Archivan la denuncia contra Botella al no ver delito en el mantenimiento de símbolos franquistas

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada María Belen Sánchez ha acordado el sobreseimiento provisional de las actuaciones al entender que “no resulta debidamente practicada la perpetración de infracción penal alguna” y los hechos no son subsumibles en un delito de desobediencia a la Ley.

El abogado especializado en Derechos Humanos, Eduardo Ranz, que denunció a Botella junto a otros 37 regidores españoles por el mantenimiento de vestigios franquistas en sus ciudades, ha explicado a Europa Press que no se plantea recurrir este archivo y que se encuentra a la espera de recibir la respuesta del Ayuntamiento de Madrid antes de iniciar cualquier acción en el orden de lo Contencioso.

Ranz denunció el pasado 11 de febrero, coincidiendo con el aniversario de la proclamación de la Primera República, a 38 alcaldes por un supuesto delito de desobediencia que habrían cometido al vulnerar la Ley de Memoria Histórica, que obliga a las Administraciones a retirar la simbología franquista.

En concreto, entendía que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de desobediencia tipificado en el artículo 410 del Código Penal, que lleva aparejado una multa de tres a doce meses y una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años. De forma subsidiaria, proponía tipificarlos como una falta contra el orden público del 634, que prevé el pago de una multa.

SÍMBOLOS CON EL SEMBLANTE DE FRANCO

En el caso de la denuncia presentada ante los Juzgados de Plaza de Castilla --las otras fueron interpuestas en sus respectivos juzgados--, el abogado advertía de que en el municipio de Madrid hay una docena de vestigios que vulneran la Ley de Memoria Histórica de 2007.

Entre ellos, enumeraba el Arco de la Victoria situado a la entrada de la capital en la carretera de La Coruña; el Palacio de Santa Cruz con dos escudos de la dictadura en piedra; o varios edificios de Defensa con placas y lápidas de mármol recordando a Francisco Franco, a la “guerra de liberación de España”, o a varios militares caídos durante la contienda.

Citaba también el escudo con el águila ubicado en varias fachadas de la sede del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), perteneciente al Ministerio de Agricultura; el relieve con el escudo del régimen franquista que se puede ver en la pared de la Oficina de Atención Integral del Contribuyente ; una placa del Palacio del Pardo o el medallón con el semblante de perfil del general Francisco Franco del Tribunal de Cuentas.

El abogado, vecino del municipio de Madrid, recordaba que el artículo 15 de Ley de Memoria Histórica obliga a las Administraciones Públicas a tomar las medidas oportunas para retirar los escudos, las insignias, las placas y otros objetos o menciones conmemorativas de la “exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura”.