El conflicto de las últimas semanas entre el Gobierno y los alcaldes por el uso del dinero que han ahorrado durante la crisis, y por la aprobación de un paquete de ayudas para los municipios, esconde una necesidad urgente de abordar reformas en la financiación de los consistorios que les permitan abordar los gastos imprevistos que ha generado la pandemia a las arcas municipales de pueblos y ciudades del conjunto del Estado.
Los ayuntamientos son el primer escalafón de la administración que, en los últimos meses, han tenido que retorcer sus cuentas para poder atender las nuevas necesidades de la ciudadanía, que pasan por la adecuación de los espacios para cumplir con las medidas sanitarias, la contratación de más personal de limpieza y vigilancia, e incluso el reparto de alimentos o material escolar para garantizar que ninguno de sus vecinos se quedé atrás por culpa de la pandemia.
A principios de agosto, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) aceptó la propuesta del Ministerio de Hacienda que habilitaba una fórmula para que los ayuntamientos y entidades locales pudieran utilizar su superávit para hacer frente a esos gastos imprevistos, salvando así la legislación actual, aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012, que les impide, con carácter general, poder gastar sus remanentes de tesorería.
El texto aprobado solo con los votos a favor del PSOE –principal fuerza del organismo que aúna a las entidades locales– y gracias al voto de calidad del presidente de la FEMP, el socialista alcalde de Vigo, Abel Caballero, ofrecía a los ayuntamientos que pusieran sus remanentes a disposición del Estado a cambio de una aportación de los Presupuestos Generales del Estado de 5.000 millones de euros a fondo perdido e incorporó una “resolución política” para atender a las entidades locales sin liquidez.
En una derrota parlamentaria sin precedentes para el Gobierno de Pedro Sánchez, el decreto en el que el Ejecutivo plasmó ese acuerdo con la FEMP fue sin embargo rechazado por el Congreso de los Diputados el pasado día 10, con la oposición de todos los grupos excepto PSOE y Unidas Podemos que integran el Ejecutivo de coalición. El PP llegó a hablar de una “expropiación de los fondos de los ayuntamientos por parte del equipo de Pedro Sánchez, obviando que la medida parte de una ley diseñada por el Ministerio de Cristóbal Montoro para implantar la austeridad municipal.
Refuerzos de los vigilantes en los accesos a las playas
Este rechazo forzó al Gobierno a buscar una alternativa y plantear esta misma semana un nuevo decreto que suspende la regla de gasto, prolongará la autorización para la inversión del superávit de las entidades locales y calcula que inyectará unos 3.000 millones de euros a los consistorios. La nueva propuesta ha sido bien acogida tanto por la FEMP como por los partidos de la oposición. Los alcaldes, no obstante, piden una cuantía mayor de ayudas a fondo perdido para abordar los gastos generados por la pandemia. Estas administraciones llevan décadas quejándose de que están infrafinanciadas en el reparto de fondos del Estado y su situación se ha agravado desde 2008 y ahora con la crisis económica. Hasta el punto de que eran legión los alcaldes socialistas que en privado recelaban de la solución que se les proponía desde el Ministerio de Hacienda.
“Tenemos muchísimas dificultades para dar respuesta a las necesidades de la gente de nuestros pueblos”, explica José Chulvi, alcalde del PSOE en Jávea (Alicante), un municipio de 30.000 habitantes que, en verano, –y en especial en este, en el que se ha multiplicado la llegada de turistas nacionales– roza una población de 130.000. Como sucede con la mayoría de los municipios españoles, el consistorio cuenta con superávit en sus cuentas, unos 32 millones que están inmovilizados en el banco a la espera del decreto del Ejecutivo.
En los últimos meses, el ayuntamiento ha tenido que invertir en edificios municipales para dotarlos de recursos frente a la pandemia, se ha visto obligado a comprar equipos de protección a los trabajadores, a mejorar los accesos a centros de salud, y a incrementar la limpieza. Por culpa de la pandemia, Jávea ha tenido que dedicar 2,8 millones a servicios sociales, 1,5 millones a ayudas a los autónomos, ha tenido que contratar a 34 personas para cumplir con las ratios y las distancias, además de reforzar los servicios de vigilancia privada para controlar los accesos a las playas.
A todo ello se suma la anulación de la tasa de ocupación de la vía pública –que pagan, por ejemplo, los bares y cafeterías con terraza– que ha supuesto una merma en los ingresos municipales de más de 300.000 euros. Chulvi señala que, en su caso, la utilización del superávit le permitirá, por ejemplo, poner en marcha, “actuaciones de peatonalización de espacios para cumplir con las distancias de seguridad”.
“No nos ha llegado ni un euro”, denuncia el Ayuntamiento de Zaragoza (PP + Cs)
La situación es aún más preocupante en Zaragoza, donde desde 2019 gobiernan PP y Ciudadanos. Se trata de la quinta ciudad más poblada del país, con casi un millón de habitantes, que lejos de disponer de superávit arrastra la deuda contraída en años anteriores, según explica la concejala de Hacienda, María Navarro. Ella reivindica más ayudas del Estado al margen de la situación en la que se encuentren las arcas municipales.
