Desde que el Gobierno de Pedro Sánchez decretó el estado de alarma para centralizar todas las decisiones de la crisis del coronavirus, la mayor parte de los gobiernos autonómicos han apostado por colaborar con el Ejecutivo central. Incluso el Ejecutivo del País Vasco –crítico con esta medida que recorta sus competencias– ha optado por aparcar las diferencias y remar en la misma dirección.
Lo han hecho todos menos dos: la Generalitat de Catalunya y la Comunidad de Madrid. Desde posiciones políticas absolutamente distintas pero con argumentos parecidos, Isabel Díaz Ayuso y Quim Torra se han convertido en las notas discordantes frente a los llamamientos de unidad de Pedro Sánchez y sus ministros. En las últimas horas, uno de los dirigentes populares que había mantenido en línea con el gobierno, a pesar de las consignas de su partido, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, también ha empezado a desmarcarse y ha pedido a Sánchez “que gobierne”.
En el caso de Madrid, donde la región se ha convertido en el principal foco de infectados con más de la mitad de los contagios y las muertes, una reciente encuesta de Metroscopia, que han mirado con lupa en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, asegura que una mayoría de los madrileños cree que la presidenta autonómica ha reaccionado mejor que el Gobierno central en su respuesta ante la crisis sanitaria.
Esos sondeos, aseguran desde el Gobierno de Ayuso, apuntalan la estrategia de confrontación de la presidenta regional frente al Ejecutivo de Sánchez. La posición de Díaz Ayuso ha ido oscilando en la relación con el Gobierno e incluso ha evidenciado contradicciones. La presidenta defiende la “lealtad institucional” y su “apoyo total al Gobierno” mientras despliega un alud de críticas al papel de Sánchez, tanto sobre el origen de la propia epidemia como sobre su gestión. Desde la Administración que gobierna, la dirigente del PP ha decidido ir por su cuenta en muchas de las cuestiones que hoy competen al Gobierno central.
La estrategia de la presidenta regional choca con la de su compañero de partido José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, que ha aparcado cualquier crítica al Gobierno de Sánchez y ha preferido adoptar un tono institucional para unir a la ciudad, en lugar de decantarse por la polarización y la bronca partidista. Ayuso ha elegido la senda contraria: los ataques al Ejecutivo de Pedro Sánchez y la división en las medidas a tomar.
El último ejemplo de la huida hacia adelante de la presidenta madrileña se producía este viernes cuando anunciaba que la Comunidad de Madrid empezará a buscar material sanitario por su cuenta o a fabricarlo. Ayuso lo hacía acusando al Ejecutivo de Sánchez de crear “un cuello de botella” desde que centralizó las competencias que impide, asegura, que el material esté llegando a los hospitales madrileños. Los ataques de Ayuso no son nuevos, habían comenzado en otra entrevista en EsRadio, la emisora de Jímenez Losantos, un día antes, cuando la regidora responsabilizó al Gobierno de “bloquear” la Comunidad: “Madrid estaba caminando muy rápido pero ahora tiene todo esto paralizado, no tenemos material y estamos trabajando a mínimos”, afirmó en esos micrófonos.
Solo unas horas después de estos reproches, la Comunidad de Madrid y el Ministerio Sanidad anunciaban que la Unidad Militar de Emergencias (UME) se disponía a desplegar un hospital de campaña en IFEMA (Feria de Madrid) con 5.500 camas, 5.000 para hospitalización y 500 de UCI, para tratar de paliar el desborde de la sanidad madrileña. Ayuso había alertado de que la falta de unidades de cuidados intensivos empezaba a ser un problema en la región, donde el 10% de los casos requieren de este tipo de hospitalización.
Pero las divisiones con el Gobierno central no solo se notan en los grandes temas, también están en los aparentemente pequeños. La Comunidad de Madrid, al igual que hizo Torra en Catalunya, se desmarcó de la aplicación para teléfonos móviles que está preparando el Gobierno de España para centralizar toda la información sobre la crisis del coronavirus y decidió lanzar la suya propia. Son las dos únicas autonomías que han tomado esta decisión.
