Tres informes elaborados por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y un escrito del magistrado que instruye el sumario Púnica, Eloy Velasco, todos con fecha del pasado marzo, hallaron indicios de delito en la adjudicación del servicio de cafetería de la Asamblea de Madrid al empresario Arturo Fernández, uno de los principales donantes para las campañas del PP regional.
Se trata del contrato bajo sospecha –investigado en la pieza separada sobre financiación ilegal del PP de Esperanza Aguirre– adjudicada por una mesa de contratación que presidía Cristina Cifuentes en 2009 en su calidad de vicepresidenta del Parlamento regional.
En sus conclusiones, la Guardia Civil sostiene que Cifuentes debe ser investigada por los delitos de prevaricación continuada y cohecho, algo que el juez Velasco y los fiscales de Anticorrupción pretenden rechazar, según han hecho llegar a algunos medios de comunicación.
A la conclusión de que Cifuentes debe ser investigada –algo que solo puede hacer el Tribunal Superior, dada su condición de aforada– llegan los investigadores de la UCO después de elaborar tres informes: sobre la financiación ilegal del PP, sobre las adjudicaciones al grupo Cantoblanco de Arturo Fernández y un tercero que analiza las declaraciones de los tres funcionarios que acompañaron a Cifuentes en la mesa que examinó las puntuaciones de las ofertas en ese polémico concurso.
Los dos primeros informes de la Guardia Civil recogieron las irregularidades en la adjudicación y pusieron en foco en la presencia de Cifuentes tanto en el comité de expertos como en la mesa que tenía que dar el visto bueno final a la adjudicación. Tras interrogar a los tres funcionarios que firmaron el contrato junto a la ahora presidenta regional, la UCO decidió hacer un nuevo informe “ampliatorio” que sustentaba las afirmaciones de los dos anteriores.
En él los investigadores de la UCO aseguran que Cifuentes y los otros tres funcionarios investigados llevaron a cabo “una pluralidad de acciones (…) que tuvieron como única finalidad la de favorecer de manera preconcebida” a Cantoblanco. Uno de los expertos, Isaac Arturo Zubiri –al que los agentes acusan directamente de mentir– se encargó de la operativa, pero el resto “tuvieron que ser directos partícipes”. El conocimiento de Cifuentes de las irregularidades del amaño “ha podido acreditarse de manera indubitada”, concluyen los agentes.
La Guardia Civil no estaba sola en esa sospecha. El pasado seis de marzo el magistrado de la Audiencia Nacional también dio por hecho que existen indicios de delito en el modo en que el conglomerado empresarial de Arturo Fernández, se hizo en 2009 con la cafetería de la Asamblea, una concesión que finalmente abandonó por falta de negocio.
En el auto en que decretó la imputación del propio Arturo Fernández, del extesorero del PP de Madrid durante dos décadas, Bartolomé Beltrán, y del consejero de Transportes entre 2008 y 2011, José Ignacio Echeverría, Velasco apuntó que existen “sólidos indicios de irregularidades penalmente relevantes” en el modo en que se adjudicó la cafetería de la Asamblea al grupo Cantoblanco.
El instructor de la causa sostiene en su escrito: “Aparecen evidencias de que, a través de la cuenta corriente de citada fundación, determinados empresarios y organismos empresariales, ingresaron en el año 2007 importantes cantidades de dinero que fueron empleados para sufragar gastos electorales no declarados corno tales; detectándose en relación con los referidos hechos, sólidos indicios que acreditarían cómo algunos de esos empresarios con el más sintomático ejemplo de Arturo Fernández fueron adjudicatarios de determinados contratos públicos vinculados con la Asamblea de Madrid en los que se han detectado múltiples irregularidades penalmente relevantes y donde habrían participado cargos públicos que también pertenecían por entonces al Patronato de la Fundación Fundescam cuando se efectuaron las aportaciones económicas detectadas”.
Pese a esa última referencia, Velasco, quien dejará el caso en las próximas semanas para incorporarse a su futuro puesto en la sala de apelaciones de la Audiencia Nacional, un órgano de nueva creación, no ha adoptado ninguna resolución sobre Cifuentes y desde su entorno se apunta que tampoco tiene previsto hacerlo.
Las dos fiscales de Anticorrupción que acusan en el sumario Púnica también defendieron por escrito el pasado 6 de marzo –a través de un escrito para apoyar la imputación de Arturo Fernández y el extesorero del PP, Beltrán Gutiérrez, así como registros en casas de varios empresarios– la existencia de irregularidades en la concesión de la cafetería a Cantoblanco. En un informe en el que se adhieren a las conclusiones de la Policía Judicial las dos fiscales apuntan que se han “identificado varias adjudicaciones en favor del Grupo de Arturo Fernández, quien siempre que se determinó a realizar una donación a Fundescam obtuvo la adjudicación de diversos contratos públicos de Vicepresidencia [del Gobierno de la Comunidad de Madrid, donde estaba Ignacio González] y de la Asamblea de Madrid en 2007, 2009 y 2011”.
El código ético le obligaría a dimitir si es imputada
Desde que trascendió el informe de la Guardia Civil, Cifuentes ha proclamado su inocencia y ha defendido que se limitó a seguir el criterio de los técnicos en la adjudicación además de denunciar una supuesta campaña para poner en duda su honorabilidad. De momento, no hay noticias de que pese a las sospechas que proliferan en el sumario sobre la adjudicación en la que participó Cifuentes vaya a ser siquiera investigada ni preguntada sobre el asunto. Una posible imputación en su caso tendría mucha relevancia, puesto que aunque esa figura jurídica no presupone culpabilidad sino más garantías para el investigado, el código ético del PP de Madrid obliga a dimitir a sus cargos públicos cuando un juez decide investigarlos.