La Junta de Fiscales de Sala, reunida desde las diez de esta mañana en la sede la Fiscalía General del Estado, ha dado un apoyo mayoritario a Eduardo Torres-Dulce respeto de la interposición de una querella contra el presidente de la Generalitat, Eduardo Torres-Dulce y otros dos miembros de su gobierno por su papel en la preparación y celebración del denominado “proceso participativo” del pasado 9 de noviembre.
Asi lo han señalado fuentes fiscales al término del encuentro, que se ha prolongado durante algo más de cuatro horas. El apoyo ha sido “casi unánime” según fuentes fiscales y si ha existido alguna reticencia ha sido por cuestiones de carácter técnico referidas a los delitos.
Ahora, lo previsible es que el fiscal general ordene la interposición de una acción penal contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas; la vicepresidenta, Joana Ortega y la consejera de Educación, Irene Rigau, por los delitos de desobediencia, malversación, prevaricación y de obstrucción a la Justicia o usurpación de atribuciones judiciales.
En su propuesta ante la cúpula fiscal, Torres-Dulce sostuvo que el contenido de la orden de suspensión dictada por el Tribunal Constitucional (TC) el pasado 4 de noviembre fue “absoluta, tajante e inequívoca”, “no dejaba margen alguno a la duda” y afectaba a toda actuación que contribuyera a impulsar el denominado proceso de participación.
A su juicio, la suspensión del TC afectó también a las actuaciones que no se hubieran formalizado jurídicamente “precisamente para prevenir actuaciones materiales en fraude de ley o vías de hechos buscadas intencionadamente para impedir su eventual impugnación”. En los actos de impulso de estas actuaciones participaron de forma “personal y directa” Mas y su vicepresidenta, según el fiscal general.
“El incumplimiento de dicha orden, consumado en el curso de la jornada de votación del 9 de noviembre, ha lesionado de manera efectiva otro bien jurídico: la integridad de la jurisdicción del TC y la eficacia de su tutela cautelar del orden constitucional”, añade la propuesta de modo tajante. Los hechos a su juicio “integran todos los elementos delito de desobediencia”.
Frente a esta postura los 24 fiscales de Sala presentes en la Junta tenían el acta de la reunión que celebraron el lunes los nueve miembros de la Junta de Fiscales de Cataluña y que fue remitida a la Fiscalía General del Estado para justificar su negativa a interponer la querella.
Según esa acta, los fiscales opinaron que el hecho de que el Tribunal Constitucional (TC) no dirigiera a la Generalitat una advertencia expresa en la providencia por la que suspendió la consulta alternativa “parece responder a una decisión meditada” de este órgano y dificulta que pueda hablarse de un delito de desobediencia.