Moverse por Mallorca en coche es más o menos sencillo. Se tarda una hora y media en recorrer los 100 kilómetros que separan los dos puntos más alejados de la isla (los municipios de Andratx y Capdepera). Pero es mucho más complicado hacerlo en trasporte público, algo que sufren residentes y turistas. Ahora, las obras de mejora de una carretera han generado un enfrentamiento entre los partidos de izquierda que gobiernan en la isla con los grupos ecologistas, que critican el fomento del coche privado en detrimento del transporte público.
Campos, de tan solo 10.418 habitantes. es uno de los pueblos que más sufre los problemas de movilidad. A finales del mes de octubre, el Consell de Mallorca comenzará las obras de un desdoblamiento de una carretera, con un coste de 27 millones de euros más IVA, que conectará el pueblo con el municipio de Llucmajor. “Estamos condenados a usar el coche”, lamenta Xavier Mas, vecino de Campos y portavoz de la Plataforma de anti-autopistas de Mallorca.
La nueva carretera, aprobada en 2013 por el Consell de Mallorca bajo el mandato del PP, ha generado un importante debate en la isla. “Nos sentimos totalmente decepcionados por los partidos de izquierda que gobiernan en el Consell”, comenta Mas, en referencia al PSIB-PSOE, a Més per Mallorca y a Podem. “Nos imponen el vehículo privado y abandonan el tren porque éste no da tantos beneficios como la construcción de una autopista”, añade el vecino.
Mas recuerda los sobrecostes millonarios que han asumido los baleares en las autopistas de Ibiza proyectadas por Jaume Matas: unos 850 millones de euros en 20 años. “Con las autopistas existe un negocio para la mafia”, comenta Mas, quien lamenta que sea Copisa, vinculada a la trama del 3% en Catalunya y a los Papeles de Bárcenas, la empresa encargada de construir la carretera Campos-Llucmajor.
Copisa, la empresa bajo sospecha
“Copisa ofreció la mejor oferta y ganó el concurso junto con Aglomerados Felanitx, el proceso cuenta con todas las garantías legales”, comenta Marc López, secretario técnico del Departamento de Territorio e Infraestructuras del Consell, quien justifica la carretera porque ofrece acceso a la comarca de Es Mitjorn y porque ayudará a reducir la alta siniestralidad, que ya ha ido disminuyendo en los últimos años. López asegura que el Consell, que no cuenta con una normativa sobre estándares éticos de contratación pública, sí cumple con la Ley de Contratos.
López también defiende la contratación de Copisa porque “no tiene ninguna condena”: “Que esta empresa esté vinculada con la corrupción en Catalunya... no podemos hacer nada, tenemos que cumplir con la Ley de Contratos, esta empresa no tiene ningún tipo de prohibición para ser contratada, sería totalmente ilegal y estaríamos prevaricando si, por tener algún tipo de caso de corrupción, decidimos no contratarla”.
Añade que, aunque la carretera fuera proyectada por el PP, ha sufrido una modificación posterior para “minorizar el consumo del territorio”. Según los cálculos del Consell, el nuevo proyecto afecta a 225.400 metros cuadrados menos que el que diseñó el PP bajo el mandato de María Salom. Por ejemplo, la mediana anterior era de 10 metros, la actualmente proyectada es solo de 3. López recuerda que la carretera fue aprobada por unanimidad por el pleno del Consell y asegura que sólo ha generado “discrepancias” por parte del “lobby ecologista”.
“La izquierda sigue el modelo de Matas y Munar”
Uno de los ecologistas más activos contra la autopista de Campos es Amadeu Corbera, presidente de la entidad GOB-Mallorca. “Mientras seguimos una retórica de la movilidad sostenible, los gobiernos de progreso apuestan por el mismo modelo de movilidad que Jaume Matas y María Antonia Munar”, comenta Corbera, en referencia al expresidente balear del PP y a la expresidenta del Consell de Mallorca de Unió Mallorquina, ambos en prisión por casos de corrupción.
Corbera, crítico con la política de Miquel Ensenyat y Mercedes Garrido, presidente y consellera de movilidad del Consell de Mallorca, respectivamente, reprocha que la institución insular retocase “levemente” el proyecto del PP, en vez de hacer uno nuevo. Corbera también censura que el nuevo proyecto no tuviera una exposición pública, un hecho al que Marc López quita hierro, y sobre el que añade que “el proyecto volvió a pasar una nueva tramitación ambiental simplificada”.
“Este tipo de infraestructuras no soluciona el complejo problema de la movilidad en Mallorca, lo agravan, porque cuanta más capacidad de carga de las carreteras, más coches”, explica Corbera. El presidente del GOB critica este tipo de construcciones porque van “asociadas al consumo de territorio, a la contaminación y a la promoción de viviendas”. Para él, la solución pasa por “parar las obras de Campos, tener un nuevo Plan Territorial bien diseñado, pensar si necesitamos más carreteras y potenciar el transporte público, sobre todo el tren”.
Ruptura con el movimiento ecologista
“Esta política no es la que esperábamos de la izquierda”, comenta Corbera, presidente de una asociación que, como el conjunto del movimiento ecologista balear, es nicho de votantes de los partidos de “El Pacte” que gobiernan el Consell de Mallorca, el Ayuntamiento de Palma y el Govern balear.
Los partidos de izquierda, sin embargo, defienden la necesidad de la carretera. También reiteran que está incluido en los acuerdos de gobernabilidad y que apuestan por un modelo de movilidad con el transporte público como eje central. Miquel Àngel Coll, portavoz de los socialistas en el Consell, dice que la remodelación “no es un capricho”, que el nuevo proyecto y el del PP son “la noche y el día” y es “una reivindicación histórica de los municipios de la zona”.
Los partidos de izquierda también aluden a la reducción de las dimensiones de la carretera. Pere Fuster, conseller de Més per Mallorca, asegura que se han eliminado rotondas y más de siete campos de fútbol de asfalto. “No es el proyecto final que hubiera elegido Més pero cabe recordar que se gobierna en pacto y que además existen limitaciones técnicas”, añade el conseller, quien niega que la carretera vaya a traer consigo más urbanizaciones porque el reciente Plan de Intervención en Ámbitos Turísticos (PIAT), aprobado por el propio Consell, blinda el crecimiento de todos los núcleos costeros del sur.
La consellera de Podemos Aurora Ribot asegura que la carretera es “un compromiso que se adquirió con los acuerdos de pacto de Gobierno” y que “es una medida necesaria”. Aun así, aclara que Podemos es “consciente” de que este modelo no es la vía para “solucionar los problemas de carreteras que tiene Mallorca”.