Los representantes de los Ayuntamientos de Madrid, Barcelona, A Coruña, Valencia, Zaragoza y Tarrasa han acudido hoy al Congreso para denunciar el golpe que, a su juicio, supone para los municipios y la autonomía local el proyecto de presupuestos generales del PP.
Han entregado una declaración conjunta que expondrán a los grupos parlamentarios con la intención de que garanticen durante la tramitación de los presupuestos que no se recorten las aportaciones a la financiación municipal y se revierta la llamada “Ley Montoro”, impuesta en las administraciones municipales.
Según el comunicado, la doctrina del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, impide que los municipios gestionen los recursos del superávit que generan, una medida “ineficiente”, “injusta” y “antidemocrática” que ataca a las administraciones “más cercanas a la ciudadanía”.
Entre sus reivindicaciones, piden al Gobierno que les permita disponer libremente de los remanentes del superávit para invertir en servicios sociales, que aumente las aportaciones del Estado a la financiación local en concordancia con la previsión de crecimiento del PIB y que revierta la limitación de las plantillas de las entidades locales.
Han incidido, asimismo, en su interés en presentar estas demandas al PNV y a Ciudadanos, los dos partidos que han “facilitado” al PP la posibilidad de aprobación del proyecto presupuestario.
La portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, ha señalado que el modelo de prestación de servicios públicos del PP es “el del saqueo” y en esa línea ha resaltado la importancia de que se conceda a los municipios una gestión económica menos limitada.
Asimismo, el primer teniente de alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha considerado “inadmisible” que el PP pretenda revertir mediante esos presupuestos y “por la puerta de atrás” procesos de privatización que afectan a los derechos laborales de los trabajadores.
El alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, ha denunciado que, en el caso de que se aprueben los presupuestos, se vayan a “alimentar” contratos de empresas que, según el dirigente autonómico, “entorpecen” la gestión pública al basarse en acuerdos que implican financiación ilegal.
En esta línea, el alcalde de Zaragoza, Pedro Santiesteve, ha denunciado que “46 mil millones de contratación pública se han ido por las alcantarillas de la corrupción y del despilfarro de dinero público”, una situación que asegura que debe revertirse desde los ayuntamientos.