Podemos saca pecho de su papel en el Gobierno después de un año frenético en el que la coalición ha conseguido sacar adelante una amplia agenda legislativa pese a la “estrategia golpista de la derecha”. La secretaria general de la formación, Ione Belarra, ha esbozado este jueves un balance del año en el que ha denunciado a una “élite muy pequeña pero muy privilegiada” que quiere seguir demostrando “que manda más que el presidente y que el Parlamento”. “Tenemos la obligación como demócratas de pararles los pies y de decirles muy claramente que en España no puede haber nadie por encima de la ley y por encima de la democracia”, ha advertido la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 en su repaso del año político.
En un vídeo difundido este jueves, Belarra ha reivindicado los avances sociales que ha impulsado el Gobierno no solo en el último año sino desde el comienzo de una complicada legislatura que entra ahora en su año final. “Estamos orgullosas de habernos mantenido en pie y de que la 'ley trans' sea una realidad que hace unos meses parecía simplemente imposible, como también parecía imposible la subida del salario mínimo, establecer un tope al gas, que baje el precio de la electricidad o la inflación o que las trabajadoras del hogar tuvieran derecho a paro”, ha resumido como los principales logros que ha supuesto la presencia de Unidas Podemos en el Ejecutivo.
La dirigente de la formación ha celebrado además la renovación del escudo anticrisis que salió el martes del Consejo de Ministros tras una intensa negociación en el seno del Gobierno. Unidas Podemos consiguió arrancar al PSOE la prórroga de los contratos de alquiler durante seis meses para que los propietarios no puedan subir el precio a los inquilinos que quieren renovar sus rentas. “Un escudo social que incluye también que los billetes de cercanías y de media distancia sigan siendo gratuitos todo el año 2023, así como la reducción del 50% en el transporte urbano, el metro o los autobuses”, ha recordado.
Belarra cree que Unidas Podemos ha llegado “donde nadie de la izquierda transformadora había llegado en 80 años”, pero su presencia en el Gobierno les ha servido también para constatar la presencia de esa élite que quiere seguir demostrando que vale más que el presidente, el Parlamento y el voto de los ciudadanos.
“Nuestros adversarios son poderosos y no son solo políticos, aunque todos hagan política”, ha dicho para referirse a los audios de las conversaciones privadas entre el periodista Antonio García Ferreras y el comisario José Manuel Villarejo salidos a la luz este verano y que destaparon el origen de las informaciones falsas para dañar a Podemos. “El periodismo corrupto que va con ello aunque sea burdo, que publica mentiras a sabiendas para que un proyecto como el nuestro no triunfe, es también uno de los principales problemas democráticos que tenemos en nuestro país”, ha considerado.
La secretaria general de Podemos ha considerado que la derecha está inmersa en una “estrategia golpista” que no solo no va a parar sino que va a más, como muestra, ha dicho, la decisión del Tribunal Constitucional con mandato caducado de detener la tramitación parlamentaria de la reforma con la que el Gobierno pretendía desbloquear la renovación del propio tribunal de garantías. A su juicio, “lo que no soporta en realidad la derecha mediática política y judicial es que Podemos esté en el Gobierno”.
Por ello, Belarra ha defendido que el Ejecutivo debe ahora impulsar una reforma que permita renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), bloqueado desde hace cuatro años por el Partido Popular. “Debemos diseñar un modelo de renovación del consejo que se adapte a la nueva realidad política española y dejar atrás un sistema que básicamente estaba hecho a la medida del bipartidismo”, ha dicho, en línea con la propuesta que su formación impulsó en su día junto al PSOE y ha recuperado ahora para modificar el sistema de mayorías con las que el Congreso renueva a los vocales del órgano de gobierno de los jueces que le corresponden. Unidas Podemos quiere pasar de un sistema de mayoría cualificada como el actual a uno de mayoría absoluta y más representativo.
“Es imprescindible que pongamos fin al secuestro de las instituciones por parte del Partido Popular que solo persigue proteger a sus corruptos y conseguir a través de su brazo judicial lo que no consiguió en las urnas”, ha sostenido.
Leyes pendientes
La ministra también ha aprovechado su balance del año para recordar al PSOE las iniciativas legislativas que formaban parte del acuerdo que suscribieron en su acuerdo de coalición, al comienzo de la legislatura, y que todavía no han salido adelante. Una de ellas es la derogación de la denominada 'ley mordaza' que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy, sobre la que se han producido recientes avances en su tramitación en el Congreso, pero la que preocupa especialmente al socio minoritario es la Ley de Vivienda.
Esa norma ha salido ya del Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministerio de Transportes, que depende del PSOE, pero hasta ahora su tramitación parlamentaria no ha avanzado porque Unidas Podemos quiere introducir en ella una regulación más profunda sobre el mercado del alquiler. “Estos años nos han demostrado que mucho mejor quedar ayudas que demasiadas veces se convierten en parches en auténticos laberintos burocráticos, es intervenir de manera contundente en temas estratégicos”, ha dicho la ministra, que ha puesto el ejemplo de la intervención sobre el precio del alquiler que el Gobierno implementó durante la pandemia y permitió bajar de media el precio de las rentas un 4,5%. “Intervenir supone inclinar la balanza a favor de la gente casi siempre en contra de los intereses de grandes multinacionales como los fondos buitre o las empresas energéticas”, ha zanjado.