahora. Expone, por una parte, su nombramiento como vocal del Consejo General del Poder Judicial en 2008 a propuesta del Senado, donde el PP tenía mayoría, y en la que participó Jesús Sepúlveda, uno de los acusados en Gürtel. Por otra, su elección como juez de enlace en París, acordado por la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, tras deliberación en un un Consejo de Ministros integrado por Ana Mato, exmujer de Sepúlveda y juzgada en la pieza principal como responsable civil a título lucrativo.
“Así, el Partido Popular fue decisivo” en ambos nombramientos, concluyen las fiscales. Se expresan así en la línea de lo expuesto por las acusaciones populares, que apuntaban en sus escritos un “decisivo impulso” del partido de Mariano Rajoy en la carrera de Juan Pablo González. Y añaden: “No existe fundamento alguno para modificar el criterio mantenido por esa Sala (de lo Penal)” cuando apartaron a López y Espejel.
Los hechos en torno a González “pondrían de manifiesto”, siguen, la concurrencia de dos causas de recusación recogidas en el artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, concretamente, las que hacen referencia a “amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de las partes” y “tener interés directo o indirecto en el pleito o causa”. El Partido Popular es acusado en Gürtel de partícipe a título lucrativo por haberse beneficiado de 245.000 euros procedentes de la corrupción.
La fiscal clave en el caso Gürtel
La Fiscalía Anticorrupción ha sido uno de los principales motores de la investigación de Gürtel desde sus orígenes, en 2008. Varios fiscales han estado vinculados al caso y a sus distintas piezas separadas, pero una de ellos permanece ligada a la causa desde el primer momento. Se trata de Concepción Sabadell, la fiscal que firma los escritos a favor de la recusación de González junto a su compañera Concepción Nicolás, una de las dos mujeres a las que atacaron distintos responsables del Partido Popular y el Gobierno y cuya cabeza pidió Luis Bárcenas a Rajoy.
En el terreno de las recusaciones, fueron ambas fiscales quienes dieron un espaldarazo definitivo a la panoplia de argumentos de las acusaciones populares para apartar a Enrique López y Concepción Espejel. Argumentos, por otra parte, que se repiten de forma similar en el caso de Juan Pablo González. Contra López entonces y González ahora, las acusaciones populares han esgrimido sus nombramientos para el CGPJ y sus cursos en FAES, la fundación que ha ejercido de think tank para el Partido Popular.
Las fiscales, sin embargo, fueron más lejos y aportaron el vídeo de la sesión en la que Espejel fue elegida vocal del CGPJ en el Senado y en cuya votación se veía participando al extesorero de la formación y uno de los principales acusados en Gürtel, Luis Bárcenas. En cuanto a la colaboración de López con FAES, las fiscales aseguraban que fue “más intensa” incluso de cómo la describían las acusaciones populares en sus escritos.
En aquellos casos, los incidentes de recusación para todos los juicios en los que iban a participar Espejel y López se resolvieron de forma individual y, por tanto, necesitaron de tantos escritos de la Fiscalía como causas iban a juzgar. En el caso de la caja B, el fiscal del caso, Antonio Romeral, firmaba el documento. En esta ocasión son las fiscales Concepción Sabadell y Concepción Sepúlveda las que firman todos los escritos en una decisión que, según fuentes de Anticorrupción, se ha tomado de forma conjunta y que se resolverá por la Sala de lo Penal de una sola vez.
La primera votación sobre el incidente de recusación contra López en Gürtel arrojó un resultado de 14 votos a favor y 4 en contra. Las discrepancias acerca de Espejel fueron aún mayores, con 10 votos a favor y 8 en contra de apartarla del tribunal de Gürtel. Distintos magistrados disconformes emitieron votos particulares. Ambos habían llegado a esos tribunales por una conjunción entre lo que dictan las normas de reparto y la decisión de Espejel de ejercer su prerrogativa de presidir todos los juicios de la sección que presidía entonces, la Segunda.
El Poder Judicial compensa
Fue un contratiempo puntual en sus carreras. La mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial, esto es, los vocales que resultaron elegidos por la mayoría absoluta del PP en la anterior legislatura se encargaron de revertirlo. Las primeras recusaciones fueron en octubre de 2015. Aquellas dudas sobre su imparcialidad no evitaron que el CGPJ eligiera siete meses después a Enrique López magistrado de la nueva Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional.
La falta de imparcialidad que detectaron sus compañeros no fue óbice para que el Poder Judicial aupara a López al deseado puesto del tribunal que revisará todas las sentencias de la Audiencia Nacional, siempre que estás hayan arrancado después de la creación de la Sala de Apelaciones, lo que deja a Gürtel y todas sus piezas separadas fuera.
Esos mismos vocales conservadores del CGPJ dieron otra alegría, en este caso a Espejel, y solo ocho días después. Su proximidad demostrada al Partido Popular no impidió que la eligieran presidenta de la Sala de lo Penal que la había apartado siete meses antes de los casos de Gürtel. “Querida Concha”, como se refirió a ella María Dolores de Cospedal en un acto de imposición de medallas, sigue a día de hoy presidiendo la Sala que va a decidir sobre la recusación de González. Su voto vale tanto como el de cualquier otro de sus integrantes, a no ser que sirva para resolver un empate.
Precisamente, el ascenso de Espejel está en el origen de la llegada de Juan Pablo González al tribunal de la caja B y otros casos de Gürtel. Su sustituta, María José Rodríguez Duplá, también ha querido presidir todos los juicios de la Sección Segunda, también los que tenían ya un tribunal designado. Eso ha provocado que se haya tenido que modificar la composición de todos ellos y que Juan Pablo González entrara y, además, ejerciera de ponente.
En el caso de la caja B tiene una incidencia especial. Abandonan el tribunal Ángel Hurtado y Julio de Diego, y permanece José Ricardo de Prada. Los dos últimos fueron los jueces que dejaron en minoría a Hurtado y apoyaron la declaración de Mariano Rajoy y la plana mayor de Aznar en el juicio de Gürtel en calidad de testigos. Las acusaciones populares también quieren que Rajoy declare, con más razón aún, en la pieza que juzga la financiación irregular del partido que preside, pero los cambios en el tribunal acaban con la mayoría que lo propició en el seno del tribunal.