La semana empezó con una fiesta de banderas y repleta de buenas intenciones. La visita de Pedro Sánchez a la puerta del Sol inauguraba un “espacio de colaboración” entre el Gobierno central y el de la Comunidad de Madrid, para atajar los contagios desbocados de la región. La foto en un escenario repleto de insignias de las dos administraciones y los discursos de los dos presidentes debían ser una tregua después de meses de tensiones por la gestión de la pandemia en los que Isabel Díaz Ayuso se había convertido en la líder de la oposición a Sánchez, por delante del presidente del PP, Pablo Casado. Sin embargo, muy pronto se vio que el alto el fuego iba a durar poco.
Con los dos frente al micrófono, la rueda de prensa coordinada por el jefe de medios de la Comunidad, Ignacio García Mostazo –que era cesado dos días después– y el de La Moncloa, Miguel Ángel Oliver, dio la palabra a la presidenta Ayuso, que declinó con cortesía de anfitriona para dejar hablar a Sánchez de “colaboración”, “entendimiento” y de su deseo “de todo corazón” de que la situación de Madrid mejorara. Ese día la Comunidad tenía una incidencia acumulada de 682 por 100.000 habitantes, la peor de Europa.
A pesar de que Moncloa y la Puerta del Sol se esforzaron por dar una imagen de unidad –reflejada incluso en la escenografía– y de enfatizar que había un acuerdo –que estaba prácticamente cerrado antes de que Sánchez llegara a la Real Casa de Correos–, la presidenta regional aprovechó la comparecencia para lanzar una retahíla de reproches al Gobierno: desde la escasez de médicos y recursos hasta la preocupación por la falta de controles en Barajas. Sánchez evitó entrar en la confrontación y solo se refirió a lo del aeropuerto recordando que solo un 0,2% de los contagios han sido importados desde que se levantó el estado de alarma.
El flamante acuerdo establecía un marco de colaboración entre las dos administraciones en el que se incorporaban nuevos interlocutores al otro lado de la mesa: el vicepresidente Ignacio Aguado, de Ciudadanos; el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida (PP), el presidente de la Federación de Municipios y Provincias (donde están representadas también las ciudades de Madrid que se habían sentido ninguneadas por Ayuso en la toma de decisiones la semana anterior) y numerosos responsables técnicos y políticos de las dos administraciones. La estrategia de la comunicación bilateral –el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero y el ministro Salvador Illa han hablado casi a diario durante estos meses– no había dado frutos. Aunque a nivel técnico podía haber entendimiento, el escaso peso político de Escudero en el Gobierno de Ayuso llevaba a un punto muerto cualquier recomendación. Por eso la idea de un diálogo coral podía ayudar a presionar a la presidenta para tomar unas medidas más contundentes. “Es fundamental recuperar el control sobre la epidemia” y atajar una transmisión comunitaria descontrolada y potencialmente muy peligrosa por su intensa movilidad y su influencia en los territorios vecinos, como admitían fuentes sanitarias.
La reunión inicial entre los equipos de la comisión para hacer frente a la pandemia en Madrid llegó el mismo lunes por la tarde. El grupo COVID-19 tuvo su primera toma de contacto representados por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, por parte del Gobierno, y el vicepresidente autonómico, Ignacio Aguado, y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, por parte de la Comunidad de Madrid, mantuvo un encuentro que suponía una siguiente. Con cordialidad se emplazaron a volverse a reunir al día siguiente para avanzar más concretamente en la estrategia a seguir para “doblegar la curva” en la región.
Un atisbo de sintonía
El martes, el día comenzó con una entrevista de Isabel Díaz Ayuso en Onda Cero. De las palabras de la presidenta madrileña se deducía que en ese momento la dirigente del PP estaba más en la opción de una limitación de movimiento y otras medidas restrictivas en todo Madrid, en la línea de lo que ha defendido este viernes el ministro Illa.
“Anuncio que no van a ser solo en esas 37 áreas, en todas las zonas; porque a mí no me sabe bien, y esto sé que está sucediendo, lo veo, que a partir de mañana o pasado haya un bar en Vallecas o en Usera que cumple todas sus normas, que a las diez esté cerrado, y que todo el mundo esté de copas como si no pasara nada a las once o a las doce en Chamberí, en Salamanca, en Chamartín...”, explicaba Díaz Ayuso. “Lo que no es coherente es aplicar unas medidas en unas zonas y en otras no”, añadía la dirigente del PP. E insistía: “Allí donde tengamos que actuar, lo haremos. No descartamos hacerlo de manera autonómica”. Parecía que finalmente había sintonía entre el criterio de Sanidad y el Gobierno de la Comunidad, que en boca de su presidenta enmendaba de alguna manera las medidas que habían entrado en vigor el día anterior.
Casi a la misma hora, el mismo martes, el consejero de Sanidad con el que Ayuso apenas mantiene contacto, explicaba en otra entrevista en Onda Madrid que “a lo largo del día” se valoraría si había que ampliar las restricciones a alguna zona más que cumpliera con los criterios de incidencia de más de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, “con tendencia estable o creciente y proximidad a zonas con esa incidencia”. Lo que finalmente se ha hecho.
