El delito de enaltecimiento del terrorismo ha regresado a la Audiencia Nacional. Doce años después del final de ETA, la organización sobre la que orbitaba este delito, una querella de Vox contra dos activistas palestinas ha motivado su imputación por el contenido de sus respectivas intervenciones en una comparecencia organizada por Podemos en el Congreso de los Diputados. La resolución que dictó su imputación destaca que una de las comparecientes tildó de “valiente iniciativa” los ataques de Hamás contra Israel de los días 7 y 8 de octubre de 2023, que se saldaron con 1.261 muertos y el secuestro de otras 251 personas.
“Los hechos que tuvieron lugar en las fechas referidas han sido calificados inequívocamente como actos de terrorismo, tanto por las autoridades de la Unión Europea como por las nacionales”, alegó el juez Joaquín Gadea antes de abandonar el Juzgado Central de Instrucción número 6. Las defensas responden que es la propia Organización de Naciones Unidas quien reconoce las acciones armadas en Palestina e Israel como parte de “un conflicto armado en el que hay varias partes” implicadas.
Podemos organizó el 3 de junio una jornada parlamentaria para abordar la situación de Palestina desde una perspectiva histórica y de derechos humanos. Dos de las invitadas, Jaldia Abubakra y Miriam Ojeda, son las activistas que Vox señaló en su querella y que el entonces Gadea, juez de refuerzo de Manuel García Castellón en el momento de su imputación, aceptó investigar.
El partido de extrema derecha entresaca algunas de las afirmaciones de las invitadas. De Jaldia Abubakra –fundadora del Movimiento de Mujeres Palestinas Al-Karama, el partido destaca: “La valiente iniciativa de la resistencia palestina el 7 de octubre ha vuelto a poner en la agenda política y mediática la cuestión palestina”.
Para imputar a las activistas, el juez Gadea recurrió a una afirmación del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, con motivo del octubre 7, en el sentido de que España condena el “terrorismo” de Hamás desde el primer momento. Además, para defender la competencia de la Audiencia Nacional para investigar, el magistrado destacaba que dos de las personas que murieron en los ataques tenían la nacionalidad española.
La defensa de Jaldia Abubakra desmiente la mayor. Asegura que Vox hace una interpretación interesada de las palabras de su representada. En primer lugar, el abogado Antonio Segura alega que lo que hace Abubakra es enmarcar los ataques del 7 de octubre en una estrategia armada anterior. En este sentido, su defendida dijo que esa estrategia desembocó aquel día en una “operación de la resistencia, humillante, una gran victoria política y militar de Palestina”.
En la propia intervención, Abubakra recogió la que luego ha sido su estrategia de defensa: “Tenemos una legislación internacional que da permiso a los pueblos colonizados a resistir mediante todas las vías posibles, incluida la lucha armada”. En este sentido, el abogado de Abubakra añade: “No vemos aquí ningún enaltecimiento de Hamás ni de ninguna otra organización terrorista. Y si lo viésemos tendríamos que comprar la tesis de que Naciones Unidas enaltece el terrorismo, tesis que solo defiende el Gobierno de Israel”.
La defensa recurre a la resolución 3070, dictada en 1973 y relativa a la “libre determinación de los pueblos” y a la “rápida concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales”. “Que esto no empezó el 7 de octubre parecería algo obvio, además de necesario para contextualizar el conflicto armado Israel-Palestina. Es verdad que los que intentan criminalizar a todos los que apoyan la lucha del pueblo palestino intentan descontextualizar el conflicto y enfocarlo solo el 7 de octubre, en un relato de parte, como un solo acto que no forma parte de un conflicto que se extiende desde hace decenas de años”, resume la defensa en un escrito en el que acaba de solicitar el archivo de las actuaciones.
Amnistía Internacional pide el archivo
Las dos imputadas prestaron declaración el pasado 29 de octubre. Ante la sede de la Audiencia Nacional se produjo una pequeña concentración organizada por Amnistía Internacional. “Ninguna de las declaraciones por las que son investigadas estas dos activistas pueden considerarse incitación al odio o incitación directa a la violencia”, afirma la organización no gubernamental.
Aministía Internacional pide el archivo de la causa y expresa su “preocupación por la amplia y vaga definición del delito de enaltecimiento del terrorismo en el Código Penal español, que permite al Estado criminalizar expresiones que están protegidas por las normas internacionales de derechos humanos”.
En su querella, Vox destacaba otras expresiones vertidas durante las citadas comparecencias en el Congreso. “Desde el primer momento comenzaron a bombardearnos los medios de comunicación con que esto es un ataque terrorista, que se han decapitado bebés, han violado a mujeres, y, gracias al tiempo, se ha demostrado que esto es falso, que es propaganda, que ha caído por tierra toda la propaganda sionista”, recoge la querella contra Abubakra.
De las dos activistas, Vox solo se fija en una de las afirmaciones de Miriam Ojeda, presidenta de la Red Samidoum: “Una de las cosas que sí que tenemos que dar las gracias [al 7 de octubre] es poner en el centro la cuestión palestina”.
Ante la jueza María Tardón -ahora las frente del caso-, Ojeda dijo que se trataba de un mero análisis según el cual, pese al incremento de “asesinatos y encarcelamiento de palestinos sin garantías”, el conflicto y sus consecuencias para la población civil había desaparecido de los medios de comunicación, explican fuentes jurídicas. Ojeada añadió que después de los ataques del 7 de octubre se volvía a hablar de la situación de los palestinos y que su afirmación se produjo sin justificación o ensalzamiento del terrorismo, ni tampoco humillación a las víctimas. Al igual que Abubakra, la defensa de Miriam Ojeda destaca que ninguna mencionó a Hamás en sus intervenciones en el Congreso. Israel ha asesinado a más de 42.000 palestinos como respuesta a los ataques del 7 de octubre.