El BBVA ha conseguido el objetivo de que la investigación del caso Villarejo deje de amplificar los daños a su reputación con la decisión de la Audiencia Nacional de no seguir adelante con la instrucción. La entidad sigue investigada, pero la Sala de lo Penal ha corregido la última prórroga dictada por el juez del caso, Manuel García Castellón, tal y como le había pedido el banco.
El primer efecto de la revocación del auto, por el que se prolongaba la instrucción hasta enero de 2024, es que la declaración como testigo del actual presidente de la entidad, Carlos Torres, queda sin efecto al haber sido acordada dentro del plazo de la prórroga anulada.
La decisión de la Sala de lo Penal, instancia superior al juez de instrucción, ha contrariado a la Fiscalía Anticorrupción. Los fiscales del caso han recurrido a una fórmula poco frecuente, y más viniendo del Ministerio Público, consistente en elevar un escrito denunciando la vulneración de la tutela judicial efectiva.
La pieza 9 de la causa Tándem (o Villarejo) está dedicada a investigar el supuesto encargo que hizo el BBVA a Cenyt, una de las empresas de comisario, para que espiara a empresarios, políticos y periodistas cuando estaba en activo. El instructor del caso, Manuel García Castellón, cifra en 10,2 millones los pagos bajo sospecha de la segunda entidad bancaria del país al comisario jubilado.
Esa pieza fue abierta en secreto en diciembre de 2018. Desde entonces, altos ejecutivos y exdirectivos han sido imputados, incluido Francisco González, anterior presidente de la entidad. El banco pasó a tener la condición de imputado, como persona jurídica, en julio de 2019. En diciembre de ese mismo año, el representante legal de la entidad, Adolfo Fraguas, reconoció en la Audiencia Nacional la existencia de pagos del BBVA a Cenyt hasta diciembre de 2017. Eso significa que Villarejo estuvo cobrando de la segunda entidad bancaria del país hasta en prisión –fue detenido un mes antes– y mucho tiempo después de que trascendiera su implicación en oscuros asuntos, incluida la posesión de un patrimonio millonario en paraísos fiscales.
La exculpación del Ibex
La pieza del BBVA es el último rastro del Ibex en el caso Villarejo, donde han estado imputadas, como personas jurídicas, Repsol e Iberdrola, al igual que sus consejeros delegados. Todas esas acusaciones han ido decayendo por decisión del juez instructor, Manuel García Castellón, y en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción. Luego, la Sala de lo Penal ha ido dando la razón al magistrado.
El criterio del juez ha sido cortar la responsabilidad en los directores de seguridad de las grandes empresas, en la mayoría de los casos antiguos compañeros de Villarejo en el Cuerpo Nacional de Policía que renunciaban al servicio público por unos contratos estratosféricos. Las grandes entidades defienden que solo podían recurrir a ellos como expertos en seguridad, pero en ámbitos policiales está asentada la idea de que un alto mando del Cuerpo resulta más de utilidad por los contactos que deja dentro que por su experiencia.
En el caso del BBVA está imputado Julio Corrochano, que había llegado a ser el máximo responsable de la Policía Judicial en España, esto es, al frente de todas las investigaciones de la Policía Nacional contra el crimen organizado, el narcotráfico o la corrupción. Los audios publicados sobre sus conversaciones con Villarejo denotan la amistad que ambos mantenían y cómo sus superiores en el banco conocían los trabajos que realizaba.
Así queda de manifiesto en un audio de Villarejo publicado por El Confidencial que, en parte debido al cierre de la instrucción ordenado por la Sala de lo Penal, no podrá ser incorporado a la causa. En la grabación, el director de seguridad, Corrochano, reprocha a Villarejo que haya incluido el “hostigamiento” dentro del plan presentado al banco para cobrar una deuda de Fernando Martín (Fadesa). “Hay un párrafo que les acojona un huevo, que habla de hostigamiento y no sé qué”, reprocha el director de Seguridad del BBVA a Villarejo.
La conversación alude al conocimiento que tienen los servicios jurídicos del BBVA del trabajo de Villarejo. “Les acojona un huevo de la hostia: 'Que cómo se puede escribir eso... Coño, si esto sale y que el BBVA está… (…) que es que estos son juristas (…) Que hay que saber a quién hay que escribir las cosas”, espeta Corrochano a Villarejo.
La Fiscalía Anticorrupción considera que “los hechos” han puesto de manifiesto que hay nuevas diligencias que resultan “pertinentes, útiles y necesarias” y que la decisión de la Sala de lo Penal supone “una limitación expresa del instructor para dirigir el procedimiento de investigación”.
Anulada la declaración del presidente del BBVA
Anticorrupción solicitó la declaración de Carlos Torres como testigo después de que María Jesús Arribas, directora de sus servicios jurídicos, se hubiera negado a declarar en su comparecencia como testigo. Había sido citada por su supuesto conocimiento sobre la contratación de Villarejo por parte de la entidad, pero defendió que le amparaba el derecho al secreto profesional porque es, a su vez, abogada de la entidad. Pero la opción de Torres fue solicitada y aceptada por el juez después del auto de prorroga de las actuaciones que ha anulado la Sala de lo Penal.
Ante el juez, Torres se desvinculó de los contratos que el banco firmó con el policía y afirmó que sólo tuvo conocimiento de los mismos a partir de “junio o julio” de 2018, a pesar de que las primeras informaciones en prensa aparecieron publicadas en mayo de ese año y de que era consejero delegado desde 2015. Reemplazó a Francisco González en la presidencia de la entidad en enero de 2019.
Otras diligencias consideradas clave por la Fiscalía no se llegaron a practicar. Es el caso de la respuesta del BBVA a la petición para que identifique a los providers officers (responsables de cumplimiento normativo del banco) desde la creación del puesto hasta 2018 y que estaban asignados a los delitos de cohecho, contra la intimidad y relacionados con la corrupción. También pedía el juzgado que el BBVA detallara las versiones que ha mantenido sobre ‘Atenciones especiales de Navidad’ dentro de su normativa entre 2004 y 2018.
La Fiscalía pidió que un representante legal del banco compareciera ante el secretario del juzgado para “dejar constancia de la decisión de la persona jurídica investigada con relación a su voluntad de colaboración”. Creen los fiscales que hay una “evidente contradicción” en el hecho de que el BBVA traslade “una voluntad colaborativa al tiempo que se acoge a su derecho a no declarar”, como ocurrió en el caso de su directora de Servicios Jurídicos.
Cabezas de turco
Tanto Corrochano como el ex director de Riesgos Antonio Béjar se sienten cabezas de turco de la investigación. Béjar fue el único despedido con motivo de la explosión del caso, indemnizado con 1,7 millones de euros. Ante el juzgado, su defensa ha presentado un escrito en el que expone comunicaciones internas que implican a más directivos en la contratación de Cenyt y que demuestran que los trabajos del comisario para BBVA permitieron recuperar activos para la entidad.
La incorporación de la grabación entre Corrochano y Villarejo fue solicitada por la defensa de Antonio Béjar, pero acordada por el juez ya en el periodo para el que la Sala de lo Penal anula la instrucción, por lo que el letrado del antiguo responsable de Riesgos del BBVA alega indefensión y se suma a las tesis de Anticorrupción cuando ésta denuncia vulneración de la tutela judicial efectiva.