El Ayuntamiento de Jaén ha denunciado el convenio con la Junta de Andalucía para gestionar el servicio de ayuda a la Ley de Dependencia y ha renunciado a prestar estos servicios alegando que la administración regional le adeuda dos millones de euros.
El alcalde de Jaén, José Enrique Fernández de Moya, ha recordado que este servicio es “competencia exclusiva de la Junta y se ha mostrado convencido de que van a secundar esta medida más ayuntamientos porque ”no podemos hacer frente a los continuos impagos y abusos sistemáticos de la Junta al no pagar lo que debe porque son cantidades millonarias“.
Por su parte, la delegada del Gobierno andaluz en Jaén, Purificación Gálvez, ha asegurado en rueda de prensa que el escrito se ha presentado fuera del plazo que estipula el convenio y que por tanto entienden que este convenio sigue vigente.
Gálvez valora el trabajo que realizan las administraciones locales, cuya implicación considera fundamental para garantizar todos los servicios y espera la “lealtad y la sensibilidad” que debe tener “un buen alcalde” ante esta situación.
Para el PSOE de Jaén se trata de una decisión con la que se condena a las doscientas trabajadoras de la empresa encargada de realizar el servicio, Multiservicios Jabalcuz, por haber protestado por los impagos de sus nóminas.
El grupo municipal de IU ha expresado su preocupación ante una medida que va a suponer “borrar del mapa” a 600 usuarios que en la actualidad reciben el servicio.
UGT denunció hoy en un comunicado la renuncia por parte del Ayuntamiento de la gestión del servicio, algo que el sindicato considera “ilegal” y que “deja tiradas” a las personas beneficiarias del servicio de dependencia.
Por su parte, el portavoz parlamentario del PP-A, Carlos Rojas, ha señalado en rueda de prensa en Sevilla que si la Junta de Andalucía no transfiere las cantidades económicas “es muy difícil” llevar a cabo algunos servicios, y ha hecho hincapié en que “la administración que tiene una competencia tiene que ejercerla”.