También ese día y a la misma hora, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, recomendaba a la población madrileña “restringir al máximo su movilidad” y limitarla a lo “esencial”. Un mensaje que repitió en la Cadena SER el alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida. Ya unas horas más tarde en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Illa detalló en qué consistirían los trabajos entre los grupos de coordinación y aseguró que se iba a enmarcar con “horizontes de fases”, “un procedimiento que usamos durante la desescalada y que dio buen resultado”, aseguró.
Tras las entrevistas de uno y otro y las declaraciones del ministro, por la tarde los equipos de coordinación entre Ministerio y Consejería se volvieron a reunir. Un primer encuentro del equipo más técnico se producía en la sede del Ministerio de Sanidad entre el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, el viceconsejero de Salud Pública y estrategia COVID-19, Antonio Zapatero, y la directora general de Salud Pública, Elena Andradas.
En paralelo también se reunió el grupo técnico, compuesto por los consejeros madrileños de Justicia e Interior y de Transportes, Enrique López y Ángel Garrido; el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco; la secretaria general de Transportes del Gobierno, María José Rallo, y representantes de la Unidad Militar de Emergencias (UME), de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y los directores del SUMMA-112 y del SAMUR. No obstante, el encuentro que se convocó para el martes por la tarde fue retrasado en dos ocasiones y se produjo finalmente el miércoles. Ese día, el Ejecutivo madrileño reclamó la intervención del Ejército en la región, una petición de la que Defensa se enteró por la prensa. No obstante, unos 7.500 militares estarán disponibles, según anunció el ministerio, y la UME ya ha comenzado sus labores de desinfección en puntos concretos, como Mercamadrid.
El discurso de la lealtad
Desde la visita de Pedro Sánchez a la Puerta del Sol, el discurso oficial por parte del Gobierno central fue de “máxima cooperación” y “lealtad”. En una entrevista con elDiario.es el miércoles, Illa esquivó cualquier tipo de crítica a la gestión de la Comunidad de Madrid. Ya fuera para evaluar las medidas que habían entrado en vigor el lunes, para referirse a las presiones políticas del PP en la desescalada –y en particular de la Comunidad de Madrid, que amenazó con llevar al Gobierno a los tribunales por no dejarles pasar de fase– o a la promesa que el Gobierno regional hizo en ese momento de contratar rastreadores que nunca se incorporaron a la detección de casos, el ministro evitó cualquier tipo de reproches. “No voy a gastar un solo segundo en eso”, aseguró. Insistía en que ya habría tiempo para eso, pero que mientras tanto las energías debían ponerse en la “cooperación reforzada” que se había iniciado con Madrid.
El Gobierno confiaba en el éxito de la nueva estrategia pero en privado varios dirigentes reconocían que tampoco había mucho más margen, porque consideraban que el enfrentamiento directo con Madrid sería contraproducente, incluso desde el punto de vista de la salud pública. “Las decisiones las tiene que tomar la Comunidad porque está en sus competencias”, repetían. Y deslizaban que ir en contra de eso podía iniciar una batalla política que polarizara a la población y disminuyera el seguimiento de cualquier tipo de medida restrictiva.
Por eso, mientras los especialistas y epidemiólogos repetían en los medios de comunicación que Madrid llegaba tarde a las medidas para atajar la crisis sanitaria, y en los hospitales de la Comunidad la ocupación de las UCI les acercaba un poco más al colapso, el ministro insistía: “Cada uno será responsable de la forma en que haga las cosas. Yo ahora me hago responsable de mis palabras y de mis actos y no quiero entrar en esta dinámica. Créame, no aportaría nada”, zanjaba Illa.
El responsable de Sanidad reiteraba su confianza en el entendimiento de los grupos de trabajo “No contemplo el escenario de no llegar a un acuerdo con Madrid”, aseguraba. Ese día las negociaciones seguían en pie. Illa y sus técnicos habían defendido durante toda la semana una serie de criterios que se resumían en cuatro bases: extender las medidas de restricción de la movilidad a todas las ciudades de Madrid con una incidencia de más de 500 casos por 100.000 habitantes –la mitad del baremo establecido por la Comunidad–, recomendación explícita de limitar la movilidad, prohibir el consumo en la barra de los bares y reducir el aforo de las terrazas al 50% en toda la Comunidad. Sin embargo, no fue hasta el jueves por la mañana que esos puntos se pusieron por escrito en un documento.
