La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado al juez Manuel García Castellón seguir investigando la posible implicación de superiores policiales de José Manuel Villarejo en el denominado 'caso Dina', la revelación de datos personales alojados en el teléfono móvil sustraído a la ex colaboradora de Pablo Iglesias. García Castellón ordenó el cierre de la instrucción justo después de recibir un informe policial que descartaba la posibilidad de vincular con los delitos investigados al ex vicepresidente segundo del Gobierno y pese a que el propio Villarejo había declarado que entregó copia del teléfono al director adjunto operativo Eugenio Pino, que no figura investigado en esta pieza.
Los jueces de la Sección Tercera vuelven a corregir al instructor y ordenan a García Castellón prorrogar dos meses la instrucción para que la Dirección Adjunta Operativa de la Policía informe “si existe en sus archivos una nota informativa de José Manuel Villarejo Pérez, acompañada de un pendrive, con archivos procedentes de la tarjeta del terminal telefónico de Dina Bousselham”. La Sala de lo Penal estima así el recurso interpuesto por la representación legal de Podemos, al que se adhirieron parcialmente los dos periodistas investigados en la pieza.
Los jueces de la instancia superior a García Castellón consideran procedente que se siga investigando si alguien más participó en el delito de revelación de secretos, en este caso de la cúpula policial durante la primera legislatura de Mariano Rajoy. “Se trata de datos de carácter personal, que han podido ser objeto de conductas delictivas de injerencia o revelación”, añade el auto de la Sección Tercera, al que ha tenido acceso elDiario.es. Villarejo estaba destinado en la Dirección Adjunta Operativa cuando se produjeron los hechos.
Añaden en otro auto los magistrados que el propio Eugenio Pino “no excluyó” que funcionarios a su cargo hubieran recibido información procedente del teléfono de Dina Bousselham, si bien aseguró que él no fue la persona que en cualquier caso los habría recogido.
Por otra parte, los jueces descartan la intención de Podemos de que se investiguen las maniobras policiales contra el partido político porque, dicen, “no es esta la sede procesal adecuada”. En este sentido, la Sala de lo Penal rechaza testificales y otras solicitudes de información solicitadas por los recurrentes. Los periodistas imputados defienden que entregaron la tarjeta a Villarejo atendiendo a un requerimiento del comisario en el marco de las funciones policiales de éste.