Pasadas las 9.00 horas de la mañana del pasado miércoles, la Junta de Castilla y León que preside Alfonso Fernández Mañueco, del PP, anunciaba la paralización de la vacunación con AstraZeneca en la comunidad –que se reactivó al día siguiente, una vez conocido el informe de la Agencia Europea del Medicamento (EMA)– alegando la necesidad de dar “seguridad” a los pacientes, a raíz de los poco usuales trombos cerebrales que han sufrido algunos de los vacunados con el compuesto.
Ese mismo miércoles, tan solo cinco horas después del anuncio del Ejecutivo castellanoleonés, el viceconsejero de Salud Pública de la Comunidad de Madrid –gobernada también por el PP–, Antonio Zapatero, se fotografiaba vacunándose precisamente con una dosis de AstraZeneca, la misma fórmula vetada por sus homólogos en Castilla y León. Tanto la Comunidad de Madrid como Andalucía, Galicia y Murcia –todas ellas en manos de los populares– se negaron a seguir la estrategia del Gobierno de Fernández Mañueco y rechazaron frenar la vacunación con el citado compuesto.
Esta palmaria contradicción entre administraciones gobernadas por la misma formación política, el Partido Popular, volvió a evidenciar la descoordinación y las diferencias de criterio –en ocasiones enfrentados– que existen entre las comunidades en manos de los populares a la hora de gestionar la pandemia, y que se llevan repitiendo desde que comenzó la emergencia sanitaria, en marzo de 2020. En los últimos meses, las autonomías del PP han divergido en los horarios de los toques de queda, sobre los cierres perimetrales y la apertura de los comercios y la hostelería. Ahora también están enfrentadas ante la estrategia de vacunación.
Madrid ha sido la autonomía más laxa a la hora de aplicar las restricciones sanitarias, parapetándose siempre en el mantra de la “libertad”, principal lema de campaña de Díaz Ayuso para las elecciones autonómicas del 4 de mayo. Mientras sus colegas de Castilla y León, Galicia, Andalucía o Murcia confinaban municipios y provincias, decretaban cierres de bares y restaurantes o limitaban los horarios comerciales, la administración madrileña criticaba todas esas medidas.
La región solo cerró perimetralmente cuando le obligó el Gobierno central –como en Navidades o Semana Santa–, mantuvo el toque de queda a las 23.00 horas –una hora más que el resto de comunidades–, se opuso cuando las otras autonomías populares quisieron adelantarlo a las 20.00 –en contra del criterio del Gobierno central– y mantuvo abierta la hostelería, incluido el interior de los bares, desde la desescalada de la primera ola.
La negociación de Sputnik
Esta semana Ayuso volvió a evidenciar que va por libre entre los barones de su partido cuando se conoció que la Comunidad de Madrid intentó en febrero comprar la vacuna rusa contra la COVID-19, la conocida como Sputnik V, según adelantó el martes el diario ABC y confirmó después la Consejería de Sanidad. El consejero del área, Enrique Ruiz Escudero, se reunió hasta en tres ocasiones con “intermediarios de la vacuna rusa” al margen del Gobierno de España y de la Unión Europea, que es la que centraliza la compra. Ese intermediario resultó ser el gallego Pedro Mouriño, un amigo personal de Casado –en su día fue compromisario de su candidatura en las primarias que le llevaron a la presidencia del PP–, al que el Gobierno ruso encargó la comercialización de la citada vacuna en España.
El gesto del Gobierno de Ayuso generó estupor en las filas de su propio partido y, sobre todo, entre el resto de presidentes autonómicos del PP. Para el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, “hay dos criterios básicos” en el proceso de vacunación. “Primero, no se pueden comprar las no autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento; y lo segundo es que un servicio de salud, antes de comprar vacunas, tiene que notificarlo en el Consejo Interterritorial”, aseguró, criticando así que Ayuso actuara al margen de los cauces oficiales.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, también se desmarcó de la estrategia de su homóloga madrileña. El jueves se mostró como un firme defensor de la compra centralizada de fármacos en manos de la Unión Europea, que es “la tercera potencia económica mundial, después de China y Estados Unidos”. “Siempre podrá lograr un mejor precio y un cargamento mayor en los mercados internacionales”, dijo en el Parlamento autonómico. Después, matizó: “Si el Gobierno de España y la UE no son capaces de garantizar el suministro de vacunas adecuadas, se va a ir produciendo en cascada una serie de regiones europeas que empezarán a negociar de manera unilateral las vacunas con las farmacéuticas”.
