La Audiencia Nacional ha rechazado investigar el caso de las mujeres afectadas por el anticonceptivo Essure, comercializado por la empresa Bayern. Un grupo de ellas presentó una querella por un delito de lesiones y estafa, pero el tribunal ha dictado un auto en el que archiva las actuaciones porque afirma no es competente para investigar. Los abogados de la Asociación Española de Afectados por Essure han presentado un recurso contra esa decisión.
La querella se presentó el pasado dos de julio ante el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional. Es el segundo caso que se presenta ante este tribunal, donde ya se abrió la vía del contencioso administrativo por una paciente afectada. El caso no ha avanzado desde hace meses.
En el escrito presentado ante la Audiencia Nacional recorre los inicios de la comercialización de Essure en España, un método anticonceptivo irreversible que se vendió como alternativa a la ligadura de trompas. Consistía en implantar unos sencillos muelles en las trompas de falopio para provocar una fibrosis que las obstruyese. El problema es que al cabo de unos años, miles de mujeres empezaron a sufrir efectos secundarios de los que no habían sido advertidas.
Las afectadas experimentaron sangrados, dolores, infecciones o incluso desplazamiento del muelles provocando perforaciones internas. A muchas hubo que intervenirlas quirúrgicamente para retirarles el Essure y a algunas tuvieron que practicarles una histerectomía, la retirada completa del útero. En España, la asociación que agrupa a una treintena de ellas presentó una querella hace mes y medio.
El caso recayó en el juzgado número 6, el de la magistrada Carmen Lamela. El pasado 12 de julio dictó un auto en el que señalaba que los hechos descritos en la querella presentaban “características que hace presumir la posible existencia de una infracción penal”. Dio entonces traslado a la Fiscalía para que se pronunciase
El Ministerio Fiscal ya se ha pronunciado y lo ha hecho para pedir que se inadmita la querella por falta de competencia. La jueza Lamela dictó el pasado 1 de agosto un nuevo auto en el que recoge la posición de la Fiscalía y se pronuncia en los mismos términos: la Audiencia Nacional no es el tribunal indicado para investigar este caso.
Ni organización criminal, ni fuera de España
Lamela indica en su auto, al que ha tenido acceso eldiario.es, que la Audiencia Nacional es competente para investigar delitos de “tráfico de drogas o estupefacientes, fraudes alimentarios y de sustancias farmacéuticas o medicinales, siempre que sean cometidos por bandas o grupos organizados y produzcan efectos en lugares pertenecientes a distintas Audiencias”.
Añade que el tribunal también puede hacerse cargo de “delitos cometidos fuera del territorio nacional, cuando conforme a las leyes y a los tratados corresponda su enjuiciamiento a los Tribunales españoles”. Sin embargo, para la jueza no se dan ninguno de esos dos requisitos en la querella presentada por las afectadas por Essure.
“No se describe la existencia de una organización criminal, ya que no podría entenderse por tal las cuatro personas jurídicas querelladas, una de ellas una agencia estatal adscrita al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad”, sostiene Lamela.
Los querellados son responsables de la matriz de Bayer y de su filial en España, así como cargos de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, a quienes las denunciantes acusan de haber promocionado Essure sin haber advertido correctamente de sus efectos secundarios. La querella también se dirige contra responsables de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, adscrita al Ministerio de Sanidad.
La jueza descarta que todos ellos pudiesen formar una “organización criminal” y añade que el relato de hechos descrito en la querella circunscribe la comisión de los posibles delitos a España. “Las menciones a la utilización de los dispositivos Essure en otros países afectan a mujeres que residen en los mismos y no se deduce tampoco de la querella que los hechos cometidos en tales países hayan afectado a mujeres en España”, escribe Lamela.
Así, la jueza se apoya en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para concluir que “debe inadmitirse la querella, al no ser este Juzgado competente para conocer de la misma”, y por tanto procede el archivo de las actuaciones. Contra el auto cabe recurso, que los abogados de las mujeres afectadas ya han presentado a través del Bufete Almodóvar & Jara.
La filial de Bayer está controlada desde Alemania
En el escrito, señalan que el auto solo menciona el delito de lesiones y obvia el de estafa. Añaden también que las afectadas que han presentado la querella solo se encuentran en España, pero en diferentes parte del territorio. “Es decir, el presunto delito de lesiones se produce en varias Audiencias Provinciales, por lo que procede inhibir las actuaciones al Juzgado Central de Instrucción que por turno corresponde”, apuntan.
De hecho, citan como ejemplo la investigación sobre el fármaco Agreal, un medicamento contra los efectos de la menopausia. El juzgado de Valencia en el que se inició el caso ese inhibió en favor de la Audiencia Nacional, que abrió diligencias a principios de este año. También señalan que los delitos pueden trascender nuestras fronteras, con lo que sería competente la Audiencia Nacional.
“Podemos presumir que algún delito pudo haberse cometido en Estados Unidos o Alemania, sedes centrales del laboratorio farmacéutico productor y comercializador del producto Essure”, sostiene la defensa de las afectadas, que recuerda que la filial de Bayer en España está controlada desde Alemania, y que es la matriz la responsable “de la cadena de transmisión de la información del producto Essure”.
“En casos parecidos, donde la Audiencia Nacional abre diligencias por delitos de lesiones producidos por un fármaco o producto sanitarios, donde se investiga la cadena de información, que, presumiblemente tiene como fuente un país distinto al español, la Audiencia Nacional asume la competencia de este tipo de casos”, resume el escrito. El recurso ya esta presentado, ahora las mujeres afectadas por el anticonceptivo tendrán que esperar a que el tribunal lo acepte e inicie la investigación o archive su querella.