Fuentes del ejecutivo de Ayuso reconocieron a eldiario.es que el Gobierno de Pedro Sánchez no autorizó la aplicación de Madrid, pero finalmente decidieron presentarla este miércoles. Lo hacía en persona la presidenta regional en su cuenta de Twitter, un anuncio que el Ejecutivo de Sánchez recibió con sorpresa. Para el Gobierno central, la Covidapp (la aplicación madrileña) es controvertida porque permite que los datos personales de los usuarios acaben en manos de las empresas que han colaborado en su desarrollo.
La decisión de mantener las peluquerías abiertas, que luego se rectificó, también supuso un enfrentamiento entre la presidenta madrileña y el Ejecutivo central. Ayuso salió muy dura contra el Gobierno de Sánchez por excluirlas del listado de establecimientos que debían permanecer cerrados durante el estado de alarma, a pesar de que en el decreto que la propia Comunidad de Madrid había presentado el viernes 13 también incluyó las peluquerías entre los servicios básicos que no cerraban por el coronavirus. Las declaraciones de la presidenta madrileña provocaron el primer encontronazo público con el Gobierno central que acabó decretando el cierre de estos comercios no sin antes recordarle a la presidenta madrileña que todas las competencias recaían ahora en el Ministerio de Sanidad.
La presidenta no solo ha decidido caminar al margen del Gobierno central, también ha dejado de lado a sus socios de Ciudadanos, en la gestión de la pandemia. Parte de su consejo de Gobierno ha ido enterándose de los anuncios de la presidenta por la prensa, como cuando presentó un centro de control en la Puerta del Sol para hacer seguimiento de la crisis sanitaria.
La presidenta regional incluso rectificó en público este jueves a su consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, de Ciudadanos, quien solicitó ayuda al Ejército para atender la dramática situación de las residencias de ancianos, que se están convirtiendo en un foco de contagios y de fallecidos por ser una población altamente vulnerable. Pese a las palabras de la presidenta regional, la UME finalmente intervendrá las residencias madrileñas ayudando a trasladar a los fallecidos y a su desinfección.
Desde una parte del Ejecutivo de Ayuso y de la oposición, consideran que la presidenta madrileña está usando la crisis del coronavirus para desarrollar un perfil propio, que le permita jugar papel en la política nacional que ha buscado desde que Pedro Sánchez fuese investido en enero.
Pero Ayuso no es la única baronesa del PP que ha cargado las tintas contra la gestión de Sánchez. En las últimas horas desde Galicia, Alberto Núñez Feijóo también está aumentando la presión para conseguir que el Gobierno se replantee su decisión de centralizar las compras y envíos de mascarillas y otros materiales de protección. El barón gallego del PP denunció este viernes el “atasco de abastecimiento” y aseguró: “Si nos dejan comprar de forma directa, lo haremos”.
El enfado de Feijóo se manifiesta después de varios días mostrando la cara contraria, ofreciendo ayuda y poniéndose a las órdenes del equipo que lidera Pedro Sánchez. Este viernes, su mensaje daba un giro de 180 grados: “Pedimos que el Gobierno gobierne”.
Paralelamente a sus críticas, el presidente gallego ha empezado a tomar decisiones por su cuenta. Tras la reunión de su gobierno ha anunciado una partida de 10 millones de euros para repartir entre las empresas que decidan reorientar su producción a la fabricación de mascarillas y otros elementos de protección frente al virus. Para este fin de semana está prevista la llegada de 300.000 mascarillas que Inditex ha prometido al Gobierno y en ese punto también Feijóo ha querido sacar los codos: “Espero que ese material pueda venir para toda España pero para Galicia de manera más concreta”.
Torra culpa al Gobierno de la situación
Por su parte, el Govern de Quim Torra abrió la guerra con el Gobierno central días antes de que se decretase el estado de alarma. Ya el jueves de la semana pasada, Torra fijó la posición de máxima restricción a la movilidad de la que después ha hecho bandera durante toda la crisis, cuando ordenó el confinamiento de más de 60.000 personas en la ciudad de Igualada y otros tres municipios, que comenzaban a sufrir un foco descontrolado de coronavirus y que se saldaba entonces con tres fallecidos. Un día después, el viernes, requería el confinamiento de la población de toda Catalunya, y reclamaba al Estado ayuda para impedir la entrada al territorio de trenes, aviones y barcos.
