La Audiencia de Madrid ha ordenado reabrir de nuevo, por tercera vez, el caso de los supuestos seguimientos a políticos del PP enfrentados con Esperanza Aguirre al considerar que hay indicios de un delito de malversación de caudales públicos por parte de los por cuatro funcionarios y asesores de la Comunidad acusados.
El auto de la Sección 16 de la Audiencia Provincial, fechado el pasado 1 de junio, estima un recurso interpuesto por la exdiputada socialista Maru Menéndez y otras personas contra el auto dictado el pasado 23 de febrero por el Juzgado de Instrucción 5 de Madrid, que suponía el sobreseimiento provisional del caso por tercera vez.
Así el auto de la juez de instrucción queda revocado y el trámite debe continuar “por los trámites legalmente previstos”, sin que quepa recurso.
Los magistrados consideran que, como ya sostuvieron en ocasiones anteriores, hay indicios de un posible delito de malversación de caudales públicos por parte de los funcionarios y guardias civiles Sergio Gamón Serrano, José Oreja Sánchez, José Luis Caro Vinagre, José Manuel Pinto y Antonio Coronado Martínez.
Están acusados de utilizar teléfonos y vehículos que tenían para desarrollar su cargo para espiar al exvicealcalde de Madrid Manuel Cobo y al exconsejero Alfredo Prada, entre otros políticos madrileños, en 2008 y 2009. Los seguimientos se realizaron en plena convulsión interna del PP tras la segunda derrota en las generales de Mariano Rajoy.
Los funcionarios dependían de Francisco Granados, entonces Consejero de Interior de la Comunidad de Madrid y hoy en prisión provisional como presunto cabecilla de la trama de corrupción desarticulada en la Operación Púnica. La jefa de Granados era la presidenta de la Comunidad entonces, Esperanza Aguirre.
En el auto, los magistrados de la Sección 16 explican que tanto la fiscalía como los imputados se opusieron al recurso, pero en su opinión sí debe prosperar porque en el último sobreseimiento “no se han concretado los indicios iniciales que la Audiencia puso de manifiesto”.
Además sostienen que se admitió la declaración como testigo de Yolanda Laviana, cuando ésta estaba casada con uno de los procesados, Sergio Gamón, cuando ocurrieron los hechos, y subrayan que la dificultad en la cuantificación del importe supuestamente malversado “no constituye obstáculo para que no pueda descartarse el grave perjuicio para la causa pública”.
El auto aclara que la decisión de que el proceso continúe no afecta a la presunción de inocencia de los imputados, ya que solo se trata de un pronunciamiento provisional en términos de indicios.