La Audiencia Nacional deja de investigar al hijo de Obiang por secuestrar opositores y envía el caso a Guinea Ecuatorial

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado ceder a Guinea Ecuatorial la jurisdicción para investigar el presunto secuestro y desaparición de cuatro opositores a ese régimen dictatorial, según ha adelantado El País y confirmado elDiario.es. La causa se dirigía contra el círculo de seguridad del presidente Teodoro Obiang: Carmelo Ovono Obiang, uno de sus hijos y secretario de Estado de seguridad exterior; Nicolás Obama Nchama, ministro de Estado y responsable de la seguridad interior; e Isaac Ngema Endo, director general de la Seguridad Presidencial. 

En un auto, Pedraz explica que se ha recibido una comisión rogatoria de las autoridades de Guinea en la que se pide la cesión de la jurisdicción a la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia de aquel país al haberse abierto un procedimiento por los mismos hechos y contra las mismas personas que en España. Y afirma que “no puede poner en duda” que el procedimiento abierto en ese país “adolezca de falta de parcialidad o sea meramente instrumental”. 

Para el juez, a la vista de la comisión rogatoria y de los hechos imputados (calificados como secuestro con finalidad terrorista en relación con delitos contra la libertad) “concurren los requisitos para que no puedan perseguirse los delitos investigados en España y con ello acceder a la cesión de jurisdicción”. Con los obrantes en la solicitud de cesión de jurisdicción enviados por Guinea “este instructor no puede poner en duda que se trate de otros hechos o que el procedimiento adolezca de falta de parcialidad o sea meramente instrumental”, asegura. Y añade que “no hay porqué dudar” de que se iniciara esa causa ni de que el proceso se siga “con las debidas garantías reconocidos por el Derecho Internacional”. 

De lo actuado, indica Pedraz, no hay base para concluir, siquiera indiciariamente, que haya hechos cometidos en España de forma que la actividad criminal se hubiera desarrollado al menos parcialmente en nuestro país. A falta de otras diligencias, afirma que solo consta que fueron secuestrados en Sudán del Sur y trasladados a Guinea Ecuatorial. Además, afirma que no está acreditado que los opositores fueran previamente investigados (con vigilancias o seguimientos en España) y luego convencidos para que se desplazaran a Sudán, donde fueron secuestrados. 

No obstante, recuerda que existe una cláusula de salvaguarda para que el juez sí pueda perseguir los delitos en España cuando el Estado que ejerza su jurisdicción no esté dispuesto a llevar a cabo la investigación o no pueda realmente hacerlo. Es una cláusula que, en todo caso, se debería poner en marcha elevando exposición razonada al Tribunal Supremo una vez comprobado que no se han investigados los hechos en aquel Estado.