Aunque el Ejecutivo catalán trataba de avanzarse a las decisiones del Gobierno de Sánchez, en público el clima era aún positivo. El viernes el president anunció que participaría en la conferencia a distancia con los presidentes autonómicos, a la vez que se mostró conforme con aplazar la mesa de diálogo sobre el procés y, un día después, sin embargo, la posición del Govern fue girando en las horas posteriores.
Tras conocerse por la prensa los planes del Gobierno central, que se encontraba reunido en un Consejo de Ministros extraordinario, Torra buscó la complicidad del lehendakari vasco, Iñigo Urkullu, para oponerse a la intervención de las competencias autonómicas que Sánchez tenía previsto decretar. “Coincidimos en que no podemos aceptar que el Gobierno español confisque nuestras competencias en salud, seguridad y transporte. Necesitamos apoyo; no recentralización”, escribió Torra en Twitter. La batalla política había comenzado.
La mañana después de que Sánchez anunciara el inicio del estado de alarma, Torra reunió al Govern y criticó con dureza las medidas del Gobierno central, que calificó de “insuficientes e ineficaces”. La principal discrepancia era sobre el grado de confinamiento. Torra aseguraba que se habían de cerrar las fronteras y aislar tanto Catalunya como la Comunidad de Madrid, incluyendo paralizar la actividad de los puertos y aeropuertos. Tampoco estaba de acuerdo con mantener la actividad laboral, por lo que llamaba a todos los trabajadores a confinarse en casa, a excepción de los sectores de la alimentación, asistencia sanitaria y servicios esenciales.
Junto a las diferencias por las medidas de confinamiento, el Govern desplegó una retórica de ataque a la decisión del Gobierno de centralizar las decisiones. “Lamento que ante un reto tan colosal no se haya optado por la colaboración sino por la confiscación de competencias”, aseguró Torra, que opinió que el estado de alarma se ponía “al servicio de una idea antigua de España”. “La Constitución no es un fármaco contra el virus”, remachó el president en una comparecencia que ya avanzaba que tenía previsto personificar la oposición al Gobierno durante la crisis del coronavirus. Ese mismo día, fue el único presidente que se negó a firmar la declaración conjunta de los responsables autonómicos y el Ejecutivo central.
A partir de ese momento, el Govern ha mostrado sus discrepancias casi a cada decisión tomada por el equipo de Sánchez. La Generalitat ha criticado con dureza el despliegue del Ejército y ha pedido “explicaciones” tras denunciar que la policía había requisado mascarillas destinadas a hospitales catalanes, un extremo que desde el Gobierno niegan que haya sido así. El Ejecutivo de Sánchez explica lo sucedido por la centralización de adquisición de un material sanitario que, posteriormente, se reparte entre las comunidades autónomas.
Si bien Torra ha jugado un papel protagonista tanto por lo que respecta a la gestión catalana de la crisis como en la crítica a las medidas estatales, a él le han secundado varios de los consellers, tanto de su propio partido como de ERC, con tonos diversos. En cambio el vicepresident y líder de los republicanos, Pere Aragonès, ha evitado posicionarse en la línea de la confrontación, y se ha mostrado menos beligerante ante la actuación del Gobierno de Sánchez. Sin embargo su compañero de partido Gabriel Rufián sí mostró una posición dura en su comparecencia en el Congreso, donde reiteró la apuesta del Govern por el cierre de Madrid y Catalunya, así como un confinamiento duro “casa por casa”. “Los hospitales no necesitan militares, necesitan medios”, remachó Rufián.
La última herida abierta entre la Generalitat y el Gobierno a cuenta del coronavirus ocurrió este jueves, cuando Torra fue entrevistado en la BBC. Durante la entrevista con el canal público británico el president aseguró: “Los expertos y científicos que nos aconsejan dicen que la mejor manera de frenar el coronavirus es con el confinamiento domiciliario y el Gobierno dice que no hace falta”. Unas palabras que fueron respondidas desde la oposición, asegurando que mentía porque el Gobierno ya ha dictado medidas en esa dirección. Este viernes, finalmente, Torra ha trasladado por carta a diversas instituciones europeas su petición de un confinamiento “total” para Catalunya.