La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dado la razón a la Fiscalía Anticorrupción en su petición de reabrir la investigación de un amaño con suelo público en Valdemoro, investigado en el marco del caso Púnica, que el juez instructor, Manuel García Castellón, había decidido archivar. En las pesquisas confluyen, entre otros, el principal acusado, Francisco Granados, dos empresarios de su entorno presuntamente criminal y El Corte Inglés, sociedad que en este caso también se habría beneficiado de la corrupción en el municipio madrileño.
Los jueces de la Sección Cuarta consideran “precipitada” la decisión de García Castellón de archivar la causa contra Faustino José Atencia, en el momento de los hechos asesor legal de El Corte Inglés. Recuerdan los magistrados, en un auto al que ha tenido acceso elDiario.es, que aún resta por conocer un informe pericial con la valoración del suelo con el que se lucraron los investigados. Además, señala la Sala, la investigación debe esclarecer algunas cuestiones sobre los que el juez “guarda silencio” en el auto de archivo.
Con Francisco Granados como alcalde de Valdemoro, el Ayuntamiento de la localidad procedió a permutar unos terrenos con El Corte Inglés. Por una parte, una zona conocida como La Peluquera pasaría a la empresa entonces presidida por Isidoro Álvarez y, en contraprestación, otros terrenos, en Majuelo Norte, serían cedidos en parte al Consistorio y en parte a una sociedad llamada Obras y Vías, propiedad del empresario investigado en Púnica Ramiro Cid Sicluna. Con posterioridad a la permuta, el Ayuntamiento recalificó los terrenos entregados a los grandes almacenes, pasando de suelo rústico a industrial, mientras que la zona que la empresa había entregado al Ayuntamiento y al empresario próximo a Granados pasaría a urbanizable. La Fiscalía Anticorrupción remarca el perjuicio para las arcas públicas de Valdemoro que supuso la operación. Un portavoz de El Corte Inglés ha declinado hacer una valoración al estar el asunto en los tribunales.
En el centro de la trama estaría el asesor jurídico de El Corte Inglés Faustino José Soriano Atencia, quien “habría colaborado en los ardides diseñados” por el resto de investigados para que la trama Púnica se hiciese con los terrenos de la empresa de grandes almacenes que luego serían recalificados para construir viviendas. Soriano Atencia presidió la Junta de Compensación de la zona y posteriormente adquirió una vivienda edificada allí por el empresario Javier Cid Sicluna, hermano del dueño de Obras y Vías, “por un valor por debajo de mercado”, según concluye la Fiscalía Anticorrupción. El archivo de la causa de García Castellón también afectaba a Javier Cid Sicluna, quien presidía la citada Junta de Compensación.
El magistrado, según los jueces de la segunda instancia, archiva las actuaciones sin hacer “valoración alguna” de la insuficiencia de indicios que él mismo atribuye a la investigación de la Fiscalía Anticorrupción. “Nada se dice de la participación de ambos investigados en la Junta de Compensación de uno de los sectores donde fueron más evidentes los amaños urbanísticos”, añade el auto de la Sección Cuarta. “Un principio de prudencia aconseja esperar a adoptar una decisión como la que nos ocupa, en una causa extremadamente compleja como ésta, cuando menos a la finalización de la fase de instrucción, máxime cuando no se adoptó inicialmente”, añaden los magistrados.
La resolución de la Sala de lo Penal corrigiendo a García Castellón es el último episodio en el que intervienen los magistrados por las graves desavenencias entre el juez instructor y el Ministerio Fiscal. La Sala de lo Penal ya corrigió a García-Castellón en esta misma pieza 4 del caso Púnica al pretender archivar la investigación de los amaños previos a la aprobación en 2004 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valdemoro por considerar los hechos prescritos. La Fiscalía alertó de que el plazo de la prescripción no empezó a contar en el momento que se produjo el amaño sino cuando arrancó la investigación.
García Castellón, profesor en una fundación de El Corte Inglés
Tras aquello, las acusaciones populares que ejercen en Púnica el PSOE y Adade solicitaron a Manuel García Castellón que se abstuviera en la pieza que afecta a El Corte Inglés por su condición de profesor en la fundación Ramón Areces, creada por los grandes almacenes. García Castellón desestimó la petición porque “no hay conflicto de interés alguno” y el Consejo General del Poder Judicial autorizó que impartiera esas clases.
El choque entre el juez y los fiscales del caso llega al punto de que estos últimos pretendían también que la Sección Cuarta resolviese sobre una presunta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva cometido por el juez. Anticorrupción acusa a García Castellón de estar archivando la causa contra investigados en Púnica de forma precipitada, antes de que los fiscales puedan presentar sus conclusiones en el escrito de acusación. “Nuestro derecho a obtener la tutela judicial efectiva se ve continuamente vulnerado”, escribieron los fiscales Carmen García Cerdá, Teresa Gálvez y Alejandro Cabaleiro en su recurso. La Sala de lo Penal, sin embargo, resuelve en el mismo auto que las decisiones del juez recurridas por los fiscales no incurren en vulneración del citado derecho, por mucho que puedan ser corregidas en esa segunda instancia.
Una de las discrepancias más llamativas en tal sentido fue el archivo de la causa contra el expresidente de Indra Javier Monzón en la pieza de Púnica que investiga la financiación irregular del PP madrileño. En aquel caso, la Sala de lo Penal refrendó la decisión de García Castellón de archivar la causa contra el entonces presidente ejecutivo de Prisa. Por su parte, el magistrado viene denunciando en sus autos una “dilación innecesaria” de las investigaciones en un caso cuya pieza principal se abrió hace siete años.