La Audiencia Nacional ha condenado a 18 años de prisión al jubilado burgalés Pompeyo González que en 2022 fue detenido y procesado como autor del envío de cartas explosivas a varias instituciones, entre ellas al Palacio de la Moncloa, al Ministerio de Defensa, a la Embajada de Estados Unidos y a la Embajada de Ucrania.
En una sentencia, recogida por Europa Press, los magistrados condenan al jubilado a 10 años de prisión por el delito terrorismo y a 8 años por delito de fabricación, tenencia, colocación y empleo de aparatos explosivos, inflamables o incendiarios con finalidad terrorista.
La Fiscalía solicitaba para él la pena de 22 años por un delito de terrorismo con resultado de lesiones y un delito de fabricación, tenencia, colocación y empleo de aparatos explosivos, inflamables o incendiarios con finalidad terrorista. La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), por su parte, solicitaba 24 años de prisión.
El acusado, de 74 años, es un funcionario jubilado del Ayuntamiento de Vitoria que había trabajado como enterrador en el cementerio. Una de las bombas que envió Pompeyo explotó y causó heridas en una mano a un trabajador de la embajada de Ucrania, que estuvo 30 días de baja.
En un registro realizado en su casa se encontraron tornillos, varillas y taladros con brocas de precisión iguales a las que tenían que haber sido utilizadas para fabricar los artefactos. Pompeyo, además, poseía un dron con capacidad para transportar carga explosiva. Ante el juez de la Audiencia Nacional negó su participación en los hechos, que sin embargo está avalada, además de por los hallazgos, por la coincidencia del perfil de ADN hallado en los sobres de los artefactos que no estallaron y en la basura que los agentes estuvieron fotografiando y recogiendo varios días después de que Pompeyo la tirara.