Un juzgado investiga si Barberá incumplió la Ley de Memoria Histórica

El Juzgado de Instrucción número 16 de Valencia investiga a la exalcaldesa de Valencia y actual senadora territorial Rita Barberá por un posible delito de desobediencia a la Ley de Memoria Histórica, al existir en la ciudad escudos anticonstitucionales y monumentos a los caídos en la Guerra Civil.

La Mesa del Senado ha visto hoy el escrito de la titular del citado juzgado que busca acreditar la condición de aforada de la exalcaldesa de Valencia, lo que le impediría investigarla y le obligaría a remitir la causa al Tribunal Supremo.

El origen de esta causa es una denuncia presentada en abril por José Luis Ábalos, diputado socialista por Valencia en el Congreso; Matías Alonso, coordinador del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica, y el abogado madrileño Eduardo Ranz Alonso contra Barberá por la posible comisión de un delito de desobediencia.

Los hechos denunciados se referían a la existencia en la ciudad de Valencia de monumento a los caídos, escudos anticonstitucionales, placas con signos anticonstitucionales y cuadros de honores de Valencia con exponentes del franquismo, que para los denunciantes constituían un manifiesto incumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica.

Según señalaban, hasta la fecha el Ayuntamiento de Valencia no había procedido a dar cumplimiento ni a la Ley de Memoria Histórica, ni a lo pronunciado por el Tribunal Supremo al respecto el 17 de febrero de 2005.

También sostenían que no existía elaboración alguna de catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y la dictadura efectuada por el Ayuntamiento de Valencia.

El Tribunal Superior de Justicia valenciano se declaró a principios de mayo no competente para investigar la denuncia, ya que para entonces el Parlamento valenciano, del que formaba parte Barberá como diputada autonómica, estaba disuelto por la convocatoria de elecciones autonómicas.

Los denunciantes presentaron en mayo una nueva denuncia en vía ordinaria contra la entonces aún alcaldesa, si bien el Juzgado de Instrucción número 16 de Valencia se inhibió en favor del TSJCV, que en septiembre rechazó esa inhibición y devolvió la denuncia al juzgado para que la enviara al Supremo, dado que desde julio Barberá era senadora territorial.

El máximo órgano de dirección del Senado ha acordado hoy trasladar al Supremo la solicitud del juzgado valenciano, al considerar que no corresponde al Senado contestar al juzgado.

Lo mismo ocurrió a finales de febrero, cuando el titular del Juzgado de Instrucción número 18, que investiga el supuesto cobro de comisiones a cambio de contratos fraudulentos y la posible derivación en una supuesta financiación ilegal del PP de Valencia, solicitó al Senado la acreditación.