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Diez constructoras hacen negocio con siete de cada diez euros de obra pública

Diez constructoras se llevan siete de cada diez euros en contratos de obra pública en España desde 2009, según revela la investigación '¿Quién cobra la obra?', de la Fundación Civio. De los 38.828 millones adjudicados vía BOE para contratos de obra pública entre 2009 y 2015, los diez grandes grupos constructores estuvieron presentes, en solitario o en Uniones Temporales de Empresas (UTE), en 28.830 millones, un 74%.

Si solo tenemos en cuenta los contratos en solitario, los diez grandes grupos constructores (ACS, Acciona, FCC, Ferrovial, Sacyr, Isolux Corsán, Villar Mir, Comsa, Copisa y Grupo Sando) concentraron el 25% de los contratos de obra pública de las administraciones españolas. Estos datos incluyen las adjudicaciones cuya formalización se publicó en el BOE entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2015.

El grupo ACS, presidido por Florentino Pérez lidera la clasificación tanto en solitario como sumando las UTE en las que participa, y está presente en uno de cada diez contratos analizados de los últimos siete años. Tras el Ministerio de Fomento, sus mayores contratistas son el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid. “De los siete años analizados, solo en dos de ellos ACS fue rebasado por sus competidores en la obtención de contratos públicos”, explica Eva Belmonte, responsable de proyectos de Civio.

El Ministerio de Fomento lidera el ranking de administraciones que ha adjudicado un mayor volumen de dinero en contratos de obra pública en este periodo de entre los aparecidos en el BOE. Le siguen la comunidad autónoma del País Vasco y los ministerios de Agricultura y Medio Ambiente. Entre las administraciones locales, destaca el Ayuntamiento de Madrid.

Desde 2009, año en que las administraciones públicas repartieron 14.000 millones en 2.407 adjudicaciones de obra vía BOE, esa cifra ha disminuido año a año (9.563 millones adjudicados en 2010, 4.685 en 2011, 3.202 en 2012), hasta llegar a su cifra más baja en 2013 (con 1.326 millones de euros en contratos). Pese al repunte que muestran los datos a partir de entonces, nunca se han alcanzado de nuevo las grandes cifras de la época dorada de la obra pública.

Los contratos analizados entre 2009 y 2015 van de los 4.306 euros a más de 336 millones, el precio de adjudicación de las obras de la estación del AVE de La Sagrera, en Barcelona. De hecho, de las 30 mayores obras, 18 se han destinado a la alta velocidad, entre estaciones, plataformas, vías y otras infraestructuras ferroviarias.

La opacidad de las UTES

Del total del importe adjudicado, el 40,8% se lo llevaron empresas que se presentaron en solitario y el 59,2% fue a parar a Uniones Temporales de Empresas (UTE). La importancia de estas estructuras, con niveles de opacidad mayores que los de cualquier otra empresa, es más evidente en las grandes obras públicas. De hecho, de los 2.489 grupos empresariales analizados, solo 1.327 se presentaron siempre en solitario.

Del resto, 1.162 están en alguna UTE y 641 solo se presentan de esa forma, nunca por sí solos. Pese a que los datos de creación de cualquier otro tipo de sociedad son públicos en el Registro Mercantil, los de las UTE, sociedades nuevas que se crean expresamente para contratar con la administración, permanecen bajo candado de la administración. En última instancia, el Consejo de Transparencia desestimó el recurso presentado por Civio para conocer el porcentaje societario dentro de cada UTE.

La mayor base de datos de obra pública en España

En '¿Quién cobra la obra?', cualquier usuario puede acceder fácilmente a fichas individuales de 2.489 grupos constructores, que incluyen a 2.664 empresas. Cada una muestra qué administraciones les han adjudicado mayores contratos, el procedimiento utilizado y la evolución temporal de los mismos.

También figura un desglose de los contratos recibidos directamente y de aquellos obtenidos a través de las uniones temporales de empresas (UTE) en las que participa. Respecto a la autoridad adjudicadora, las fichas de 312 administraciones públicas muestran tanto los contratos que han adjudicado como los grupos constructores más beneficiados por ellas a través del boletín oficial.