El titular del Juzgado de instrucción número 43 de Madrid ha archivado la causa contra dos altos cargos del exministro de Sanidad Bernat Soria en la que se investigaba la adjudicación en 2008 de un contrato de publicidad por 184.138 euros que pudo servir para financiar irregularmente al PSPV.
En el auto de sobreseimiento, al que ha tenido acceso Efe, el juez establece que ni en el desarrollo del expediente de adjudicación a la empresa Crespo Gomar ni en su conclusión “se han apreciado irregularidades que lleven a concluir la existencia de indicios de los delitos que da lugar a la incoación de la presente causa”.
Dos de las investigadas en este procedimiento eran Etelvina Andreu, ex directora general de Consumo dentro del Ministerio De Sanidad; y Consuelo Sánchez Naranjo, entonces subsecretaria de Sanidad y Consumo.
Pero, tras tomarles declaración el pasado 26 de junio, el juez no ha apreciado en su actuación la comisión de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos que se les imputaban.
Según el auto, contra el que cabe recurso, Andreu entró en el Ministerio cuando el expediente de contratación estaba ya iniciado y el pliego de prescripciones técnicas aprobado, y su participación posterior se limitó “a la suscripción del certificado de realización de la campaña contratada”.
“No ha resultado de lo actuado que tuviese ningún tipo de intervención en la determinación de la puntuación alcanzada por la empresa Crespo Gomar en el concurso, ni que incitase, solicitase o determinase a ninguno de los participantes en el proceso de contratación para que la adjudicación fuera realizada a aquélla”, apunta el auto.
El juez añade que “el hecho de que existiera una relación anterior” entre Andreu y Crespo Gomar, que trabajó en la organización de su campaña a la alcaldía de Alicante, “no lleva a la conclusión” de que haya cometido ninguna irregularidad en la adjudicación.
Por su parte, Naranjo fue quien acordó que se llevase a cabo la campaña, si bien no intervino en la tramitación del concurso y el juez no aprecia que incurriese en irregularidades.
Como tampoco ve ningún indicio de delito en la actuación de los miembros de la mesa de contratación y da credibilidad a las explicaciones que dieron en sus comparecencias acerca de las decisiones que se consideraron irregularidades en el informe pericial.
Tampoco aprecia “ninguna irregularidad” en las valoraciones a Crespo Gomar pues la económica se basa en “una cuestión aritmética” y en relación a la técnica “no se puede concluir que haya existido ninguna irregularidad” en la puntuación que obtuvo dicha empresa, 46.80 puntos superior a las otras que participaron en el concurso.
Por tanto, concluye el juez, el proceso de contratación concluyó con la adjudicación del contrato a Crespo Gomar el 24 de noviembre de 2008 y la realización efectiva de la campaña contratada, sin detectar irregularidades en el procedimiento.
Pese al sobreseimiento provisional de esta causa, aún hay un procedimiento en un juzgado de Madrid que investiga más irregularidades en otro contrato de publicidad del Plan de Vivienda 2009-2012, adjudicado también a Crespo Gomar por 126.208 euros, en el que están imputados dos altos cargos de la exministra Beatriz Corredor.