El choque entre el juez Manuel García Castellón y la Fiscalía Anticorrupción dentro del caso Púnica se encona en el último tramo de la investigación. Los fiscales del caso han recurrido la negativa del juez a nuevas solicitudes de imputación en la pieza de la caja B del PP de Madrid en un duro escrito en el que reprochan a García Castellón que les conmine a no dilatar más la instrucción en un momento en el que acaba de facilitarles el acceso a voluminosa documentación incautada hace más de tres años.
El juez acusó a la Fiscalía en un auto del pasado 11 de junio de emprender una “vía oblicua” en la investigación y de favorecer una prolongación innecesaria de las pesquisas a través de un “goteo en la solicitud de diligencias esparciéndolas en el tiempo, sin ningún tipo de justificación razonable, cuando las mismas se pueden interesar de forma concentrada”.
Ahora, en un escrito al que ha tenido acceso elDiario.es, la Fiscalía Anticorrupción recurre a la Sala a través del juez y recuerda a este que “el derecho de todo imputado a ser enjuiciado en un plazo razonable no puede convertirse en el derecho de todo delincuente a ser descubierto e indagado con prontitud”, tal y como establece una reciente sentencia del Tribunal Supremo que cita.
En este sentido, los fiscales María Teresa Gálvez, Carmen García Cerdá y Alejandro Cabaleiro destacan que García Castellón ordenó darles traslado de “informaciones e indicios” obtenidos hace cuatro años en entradas y registros de la Operación Lezo –sobre la corrupción en el Canal de Isabel II– que afecta a la caja B del PP de Madrid y que esa entrega “todavía no se ha materializado” por completo. Una “lectura inicial” de los primeros materiales recibidos ha permitido a los fiscales comprobar la “fortaleza” de los indicios que llevaron a abrir la pieza de la financiación irregular del PP madrileño, añaden.
La línea de investigación que ha provocado este último enfrentamiento entre fiscales y magistrados es la presunta financiación del PP regional a través de la empresa pública de informática ICM con el concierto de directivos de Indra, en una trama que necesitó de varias sociedades instrumentales. Los fiscales consideran que hay indicios sobrados de que se inflaron facturas por trabajos inexistentes, tal y como ha reconocido en un juzgado de Madrid la propia Indra y apuntan en sus informes incorporados a la causa los técnicos del Ministerio de Hacienda.
En consecuencia, Anticorrupción solicita a la Sala de lo Penal que obligue al juez a tomar declaración como investigados de dos directivos de Indra por su participación en la autorización de las facturas presuntamente infladas, Tomás Contreras y José Antonio Macho; igualmente a Óscar Lorenzo Canales, exdirector de Administraciones Públicas en la empresa y a otro directivo, Francisco Javier Salorio; así como a los responsables de Lata Latina, la empresa sospechosa de hacer de puente con el PP, Jaime Cantos Ruiz, Juan Carlos Jañez Ramos y Marta Amezarri Galán; y que se llame como testigos a dos directivos de la pública ICM. En esta pieza 9 está imputada la propia Esperanza Aguirre.
Los fiscales consideran “un contrasentido” que el juez les haga entrega del material que afectaría a los nuevos investigados y que al tiempo el juez se niegue a citarlos. Muestran igualmente “perplejidad” ante el hecho de que considere no suficientemente fundamentada su tesis de la trama de facturas infladas cuando ésta sustentó autos del instructor en los años 2014, 2016 y 2019.
Los vericuetos de los fiscales, según el juez
El juez se había opuesto en primera instancia a todo ello por considerar esas diligencias fruto de la documentación que los fiscales tienen desde 2017, porque solo justifican la imputación por los cargos que todos ellos ostentaban en las distintas empresas y alegando que siempre podrán declarar en fase de juicio oral. Además, en el auto del 11 de junio, García-Castellón exponía que no hay indicios de facturación inflada, tan solo de que Indra prestaba el mismo servicio a dos administraciones distintas, Comunidad y Gobierno central, y mucho menos que fondos públicos fueran destinadas a “empresas del entorno del Partido Popular”.
“Se constata que la citación de los investigados resulta innecesaria e inútil, en la media en la que se asienta sobre unos presupuestos que ya han sido descartados por este instructor y confirmados por la Sala de lo Penal, pudiendo constatar que la solicitud atiende, en esencia, a una suerte de vía oblicua para introducir unos hechos que quedaron fuera del procedimiento”, escribió el juez.
Efectivamente, la Sala de lo Penal rechazó en febrero pasado unas solicitadas por la Fiscalía con una advertencia: “Este tribunal considera que tras una larguísima instrucción, que se inició hace ya más de 7 años, las diligencias que se interesan no debe demorar por más tiempo la conclusión de la que se llama pieza separada número 9”. Anticorrupción se queja de que tanto el juez instructor como la instancia superior de la Sala de lo Penal mezclen fechas y hablen de una instrucción de siete años, tomando como inicio la apertura de la causa Púnica, y el momento en el que se abrió la pieza 9 sobre la financiación irregular de PP de Madrid, lo que ocurrió en 2017.
La pieza de financiación irregular del PP de Madrid lleva provocando desencuentros entre Anticorrupción, de un lado, y el juez y la Sala de lo Penal por otro desde hace varios meses. Los más relevantes han tenido que ver con el archivo de la causa contra, primero Javier Monzón, expresidente de Indra cuando todavía era presidente ejecutivo de Prisa, y después de la propia compañía de telecomunicaciones como persona jurídica.
Primero García Castellón, y luego los jueces de la Sección Cuarta, resolvieron que Monzón no era responsable de lo que hiciera la empresa que presidía y que tan solo tenía que cumplir los estatutos. Estos, por otra parte, no obligarían a Monzón sino al consejo de administración a velar por el correcto funcionamiento de la entidad. Los fiscales alegaban que “no se infiere ni de los estatutos ni de la forma en que la percibían sus altos directivos” que Monzón no tuviera esas atribuciones.
El argumento de García Castellón con la propia Indra fue que no se habían encontrado indicios de “no haber resultado la existencia de un incumplimiento grave de los deberes de control, vigilancia o supervisión por parte de la entidad, respecto de la actuación de sus empleados”, así como que había podido constatar “la adopción y ejecución, antes de la comisión del delito, de un modelo eficaz de prevención supervisado por un órgano autónomo”.
La Sala de lo Penal también archivó las actuaciones en esta pieza de la caja B del PP contra el fundador de OHL, Juan Miguel Villar Mir, con el argumento de que no ostentaba cargo ejecutivo alguno cuando se produjeron las presuntas entregas de dinero negro para financiar campañas electorales del PP de Madrid en 2007 y 2011. En este caso, el juez García-Castellón y Anticorrupción estaban de acuerdo en la consistencia de los indicios contra el constructor.