In extremis y con las maletas en la calle. El área de Familia, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Madrid, encabezada por el concejal José Aniorte, de Ciudadanos, ha concedido a Pepi y Rosi y sus familias 15 días más en la pensión donde están realojadas tras haber sido desahuciadas de sus hogares en Argumosa 11, en el madrileño barrio de Lavapiés, el pasado 22 de febrero. La anterior corporación municipal, de Ahora Madrid, se comprometió entonces a mantener el realojo hasta que se les adjudicase una vivienda social o se encontrase una alternativa habitacional, pero 128 días después continúan pernoctando en una habitación de hostal.
El caso de Pepi, que se había convertido en un símbolo contra la resistencia a la especulación en el barrio de Lavapiés, inicia así un nuevo capítulo. El bloque de Argumosa 11 es propiedad de la empresa Proindivisos y de la familia Aguado, grandes tenedores de vivienda en la capital. Tras varios intentos frustrados por la movilización social (seis en el caso de Pepi y cuatro en el de Rosi), el pasado febrero se hizo efectivo el lanzamiento, que incluso el comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC) de Naciones Unidas había intentando frenar, con una solicitud de paralización hasta que se encontrara una vivienda alternativa adecuada, sin que las autoridades españolas atendieran la petición.
Desde entonces, el Ayuntamiento pagaba a estas dos familias una pensión por la zona de Ópera, pero con el cambio de gobierno municipal, el pasado martes Servicios Sociales les comunicó que a partir de este lunes ya no correría con los gastos. En concreto, el anterior equipo, de Ahora Madrid, prorrogaba el pago del alojamiento cada 15 días. Al acabar esa prórroga, nadie dio la orden de renovarla. “Intentamos contactar con el nuevo equipo de Gobierno para avisar del compromiso del anterior de dar una solución de realojo provisional hasta la adjudicación de una vivienda social, pero hasta el viernes ha sido imposible”, explica el portavoz de Bloques en Lucha Eduardo Gutiérrez.
En concreto, este viernes los responsables de esta asociación pudieron hablar brevemente con el nuevo responsable del área de Familia, Igualdad y Bienestar Social, José Aniorte, de Ciudadanos, que respondió a uno de sus mensajes por redes sociales y se comprometió a ponerse en contacto con ellos este mismo lunes. Ante la ausencia de esa llamada y la inminencia de una noche en la calle, Pepi y Rosi se plantaron esta misma mañana, maleta en mano y acompañadas por miembros de Bloques en Lucha y el Sindicato de Inquilinas, en la sede del ayuntamiento donde los grupos municipales tienen sus despachos, en calle Mayor 71. “Primero nos desahucia el propietario y ahora nos desahucia el Ayuntamiento”, lamentaba Pepi Santiago. Allí no fueron atendidas por ningún responsable de Cs, pero a media mañana los portavoces de la asociación recibieron un mensaje citándoles en la sede del área.
Allí, durante cerca de una hora y cuarto estuvieron reunidos con el concejal José Aniorte y técnicos del Ayuntamiento, a quienes arrancaron el compromiso de hacerse cargo durante 15 días más de la pensión y buscar una alternativa en ese tiempo. Una medida similar a la que venía llevando a cabo la anterior corporación. “Nos dijeron que iban a ser 15 días y llevamos casi cinco meses”, protesta Pepi para quien “estar toda la vida en una pensión no es solución”.
“Buenas palabras, pero tampoco han querido mojarse”, resumía Gutiérrez una reunión en la que han recordado al nuevo concejal que en el barrio de Lavapiés hay cerca de 150 viviendas públicas vacías, entre las que tiene la Empresa Municipal de Vivienda, la Comunidad de Madrid y el Estado a través de la Seguridad Social. “Nos podemos encontrar dentro de 15 días en la misma situación”, denuncia.
Desde Bloques en Lucha y el Sindicato de Inquilinas lamentan que la anterior corporación no haya dejado atada una solución para estas vecinas y sus familias. “El anterior gobierno nos engañó en todo”, dice Rosi. El descontento se hizo patente cuando se encontraron con la actual concejala de Más Madrid y anterior primera teniente de alcalde de Manuela Carmena, Marta Higueras, a quien afearon no haber dado una solución real. “Yo, desde luego, lo mantendría”, indicó Higueras, que aclaró también que el compromiso de la anterior corporación de mantener una alternativa habitacional para Pepi y Rosi era “mientras estuviéramos nosotros”. Así, las emplazó a hablar con los representantes de Ciudadanos.
En 2017, PP y Ciudadanos bloquearon en la Asamblea de Madrid una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la tramitación de una ley de vivienda impulsada por la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH). En 2018 hicieron lo propio con una normativa de vivienda digna a nivel estatal, que recogía, entre otras medidas, evitar desahucios, regular el precio del alquiler y el realojo temporal a familias en emergencia en pisos vacíos. Tres medidas que habrían podido evitar la situación actual de Pepi y Rosi.
Por el momento, estas dos vecinas y sus familias seguirán viviendo en una pensión, al menos, 15 días más. “Otro sinvivir”.