La defensa de Begoña Gómez ha solicitado al magistrado que no lleve a cabo este viernes el interrogatorio en calidad de testigos de dos vicerrectores de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). La esposa del presidente del Gobierno, investigada por el juez Juan Carlos Peinado por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, pide anular las declaraciones del vicerrector de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales de la Universidad, José María Coello de Portugal, y de su predecesor en el cargo, Juan Carlos Doadrio. La defensa de Gómez alega que en la denuncia inicial —presentada por el pseudo sindicato Manos Limpias— no hay referencia alguna a la universidad ni se considera que pueda haberse cometido un delito en su seno.
El escrito de los abogados, al que ha tenido acceso Europa Press, incide así en que “la denuncia que dio lugar a la incoación y que ha de delimitar el ámbito objetivo de la investigación no hacía referencia alguna a la Universidad Complutense de Madrid ni a ningún hecho indiciariamente constitutivo de delito producido en su seno”.
Las testificales de ambos vicerrectores están programadas para este viernes a las 13.00 horas, justo después de la declaración de Gómez. “No se alcanza a entender y tampoco se explicita (...) cual es la aportación que pueden hacer con sus declaraciones un vicerrector (...) y su antecesor en el cargo a los hechos que se venían investigando antes de la avocación a la Fiscalía Europea”, añade el texto.
Además, el abogado Antonio Camacho reitera, como ya ha hecho en escritos anteriores, que existe una “indeterminación” en cuanto al objeto de lo que se está investigando, algo que “ha sobrevolado este procedimiento desde el inicio de las presentes diligencias”. “Esta parte ha presentado en las ultimas semanas reiteradas peticiones a efectos de que el juzgado instructor aclarara cuáles son los hechos que constituyen el objeto de investigación en las presentes diligencias previas”, incide.
La Audiencia de Madrid delimitó ya el objeto del procedimiento judicial a los contratos adjudicados a la empresa de Juan Carlos Barrabés con fondos europeos. Después, la Fiscalía europea reclamó la competencia para investigar esos contratos porque se trataba de dinero procedente de la UE. El juez aceptó, pero al mismo tiempo continuó con la investigación, pese a que los otros dos bloques de la denuncia de Manos Limpias ya habían sido descartados por los magistrados de su instancia superior.
Camacho ha recordado que el auto de la Audiencia Provincial de Madrid ya acotó las pesquisas porque indicaba que “solo existían indicios suficientes con relación a los contratos en donde se otorgaban una serie de subvenciones a la UTE formada por Innova Next S.L.U y la Escuela de Negocios The Valley”. Insiste en que esos hechos, de acuerdo con ese auto, “eran los únicos que reunían indicios suficientes como para abrir la investigación respecto a los mismos”, y señala que al poco tiempo Peinado “se inhibió a favor de La Fiscalía Europea por estimar que ésta era la competente para conocer de los mismos”.
“A partir del razonamiento que hemos expuesto en los anteriores parágrafos el presente procedimiento carecería de cualquier objeto puesto el inicial que fue delimitado por la Audiencia Provincial habría sido remitido para su investigación a la Fiscalía Europea”, asegura, para insistir en que este razonamiento debería bastar para “fundamentar este recurso”, ya que “si no existe objeto de la investigación no cabe que el instructor acuerde la práctica de ninguna diligencia”.
“Impertinente e inútil”
Por otro lado, recuerda que ni la cantidad de escritos presentados por las acusaciones populares ni las testificales celebradas en el marco de la causa “han añadido nada a la insuficiencia indiciaria existente en la denuncia inicial”. La defensa de Gómez reitera que es una diligencia “impertinente e inútil” porque “si los hechos no están siendo investigados en el presente procedimiento no cabe tomar declaración a dos miembros de la Universidad Complutense que nada tiene que ver con el objeto del presente procedimiento”.
La universidad madrileña ha explicado esta semana que, tras una investigación interna, no ha encontrado ilegalidades en la gestión de la cátedra que lideró Gómez. Aun así, la Complutense insiste al juez Peinado ser aceptada como acusación en la causa contra la esposa del presidente.