Dicha empresa tiene adjudicado uno de los lotes del contrato para la seguridad privada en los centros penitenciarios, concretamente en las siete prisiones de Madrid, seis de Castilla la Mancha y la de Cáceres, ha indicado AUGC en un comunicado.
Asimismo, ha recordado que anteriormente Ombuds llegó a acumular hasta tres de los cuatro lotes contratados, que suponían el 78 por ciento del presupuesto total, “a pesar de que el propio Gobierno había anunciado que cada lote se adjudicaría a una empresa diferente”.
“Desde que se inició en 2013 el proceso privatizador de la seguridad pública penitenciaria, AUGC lleva años advirtiendo que más tarde o más temprano se producirían situaciones anómalas y preocupantes”, ha apuntado la asociación, para señalar que “el impago de nóminas y la incertidumbre por sus puestos de trabajo está generando una gran preocupación entre los empleados de Ombuds, algunos de los cuales han sufrido bajas médicas en las últimas semanas”.
Así, ha asegurado que “la situación está dando lugar a que la mayor parte de estos trabajadores no estén realizando las horas extraordinarias que venían prestando anteriormente, lo que origina que en algunos de los centros penitenciarios afectados no se estén cubriendo todos los puestos de trabajo y consecuentemente se podría estar provocando un incumplimiento del contrato”.
AUGC sostiene que “la solución pasa por la rescisión del contrato” y “realizar una nueva licitación”, al tiempo que propone que “una parte del personal en situación de reserva se reincorpore en virtud del acuerdo para la equiparación salarial, y sea destinado a esos cometidos que ahora acaparan las empresas de seguridad privada, lo cual sin duda supondrá un considerable ahorro para las arcas públicas”.