“Desde que estalló la pandemia no nos ha llegado ni un euro, ni de la comunidad autónoma, ni del Estado, y además hemos prestado servicios sanitarios, hicimos un hospital de campaña en el auditorio de Zaragoza y prestamos a nuestra policía local para poner multas por incumplimientos de las medidas, si bien la recaudación va a la comunidad autónoma. Los ayuntamientos hemos estado abandonados”, alerta.
El mayor gasto que ha tenido que afrontar el ayuntamiento zaragozano durante la emergencia sanitaria tiene que ver con “ayudas de urgente necesidad” como el reparto de alimentos o el pago de suministros como agua y luz a aquellos vecinos que se han quedado sin trabajo por la pandemia. “Llevamos gastado el doble de la partida presupuestaria”, alerta Navarro, que reconoce un “agujero importante” de ingresos en el transporte, si bien han tenido que “seguir pagando a las contratas”. “Hemos tenido que pagar autobuses vacíos”, lamenta. Asimismo, la adecuación sanitaria también se ha dado en los edificios municipales, con la “compra masiva de mamparas, geles hidroalcohólicos o mascarillas.
En Rivas-Vaciamadrid, una ciudad de tamaño medio en la periferia de Madrid, que cuenta con más de 88.000 habitantes, su alcalde, Pedro del Cura (IU - Equo - Más Madrid), ha sumado a esos gastos un servicio de comida a domicilio tanto para los niños y niñas con más necesidades como para todos los vecinos que fueran diagnosticados con la COVID-19. Se ha reforzado, además, la recogida de basura y se han realizado compras de material informático para que los alumnos pudieran seguir las clases de forma telemática durante el confinamiento.
Triplicar los monitores de los campamentos de verano
Respecto a la limpieza, Rivas ha tenido que realizar una “desinfección especializada en todos los espacios” para garantizar “que el entorno de la vía pública fuera seguro”. “Los costes son altísimos porque hemos tenido que poner en marcha una reorganización de servicios públicos para cumplir con las medidas de seguridad y tuvimos que realizar muchas contrataciones para respetar los nuevos ratios. Por ejemplo, casi tuvimos que triplicar la contratación de monitores para los campamentos de verano”, señala el alcalde de Rivas.
Todo ello ha provocado que se haya tenido que suspender la agenda política prevista a principios de año porque, como explica Del Cura, “las necesidades de la pandemia son la actualidad”. “Hasta que no sepamos si vamos a tener inversiones o si finalmente se suspende regla de gasto, no podemos planificar porque estamos intervenidos por el Estado. No sabemos cómo disponer de nuestro presupuesto”, denuncia.
“Los ayuntamientos somos las administraciones más cercanas a la ciudadanía y, por lo tanto, la primera en atender sus demandas. Aquí vienen todos los vecinos cuando tienen algún problema o necesidad, con independencia de que sea competencia nuestra o no, y hay que atenderlos”, recuerda, por su parte, José Ramón Páez, concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Cádiz (116.000 habitantes), gobernado por el alcalde, José María González Kichi, de Adelante Cádiz, que se encuentra de baja por paternidad.
Páez remonta los problemas de financiación de los ayuntamientos “como mínimo a 1988”, cuando se elaboró la Ley reguladora de las haciendas locales, “que mantiene un status quo y privilegia a Madrid y Barcelona como grandes Ayuntamientos mejor financiados mediante su participación en los ingresos del Estado, al mismo tiempo que deja en manos de los ayuntamientos la gestión de algunos impuestos y tasas que no cubren las competencias asignadas, y menos aún las delegadas o impropias por dejadez de otras administraciones”.
Cádiz ha puesto en marcha ayudas para garantizar el empleo
Con motivo de la pandemia, el ayuntamiento gaditano ha tenido que afrontar “gastos en emergencia social, ayudas sociales, atención a personas sin hogar, extras en limpieza y desinfección, compra de EPIs, gasto de personal aunque no trabajase para garantizar el empleo, ayudas al empleo, ayudas al tejido empresarial o ayudas a los autónomos”. En su caso, apunta Páez, “hasta el momento” esos gastos adicionales no han tenido “incidencia en la prestación de servicios”. “Todo sigue funcionando con total normalidad”, remarca.
La situación es parecida en los pueblos más pequeños. Rosa Huguet, alcaldesa de Junts per Catalunya en Canyelles, un municipio de Barcelona de apenas 4.000 habitantes, apunta que la inversión más grande realizada por el equipo municipal ha sido la de “abastecer a las familias que no ingresaban nada”, a los que se repartieron alimentos. Además, el gasto de limpieza se ha triplicado cada día y, por ejemplo, se hacen “cuatro desinfecciones diarias en las guarderías”, todo a costa de las arcas municipales.
“Hemos tenido que gestionar con pocos recursos la compra de mobiliario para cumplir con las medidas sanitarias, y durante el confinamiento facilitamos ordenadores y tabletas para que los alumnos ”se pudieran conectar“, así como ”facilitar la conexión a internet de las familias“. ”Hemos tenido que priorizar y muchas obras como la reconstrucción de calles y pavimentos han tenido que quedar aplazadas. Tampoco se han podido hacer las habituales limpiezas forestales para evitar incendios“, lamenta Huguet.