La jueza Rosa María Freire adoptará las últimas decisiones de la instrucción del caso conocido como ‘Ordenadores de Bárcenas’, que investiga la presunta destrucción de pruebas de la financiación irregular del Partido Popular mediante el borrado de los discos duros que el extesorero guardaba en la sede de Génova. La Audiencia de Madrid ha resuelto que no hay motivos para apartar a la magistrada Freire del caso, como planteó el PP bajo la acusación de ser una persona próxima al PSOE.
“Ninguna de las circunstancias alegadas, por sí solas ni en conjunto, proyecta desde un punto de vista objetivo y aséptico, la impresión de pérdida de imparcialidad de la Magistrada recusada que tuviese como consecuencia el apartarla del ejercicio de su función constitucional en el caso concreto”, asegura el auto de la Sección 23 de la Audiencia de Madrid, al que ha tenido acceso eldiario.es.
El Partido Popular adoptó una nueva estrategia en el caso después de que la juez Freire dictara auto de pase a procedimiento abreviado, el equivalente al procesamiento para delitos de menos de nueve años, contra la propia formación de Mariano Rajoy, su tesorera actual, el jefe de informática y el responsable jurídico. El PP planteó entonces un incidente de recusación para intentar apartar a la jueza que le mostraba el camino del banquillo.
El caso de los ordenadores de Bárcenas convirtió al PP en el primer partido imputado y después procesado de la historia de España, gracias a la reforma legal de 2012 que permite acusar a los partidos de distintos delitos, entre ellos el informático, uno de los dos que investiga Freire, junto al de encubrimiento. Con la recusación de la magistrada, presentada mientras se decidía la investidura de Mariano Rajoy, su partido ha conseguido dilatar la causa nueve meses.
Entretanto se ha encargado de la causa Carmen Valcarce, la jueza que empantanó el caso del espionaje en el PP de Madrid durante siete años y que lanzó elogios a Francisco Granados en el pasillo de los juzgados de Plaza de Castilla cuando fue a declarar como testigo. Valcarce no ha tomado ninguna decisión en los nueve meses que ha tardado en resolverse el incidente de recusación.
La jueza Freire deberá resolver ahora los recursos contra el auto de pase a procedimiento abreviado presentados por el PP; su tesorera, Carmen Navarro; su director jurídico, Alberto Durán; y el informático, José Manuel Moreno. En el caso de que los rechace, la decisión última corresponderá a la Audiencia Provincial.
Otra jueza archivó el caso y la Audiencia reabrió
Por su parte, la Fiscalía considera que no hay caso y ha pedido archivarlo en varias ocasiones, como llegó a acordar la sustituta temporal de Freire, Esperanza Collazos. La Sección Cuarta de la Audiencia de Madrid, sin embargo, corrigió a Collazos en enero de 2016 y le reprochó haber archivado “sin practicar diligencia de investigación alguna” y sin preocuparse de saber quién ordenó destruir los discos duros en los que Bárcenas asegura guardaba documentación clave sobre la caja B del PP.
Los abogados del Partido Popular expusieron que Freire había sido propuesta para un puesto en la Audiencia Nacional, que finalmente no obtuvo, por el vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Álvaro Iglesias, del PSOE. También alegaron que había coincidido con éste en varios cursos académicos de la especialidad de Freire, así como que fue convocada por los socialistas a una comisión del Congreso sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que impuso los plazos de prescripción. Igualmente que durante la misma criticó la reforma impulsada por el Grupo Popular, por otra parte, como hicieron todas las asociaciones de jueces, sin distinción ideológica.
El escrito del PP citaba para todo ello una información de okdiario.com que, a su vez, citaba como fuente al partido de Rajoy. También aludía como fuente de información “una tertulia televisiva” donde, se da la circunstancia, que los datos los proporcionó Eduardo Inda, director del anterior medio digital aludido.
La propia Freire respondió en un auto en el que consideraba extemporáneo el incidente de recusación, criticaba que se fundamentara en “un tertuliano habitual” y deslizaba una acusación de machismo al PP por el modo en el que la vinculaba al PSOE y, en concreto, a Álvaro Cuesta, con el que decía que no tenía ninguna relación, ni “evidente”, ni “profunda”, parafraseando a la defensa del PP.
“Desconozco si esto significa a ojos del recusante que soy extraordinariamente inteligente o que, por el contrario, soy un instrumento en manos de mentes privilegiadas, seguramente masculinas”, escribe la jueza. Este comentario incluido en el auto fue utilizado por el PP para recusar por segunda vez a la jueza, que en esta ocasión sí tramitó el incidente.
Los argumentos contra la recusación
Ahora, la Sección 23 de la Audiencia de Madrid dice, sobre la propuesta de Cuesta para que Freire ocupara un puesto en la Audiencia Nacional, que en ningún caso elevar un nombre para una plaza en comisión de servicios de forma temporal puede implicar “una contaminación política sobre él o la aspirante”. Que Cuesta sea vocal a propuesta del PSOE y que eso inhabilitara a Freire por ser su candidata añaden los magistrados, “supondría en la práctica la puesta en cuestión del sistema de gobierno judicial con unas consecuencias que lo harían inviable”.
En cuanto a su coincidencia en cuatro cursos, la Audiencia de Madrid detalla en su resolución cuáles son y dice que así se comprueba que la participación en los mismos de Freire tiene “incuestionable relación con su estudio del ámbito de la mediación penal”.
Sobre su comparecencia en el Congreso de los Diputados, dicen los jueces que fue “una lectura técnica de determinados aspectos de la norma entonces en proceso de elaboración, que no puede apartarla ahora del conocimiento de un asunto en el que se ve involucrado uno de los partidos políticos con presencia parlamentaria”.
La titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, Rosa María Freire, considera que el PP es responsable indiciario del borrado de los discos duros que había utilizado Bárcenas de la siguiente forma: “Por no haber establecido un modelo de organización y gestión adecuado para impedir la comisión de este delito, toda vez que todavía en fechas actuales no existe un inventario de los elementos informáticos existentes en su sede”.
Y añade la magistrada en el auto de procesamiento: “Se funciona con la presunción de que lo que hay en su interior es del Partido, no existe un protocolo interno de seguridad pues como tal, no puede considerarse, de forma seria y rigurosa, el simple folio que contiene un denominado procedimiento de borrado seguro”, que, además, no era conocido por nadie dentro de Génova, concluye la jueza.