El juez Javier Gómez Bermúdez ha archivado la causa abierta a ocho activistas de Greenpeace que el 9 de mayo escalaron al tejado del Congreso en protesta contra la reforma de la Ley de Costas, al no haber quedado “debidamente” justificado que cometieran un delito contra altos organismos del Estado.
Gómez Bermúdez ha adoptado esta decisión en un breve auto de un folio hecho público hoy tras conocerse ayer el informe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que concluyó que no hubo delito en esta acción de los ecologistas al no constar que alteraran el pleno y que su intención fuera invadir la Cámara Baja.
A luz de ese informe del fiscal Luis Barroso, el juez de la Audiencia Nacional acuerda el archivo de la causa “no habiendo quedado debidamente justificada la perpetración del delito que dio lugar a la formación de la causa”.
El mismo día que se produjo la escalada al tejado del Congreso, los ocho activistas fueron detenidos y conducidos a la Audiencia Nacional, donde, tras comparecer ante Gómez Bermúdez (por encontrarse esa semana de guardia), quedaron en libertad con la obligación de comparecer cada mes en el juzgado.
Los jóvenes fueron detenidos como presuntos autores de un delito contra altos organismos del Estado, pero tras prestar declaración, el juez no les atribuyó ningún delito concreto, a la espera de que el presidente del Congreso, Jesús Posada, informara sobre si efectivamente los activistas alteraron el normal funcionamiento de la Cámara.
Posada comunicó que no se había alterado el normal funcionamiento del pleno, pero sí el del Congreso.
El fiscal en su informe, que ahora hace suyo el juez en su auto, indicaba que no había constancia de que esta acción de Greenpeace hubiera alterado el normal funcionamiento de la sesión plenaria celebrada ese día“ ni que su intención ”fuera el invadir la sede del Congreso, al ocurrir los hechos en el exterior, y que la invasión fuera a producirse con fuerza, violencia o intimidación“.
Los hechos ocurrieron el pasado 9 de mayo entre las 08.54 horas y las 09.07 cuando, al comienzo de la sesión plenaria, llegó una furgoneta que estacionó a la altura de la puerta de los leones “descendiendo de ella rápidamente varios activistas de Greenpeace jóvenes”, que trataron de saltar la valla metálica de 2.5 metros “instalada en el perímetro parlamentario con motivo de las obras que se están realizando”.
Policías del Congreso y de las Unidades de Intervención Policial (UIP) impidieron que saltaran y detuvieron a cinco, pero tres de ellos lo consiguieron y gracias a las obras en el complejo parlamentario, para las que se instalaron “varias estructuras metálicas, andamios y escaleras para acceder a la azotea”, lograron “alcanzar el primer andamio y posteriormente la escalera que conduce a la cubierta del Congreso”.
A través de esa escalera, que mide 23 metros desde el suelo hasta el tejado, estos activistas “subieron a toda velocidad” y consiguieron llegar hasta el tejado donde fueron detenidos por los agentes que les perseguían.
Alguno de ellos intentó además colgarse de la cornisa, “desistiendo a los pocos segundos, persuadidos por los policías, que les impidieron utilizar sus equipos de escala”.