La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado el procesamiento del PP, su tesorera Carmen Navarro, el informático José Manuel Moreno y el abogado de la formación Alberto Durán, por la destrucción de los discos duros de los ordenadores que el extesorero Luis Bárcenas empleaba en la sede del partido en la calle Génova de Madrid.
En un auto con fecha del pasado 3 de noviembre, la Sección ha desestimados los recursos presentados por el Ministerio Público y por los acusados contra el auto del pasado 26 de julio en el que la juez instructora Rosa María Freire concluía la instrucción y veía claros indicios de su participación en el caso conocido como los 'ordenadores de Bárcenas'.
Tras analizar las pretensiones de los recurrentes que piden la nulidad de la causa por la falta de elementos precisos para que ésta siga adelante, los magistrados creen que hay indicios suficientes para considerar que los acusados han cometido presuntamente un delito de daños informáticos y de encubrimiento.
La Fiscalía asegura que no existen “indicios relativos a ciertos extremos esenciales”, en concreto la existencia de datos relevantes en los ordenadores del extesorero cuyo contenido fue borrado, para imputarle estos delitos y sostiene que la única versión sobre estos hechos es la del propio Bárcenas, que la considera “inverosímil y contradictoria”.
Por su parte, el PP señala en su recurso que no se dan los presupuestos que establece el artículo 31 bis del Código Penal para considerarle como responsable como persona jurídica y solicita la práctica de nuevas diligencias.
Se determinará la propiedad de los datos eliminados
Los magistrados Mario Pestaña, José Joaquín Hervas y Jacobo Vigil explican en su auto que el objeto de este procedimiento no es “determinar la propiedad del soporte (ordenadores), sino de los datos”. Recuerda que, aunque un equipo -de la marca Toshiba- fuera propiedad de la formación política, el otro -un Apple MacBook-, fue adquirido por Bárcenas.
En este sentido, destaca que Bárcenas -que retiró su acusación en septiembre de 2016- fue exonerado de cualquier responsabilidad en esta causa por el hecho de no “haberse acreditado ni la fuerza típica, ni la intención de los investigados de sustraer bienes ajenos”, y no por la titularidad de los equipos.
Por otro lado, el auto, de 19 páginas, se centra en los acusados y al contestar uno por uno a las alegaciones que hacen los recurrentes, apostilla por qué tienen que ser juzgados. En este sentido, sobre el PP, dice que cuando el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional solicitó como prueba la aportación de los datos almacenados en dichos ordenadores, fue “imposible” entregar esos archivos.
“Se impidió así con el borrado de los datos la realización de una diligencia considerada relevante en una causa criminal de indudable trascendencia”, recalca la exposición razonada de la Sección Cuarta de la Audiencia de Madrid. También incide en que el se cometió un “daño” a los documentos personales, como fotografías y archivos de música, del extesorero 'popular' con el borrado de los discos duros.
En cuanto a la actual tesorera del partido, Carmen Navarro, afirma que el cargo que ocupa le sitúa como la persona “inmediatamente superior” en la jerarquía de la organización a José Moreno Alarcón, que fue quien efectuó “físicamente” el borrado de los ordenadores. “Entre sus responsabilidades estaba precisamente la de gestionar que se hacía con estos equipos, tanto es así que se preocupó de pedir información al señor (Alberto) Durán cuando el señor Bárcenas reclamó los equipos y que el señor Durán se la dio cuando llegó el requerimiento de la Audiencia Nacional para su entrega”, añade.
Protocolo para el borrado de ordenadores
Sobre el abogado -a quien en un inicio la magistrada instructora confundió con la defensa del exsecretario de Organización del PP en Galicia Pablo Crespo en la trama Gürtel, Miguel Durán- enfatizan que su presunta responsabilidad en esta causa es por su condición del director de los Servicios Jurídicos del PP desde 2010. Por este cargo, los jueces aseguran que conocía la reclamación de los ordenadores por Bárcenas y sus denuncias sobre la titularidad de los documentos eliminados.
Asimismo, el auto recuerda que, aunque el informático que procedió al borrado de los discos duros, José Moreno, comprobó si en los mismos había datos siguiendo un “Protocolo de Borrado Seguro”, el cual dice que si existe en el equipo información personal se avisará al particular, la Audiencia Provincial duda de si existe y cuál es la “intención perseguida por los investigados”.
Es más, indica que hay una “cierta contradicción” entre Navarro, Durán y Moreno en sus declaraciones relativas a este protocolo pues otro de los investigados, Javier Barrero, dijo que éste no existía. Según la juez instructora el borrado del contenido de los equipos informáticos que utilizaba Bárcenas se hicieron para “impedir que los datos importantes relativos a la contabilidad paralela y otros extremos que el extesorero guardaba en los ordenadores portátiles”.
Este auto de confirmación del procesamiento del PP, la tesorera de la formación política y de su director de Servicios Jurídicos da la razón a las acusaciones populares Izquierda Unida, el Observatori DESC y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), que han persistido en que el procedimiento siga adelante, en contra del criterio de la Fiscalía de Madrid.