La Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado el recurso interpuesto por la defensa de Rodrigo Rato contra la imposición de una fianza de 18 millones de euros en concepto de responsabilidad civil, acordada por el juez que investiga los presuntos delitos cometidos por el exvicepresidente en su faceta empresarial. La confirmación de la fianza se produce a escasas 24 horas de que Rato declare como imputado.
“En atención a los datos que figuran en dicho informe (de la ONIF), y teniendo en cuenta que nos encontramos ante el inicio de la investigación judicial, y por lo tanto a lo largo de la misma habrá de concretarse aún más, tanto las imputaciones como los datos de carácter fiscal o económico, de momento, entiende esta Sala que es adecuada y prudente la determinación que el juez de instrucción efectúa sobre la cuantía de la fianza”, aseguran los tres magistrados.
Los jueces recuerdan que si se impuso el bloqueo de fondos y embargo de bienes, así como la fianza de 18 millones, fue para “garantizar las posibles responsabilidades que pudieran dimanar de la posible” comisión de delitos y también “con la intención de preservar el patrimonio del señor Rato para que estuviera disponible en todo momento”. La fianza civil tiene por objeto asegurar el pago de las responsabilidades pecuniarias que pudiera conllevar una posible condena.
La Sección recuerda que la ONIF señalaba tres delitos –blanqueo, delitos fiscales y alzamiento de bienes-, pero añade que la Fiscalía Anticorrupción descarta el tercero de ellos. Apuntado esto, los jueces dicen que “existen datos suficientes como para que el denunciado hubiera podido incurrir en la supuesta comisión de tales infracciones penales, y en consecuencia, la razón de ser de la adopción de dicha medida o medidas cautelares es adecuada, razonable y ajustada a derecho”.
Sin embargo, el juez de instrucción dictó un auto el pasado 1 de julio en el que solo consideraba “perfilado”, por el momento, el fraude fiscal. Por otra parte, la directora de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), Margarita García-Valdecasas, evitó asumir el informe al que se refieren los magistrados y que dio origen al caso Rato, provocando su detención hace tres meses. García-Valdecasas, que firma el informe, intentó que fueran los dos funcionarios que redactaron el informe los que declararan ante el juez, a lo que éste hizo oídos sordos.
Rato declarará este miércoles como imputado. El exdirector del FMI está siendo investigado por cinco presuntos delitos fiscales, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales. La aportación de los 18 millones de fianza desbloquearía los fondos de Rato que decretó también el juez como medida cautelar.