Los puntos de partida del Gobierno y la Generalitat para encajar una solución al conflicto político en Catalunya son tan dispares que es complicado divisar el funcionamiento de la mesa de diálogo que Pedro Sánchez y Pere Aragonès se han comprometido a reactivar a mediados de septiembre. Por el momento, lo único en lo que coinciden es en la voluntad de sentarse, pero las posiciones de máximos de ambas partes amenazan con llevar al colapso ese organismo pactado por PSOE y ERC en la negociación de la investidura del presidente socialista.
Las exigencias de un referéndum de autodeterminación y la amnistía para los implicados en el procés ponen en riesgo que esa mesa pueda avanzar. Nada más salir de Moncloa, Aragonès dejó claro que el independentismo no renunciaría a la independencia y dio poco margen a una alternativa que pudiera satisfacer a la Generalitat. “El camino intermedio es el referéndum, porque el punto de partida es la independencia”, respondió a la pregunta de cuál podría ser el punto intermedio entre ambas partes.
Sánchez tardó apenas doce horas en reiterar su ‘no’ a la aspiración de los independentistas. “No habrá referéndum de autodeterminación salvo que quienes lo defienden consigan convencer a las tres quintas partes de esta Cámara para que se modifique el artículo 2 de la Constitución española y posteriormente los españoles y españolas ratifiquen ese cambio mediante referéndum [advirtió en su comparecencia en el Congreso este miércoles]. Ya les digo yo que el PSOE, del que me honro ser su secretario general, nunca jamás aceptará ese tipo de derivadas”.
El presidente dio la solemnidad parlamentaria a una negativa que los socialistas llevan años reiterando y que se suma al rechazo a una amnistía a la que tampoco ven encaje legal. De hecho, el Ejecutivo sostiene que Carles Puigdemont y el resto de líderes que salieron de España para eludir a la justicia tendrán que rendir cuentas ante el poder judicial si regresan. “Es voluntad del Gobierno que estas personas respondan ante los tribunales como el resto de personas que han estado juzgadas o vinculadas al procés”, afirmó la portavoz, María Jesús Montero, tras el encuentro de Sánchez y Aragonès en el que el catalán le reclamó una solución para los “exiliados”.
“Hay una consejera que se marchó de España y que ha vuelto recientemente, que es la exconsejera Serret. Por tanto, creo que es bastante claro lo que tiene que hacer cada cual”, agregó Sánchez, que se mostró dispuesto a modificar el Código Penal para cambiar las penas por sedición pero advirtió de que no le dan los números: “Nuestra voluntad persiste, lo queremos hacer y creo que puede ser bueno para la democracia española. No hay, lamentablemente, un consenso político en este Parlamento”.
La negativa de Sánchez a aceptar el planteamiento del Govern recibió la contestación del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que aprovechó para resaltar los cambios de posición del presidente el día que explicaba la decisión de conceder la medida de gracia a los líderes del procés que han estado 44 meses en prisión. “Señor presidente, usted ha dicho que nunca habrá un referéndum de autodeterminación. La verdad es que también dijo que nunca habría indultos. Así que denos tiempo”, le espetó.
La respuesta del portavoz republicano fue inmediatamente usada por la derecha en contra de Sánchez, pero en el Gobierno le restan importancia. “Cada uno habla a su parroquia”, reflexiona un miembro del gabinete de Sánchez en referencia a la presión del independentismo sobre ERC, “pero lo importante es que en el día a día están dentro de la legalidad y de la institucionalidad”. “Los indultos se podían hacer, pero todo lo demás no”, argumenta un alto cargo gubernamental.
La gran incógnita es cómo se articularán los trabajos en la mesa de diálogo para que no encalle desde el inicio con planteamientos incompatibles. “Esa es la cuestión”, respondió Sánchez en La Sexta a la pregunta de cuál puede ser el punto de encuentro. En el Ejecutivo esperan que el independentismo se mueva y por eso reiteran el mensaje de que hay una parte muy importante de la sociedad catalana que no comulga con la separación del resto del Estado.