El mismo jueves, Ayuso justificó su actuación durante una entrevista en Telecinco: “Nosotros recibimos en el mes de febrero en la Consejería de Sanidad a la empresa de Sputnik de vacunas. Estamos obligados a estudiar todas las vías para salvar vidas. Otra cuestión es que luego cada uno operar por libre, que yo en eso no estoy de acuerdo. Pero esto lo hicimos por ejemplo cuando pedimos las PCR en Barajas, que llegaron muy tarde y mal, o por ejemplo cuando yo pedía que se hicieran test de antígenos en las farmacias, que se hizo muy tarde y muy mal porque se podía haber minimizado la tercera ola en Madrid”.
Ayuso y las “colas del hambre”
La presidenta madrileña también defendió que pese a las alarmantes cifras de contagios y fallecidos en la región –el viernes la incidencia acumulada en 14 días era de 315 casos por 100.000 habitantes, muy por encima de la media nacional, situada en 174,52– y a la evolución de la pandemia en Madrid –que acumula la mayor tasa de mortalidad de toda España– se hayan mantenido abiertos bares y comercios. “No he encontrado evidencias de que la hostelería provoque más contagios que la convivencia en casas. No hay informes que digan que cerrando esto mejora. París lleva tiempo con restricciones y el contagio se ha disparado. Cuando nos obligan a cerrar siempre sube la cifra de contagios”, asegura Ayuso. “Cerrar nos puede dar más seguridad, pero los que entran en las colas del hambre no vuelven luego a la normalidad”, apostilló, reincidiendo en el aspecto económico de la pandemia.
En febrero, las discrepancias entre Ayuso y el resto de presidentes autonómicos se evidenciaron en un choque entre la presidenta madrileña y Núñez Feijóo. A principios de ese mes, la Comunidad de Madrid amplió a seis las personas que podían reunirse en las terrazas de los restaurantes –desde el 25 de enero y, hasta entonces, solo podían ser cuatro–. La presidenta madrileña hacía así oídos sordos a las críticas que le había lanzado a finales de enero su compañero de partido, el presidente gallego, por no haber decidido cerrar bares y restaurantes como hizo él en Galicia. “Madrid ha optado por una decisión por la que yo no me sentiría responsable si la tuviese que aplicar en Galicia y, por tanto, he optado por otra”, dijo entonces Feijóo en una entrevista en La Voz de Galicia.
El líder nacional del PP, Pablo Casado, trata ahora de hacer equilibrios para justificar esas diferentes actuaciones de sus barones autonómicos a lo largo de la pandemia. El jueves, durante una conferencia en la sede de la Organización Médica Colegial (OMC), aseguró que “la postura a nivel nacional” de su partido en materia sanitaria sigue “un criterio único y coherente”. “Lo digo porque hay quien dice que hay disparidad, que algunas comunidades han hecho una cuestión o han hecho otras. Todas las autonomías del PP han tenido en mente los tres criterios sanitarios marcados a nivel internacional: incidencia, capacidad asistencial y análisis vía test”, concluyó.
“¿Por qué ha habido respuestas distintas en la Comunidad de Madrid que en otras comunidades autónomas?”, se preguntaba. “Pues por algo que no tiene nada que ver ni con los políticos, ni con el PP: concentración demográfica, dispersión de la capacidad hospitalaria y envejecimiento poblacional. Y una cuarta que se unió a partir de la segunda ola, que es inmunidad. Las comunidades autónomas donde más azotó el virus en la primera ola pudieron tener unos criterios menos restrictivos en las siguientes olas por una triste y terrible realidad que no tengo que explicar”, añadió, en alusión a la letalidad provocada por el virus en Madrid, la comunidad con un mayor exceso de mortalidad desde que estalló la pandemia.
Casado evidenció sus propias contradicciones esta misma semana criticando a Pedro Sánchez por anunciar el fin del estado de alarma, cuyas prórrogas fueron sucesivamente rechazadas por el PP con duras acusaciones de autoritarismo contra el Gobierno, y recuperó el “plan B jurídico” que le tumbó el Congreso a finales del año pasado.