El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que instruye la causa Púnica, ha acordado el sobreseimiento provisional de las actuaciones contra Indra como persona jurídica en la pieza separada número nueve en contra del criterio que sostenía la Fiscalía Anticorrupción. En esa pieza se investiga la presunta financiación ilegal del PP de Madrid por medio del desvío de fondos de la Agencia de Informática y Comunicación (ICM) de la Comunidad de Madrid a través de dicha empresa.
En un auto con fecha de 23 de marzo, el magistrado acuerda esta medida al “no haber resultado la existencia de un incumplimiento grave de los deberes de control, vigilancia o supervisión por parte de la entidad, respecto de la actuación de su empleados y además, al haberse constatado la adopción y ejecución, antes de la comisión del delito, de un modelo eficaz de prevención supervisado por un órgano autónomo”.
Indra había solicitado previamente el sobreseimiento al entender que, una vez realizadas todas las diligencias necesarias y pertinentes, se había acreditado que las conductas presuntamente realizadas por algunos de sus profesionales no podían ser atribuidas a la persona jurídica en su conjunto, además de que la compañía contaba con un modelo de cumplimiento normativo eficazmente implementado.
Esta decisión de García-Castellón se produce en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que se había opuesto a la solicitud de sobreseimiento argumentando que no era el momento procesal oportuno, dado que restaban diligencias “importantes” por practicar.
En su auto, el magistrado considera que no procede la práctica de las diligencias solicitadas por el Ministerio Público y entiende que la investigación de esta pieza está “ya agotada”, tal y como le indicó, explica, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal en un auto del pasado 17 de febrero.
En ese auto la Sala rechazaba las diligencias que solicitaba Anticorrupción en el marco de la pieza nueve de Púnica y urgía a concluir la instrucción “que se prolonga ya en el tiempo desde principios del año 2014”.
“Este tribunal considera que tras una larguísima instrucción que se inició hace ya más de siete años, las diligencias que se interesan no debe demorar por más tiempo la conclusión de la que llaman pieza separada número nueve”, decía la Sala.
Sistema de cumplimiento eficaz
El instructor señala además en su resolución que de la documentación aportada hasta el momento se desprende que la mercantil Indra tenía implantado, al tiempo de producirse los hechos objeto de la presente pieza separada, un sistema de prevención y cumplimiento eficaz, sin que se haya aportado por el fiscal elementos de cargo que permitan concluir la existencia de un defecto estructural en el modelo de prevención, vigilancia y supervisión vigente en la sociedad.
“No se puede compartir la afirmación del Ministerio Público, cuando señala que la mera existencia de un programa de cumplimiento normativo únicamente es un indicio muy vago de la posible exoneración prevista en el Código Penal”, explica, para añadir que la circular de la Fiscalía General 1/2016 menciona la importancia de valorar la existencia de una “cultura de cumplimiento” implantada, como fundamento de la responsabilidad penal.
En este caso, continúa el magistrado, la documentación aportada permite constatar que los mecanismos de prevención normativos implantados en la empresa permitieron localizar, identificar y erradicar a los responsables de los hechos aparentemente delictivos.
Señala que la existencia de un sistema de cumplimiento normativo no puede medirse desde la exigencia de una “eficacia absoluta”, de suerte que su mera existencia impida la aparición de cualquier delito, sino desde la capacidad del ente corporativo de prevenir, y en su caso, reaccionar de forma eficaz frente a la comisión del delito.
En el presente caso, prosigue, la respuesta de Indra ante los hechos aparentemente delictivos “fue contundente, como se puede observar por la documentación presentada, realizando un análisis detallado de las causas que motivaron la actuación por los presuntos responsables, y procediendo a su despido”.
Y añade que puede concluirse que el programa implantado en el ente corporativo, conforme a una valoración del mismo “ex post facto”, funcionó, y que el sistema existente en la mercantil cuya implantación ya se reconoció en los autos 136/20 y 137/20 de 7 de mayo de 2020, era eficaz para cumplir el fin perseguido.
“Pero es que, además, agotada la fase de instrucción y practicadas todas las diligencias tendentes a concretar la presunta responsabilidad de la persona jurídica Indra, la acusación no ha aportado indicios que permitan colegir, con la seriedad que este momento procesal exige, la concurrencia de un incumplimiento grave de los deberes de supervisión por parte de la persona jurídica”, concluye el juez.
El estudio y valoración de los indicios aportados, añade, permite apreciar la existencia de conductas imputables a determinadas personas físicas, antiguos empleados de la entidad, que, pese a las medidas existentes en la corporación, y saltándose los mecanismos de prevención implantados, pudieron haber delinquido.
Ahora bien, finaliza, estos mismos indicios no permiten acreditar la concurrencia de todos los elementos que permiten fundamentar la responsabilidad penal de la persona jurídica Indra.
Cabe recordar que en el marco de esta misma pieza, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó el sobreseimiento de las actuaciones contra el expresidente de Indra Javier Monzón. La decisión de la Sala llegaba después de que García-Castellón acordara a mediados de enero el archivo para Monzón, y tras el recurso tanto de la Fiscalía Anticorrupción como de la acusación popular Adade.