“Ahora Catalunya tiene que hablar con Catalunya. Lo que no puede hacer es invisibilizar a una parte no menor de Catalunya que no está de acuerdo con esta hoja de ruta que llevaría a un quebrantamiento de la convivencia aún mayor”, afirmó Sánchez. El argumento de Moncloa es que ERC, Junts y la CUP no tienen siquiera fuerza suficiente en el Parlament para cambios legislativos que requieren mayorías reforzadas, como una reforma estatutaria o la elección de TV3 como para pretender alcanzar la independencia con un porcentaje menor.
El Gobierno insiste en que el diálogo será “difícil” y ya advierten de que no hay “garantías de éxito”. En privado, algunos miembros del gabinete no ocultan su escepticismo respecto a la resolución del conflicto, porque dan por hecho que ERC se mantendrá en sus posiciones de máximos, pero consideran que los gestos que se vayan dando en materia de inversiones, de dejar de discriminar a Catalunya presupuestariamente, en infraestructuras, etc. ayudarán a reducir los apoyos a la independencia. La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, fue más optimista al asegurar que al “consenso se llega desde el disenso”. “¿El diálogo es un fin en sí mismo? No. Siempre tiene que terminar en un pacto”, afirmó en RTVE.
Por eso Moncloa insiste en se empiece a hablar por aquello en lo que puede haber puntos de entendimiento. La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, reclamó a la Generalitat que supere su punto de partida, aunque en el Gobierno asumen que no renuncie a su objetivo último, que es la independencia. “Esa fase solamente de desiderátum, de posiciones extremas, o de posiciones óptimas y avanzar en términos de cuestiones que puedan ser viables”, afirmó Montero.
Esas propuestas intermedias se recogen en la Agenda para el Reencuentro elaborada por el Ejecutivo a partir de las exigencias que Artur Mas y Carles Puigdemont le hicieron llegar a Mariano Rajoy, a excepción del referéndum. Los socialistas ya recogieron buena parte de esas reclamaciones en la Declaración de Barcelona -e incluso algunas ya se han cumplido, como la inversión presupuestaria que a Catalunya le corresponde en función a su aportación al PIB- que contempla el desarrollo de las partes del Estatut que fueron “declaradas inconstitucionales más por cuestiones legales de forma que de fondo”, según recoge ese texto.
Además de la culminación de algunas transferencias, esa propuesta rubricada por PSOE y PSC en julio de 2017 durante la antesala del proceso que llevó a la declaración unilateral de independencia incluye la promesa de reformar la ley orgánica del Poder Judicial para que Catalunya tenga una instancia desconcentrada del CGPJ.
La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, abrió la puerta, además, a que haya una consulta a nivel estatal sobre el encaje de Catalunya en España en base al artículo 92 de la Constitución. “Todo lo que pueda estar en el marco de la legalidad, de la constitucionalidad, forma parte de la política de nuestro país”, respondió en una entrevista en Las Mañanas de RNE. Aunque Calvo no descartó ese referéndum, aseguró que el Gobierno “no está en eso”. “Estamos para salir de una pandemia, para levantar y recomponer un país que ha tenido una crisis económica y social”, respondió Calvo.
“No hay que interpretar lo que ha dicho la vicepresidenta en un sentido u otro”, dijo posteriormente Sánchez: “Somos muy claros. Si vivimos juntos, decidimos juntos”. “El derecho a la autodeterminación no existe”, apostilló Sánchez, que recalcó que “no tiene cabida constitucional” y que “llevaría a un socavamiento mayor en la convivencia”. De ahí que la apuesta del presidente es que se vote -de acuerdo al pacto de PSOE y ERC para la investidura, que recogía una consulta en Catalunya sobre las conclusiones alcanzadas- sobre “un acuerdo” y no de un “desacuerdo”.
A pesar de esos llamamientos, Aragonès circunscribió las cuestiones más técnicas y relacionadas con inversiones o infraestructuras a la comisión bilateral entre Catalunya y el Estado que se reunirá a lo largo del mes de julio y dejó para la mesa de diálogo el conflicto político como tal. El president de la Generalitat dejó claro que volver a la negociación estatutaria es una pantalla pasada y que no renunciarán a la independencia. “En una negociación compleja, difícil como esta, no es cuestión de encontrar en el minuto uno los caminos intermedios. Para nosotros el camino intermedio es el referéndum porque el punto de partida es la independencia”, sentenció Aragonès.
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