La pelea y el papel
En el edificio de la vicepresidencta, en la Puerta del Sol, Aguado, Zapatero y Ruiz Escudero recibieron a Illa, Darias, el director del CCAES, Fernando Simón y la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón. Entonces fue muy evidente que el escenario que Illa no contemplaba era precisamente en el que estaban. No había manera de entenderse. “La reunión fue muy tensa y quedó bastante claro que no iban a ceder”, explican fuentes conocedoras del encuentro. Por el otro lado también fueron contundentes: “En ningún caso aceptaríamos menos de lo que habíamos propuesto”. Fuentes del Gobierno explican que las que se llevaron a la reunión del jueves fueron las medidas mínimas que se contemplaban ante la gravedad de la situación epidemiológica de Madrid.
El argumento del viceconsejero Antonio Zapatero de que se debía establecer un criterio unificado para todas las áreas a intervenir reducía el margen de acción al umbral que se había impuesto la propia comunidad: 1.000 casos cada 100.000 habitantes, aunque los expertos señalan que incluso en 200 casos se puede hablar de transmisión descontrolada.
El encuentro acabó sin acuerdo. “Hubo diferencias de criterio y, aunque compraran los argumentos, pedían tiempo”, señalan fuentes gubernamentales, que aseguran que el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, le dio la razón a Illa. El dirigente conservador ha negado taxativamente este viernes estar en desacuerdo con la decisión definitiva de la Comunidad. Antes de acabar la reunión, desde el Ejecutivo trasladaron a sus interlocutores que si no se aceptaban esos mínimos, se trasladaría a la opinión pública su planteamiento. En los últimos días, algunos socialistas habían manifestado, en privado, su temor a que la nefasta situación de la pandemia en Madrid acabara volviéndose en su contra.
“Nos fuimos sin saber exactamente cómo iban a actuar o responder. No queríamos que pareciera que éramos copartícipes de una decisión que sabemos que se queda corta”, señalan fuentes gubernamentales.
“Aún así, se le dio un margen a la Comunidad para que recapacitara”, explican esas mismas fuentes. Unas horas para consultarlo con la almohada antes de los esperados anuncios que la Comunidad había previsto hacer a las 12 de la mañana.
El estallido
El viernes por la mañana, el jefe de gabinete de Sánchez, Iván Redondo, habló con la mano derecha de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta madrileña. Ambos habían pulido los detalles de la reunión del lunes durante el fin de semana anterior y cerrado los detalles del acuerdo. Fuentes de Moncloa aseguran que la intención de Redondo fue convencer a Rodríguez de dar una respuesta conjunta. Pero no salió.
Todo fue inútil. Las horas iban pasando y el acercamiento de posiciones no llegaba. El resultado fue una convocatoria de Moncloa contraprogramando a la Puerta del Sol para explicar las que habían sido sus recomendaciones y que Ayuso había desoído. Salvador Illa compareció ante los medios para defender las recomendaciones de los expertos del ministerio. Actuar “con contundencia” porque la situación es “preocupante” y “se vienen semanas muy duras”.
En el Gobierno están convencidos de que a la Comunidad le da miedo tomar medidas drásticas, pero recuerdan que es su competencia y que el grupo creado el lunes tenía como objeto recomendaciones que, en último término, tiene que aprobar Ayuso. “Les pesa tomar decisiones. Todo lo que es difícil de comunicar uno tiene la tendencia a que se retrase y que lo haga otro”, señala una de las fuentes consultadas, que considera que acabarán teniendo que tomarlas.
La cuestión es cuándo. Los expertos señalan que cuanto más tarde se actúe, más duras y más largas serán las medidas necesarias para controlar la expansión del virus. En todo caso, la herramienta para influir en las decisiones y sus tiempos parece herida de muerte. Después de contradecirse públicamente en ruedas de prensa casi simultáneas que las televisiones retransmitieron en algún caso con la pantalla partida en dos, ¿qué margen queda para seguir negociando?
El horizonte plantea el dilema para la Comunidad de ir demasiado lento y verse envuelta en una situación inabordable desde el punto de vista sanitario. Y para el Gobierno, de tomar decisiones sin contar con la Comunidad o en contra de su criterio, como declarar un estado de alarma en la región. “Parece que es lo que quieren”, señala una fuente del Gobierno sobre la posible necesidad de intervención.
Fuentes del Ministerio reconocen la dificultad, pero aseguran que las reuniones continuarán; al menos esa es la intención por parte del equipo que capitanea Illa. Con una complejidad añadida: el tiempo juega en contra. Sin embargo, en el Gobierno no ponen horizontes temporales para pasar a una fase de acción unilateral. Este sábado el ministro ha ofrecido otra rueda de prensa, esta vez desde Barcelona, para “emplazar a Madrid a revisar sus decisiones” porque la situación pone “en serio riesgo a los ciudadanos de Madrid y los de las comunidades limítrofes”. “Esto no es una batalla ideológica sino epidemiológica. Lo que tenemos que hacer es recuperar el control frente al virus”, lanzó. Ante la pregunta de una periodista de si se planteaban ir más allá y tomar alguna determinación, usó un tono más firme de lo habitual: “Hacemos este emplazamiento, que esperamos que atiendan”.
De momento, en las agendas del Gobierno y la Comunidad sigue apareciendo la reunión prevista para el próximo lunes.