“Cero preocupación”. Esa es la impresión que se ha llevado el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, en sus reuniones con la vicepresidenta de Valores y Transparencia, Vera Jourova, y el comisario de Justicia, Didier Reynders. El socialista se ha mostrado convencido de que en la Comisión Europea no tienen ningún problema con la ley de amnistía, a pesar de que Reynders envió una carta al Gobierno en la que pedía explicaciones sobre el “alcance” de la misma antes incluso de que estuviera presentada. Una vez que se ha registrado en el Congreso, Bolaños se ha desplazado a Bruselas para tranquilizar a los responsables comunitarios ante la campaña que ha lanzado la derecha contra la ley.
“El diálogo continuará con las autoridades españolas”, ha señalado, por su parte, el comisario de Justicia, que evita hacer más comentarios hasta que la ley de amnistía esté plenamente tramitada en las Cortes. En el pleno de la Eurocámara, explicó que tienen que esperar a que se apruebe definitivamente para analizarla ante los “acuerdos” suscritos por el PSOE y Junts en los que hacía alusión al lawfare.
“Les tengo que decir que hay cero preocupación de la Comisión Europea sobre la salud del estado de derecho en España. Saben que es una ley conforme con la Constitución, con el derecho de la UE y con los valores de Europa”, ha señalado el ministro en una comparecencia ante los periodistas: “Es una ley que saben que estamos trabajando con un objetivo claro que es superar un conflicto que se vivió en Catalunya y que afectó al resto de España y la UE. Catalunya que era un factor de inestabilidad hoy no es sólo el motor de España sino de la UE”.
“Me han trasladado que están recibiendo por parte de ciudadanos, partidos y asociaciones distintas comunicaciones para que estudien y analicen la ley de amnistía; pero quiero decirles que si antes decía que hay cero preocupación tampoco hay ninguna duda de que es un asunto interno de España”, ha dicho Bolaños, a quien no inquietan las conclusiones del gobierno comunitario sobre el texto, que asegura es “impecable”.
También ha asegurado que las comisiones de investigación que se pondrán en marcha en el Congreso a raíz del acuerdo con Junts no servirán para enmendar la plana al sistema judicial: “Esas comisiones de investigación forman parte de un acuerdo de formaciones políticas y, como ha pasado tantas veces, van en paralelo a investigaciones judiciales. Ninguna comisión de investigación puede afectar a ningún procedimiento judicial. No hay ninguna comisión que pueda afectar al trabajo de los jueces”. Lo que sí ha señalado el ministro es que si en esa investigación parlamentaria se tuviera conocimiento de algún delito, “ se daría traslado a las autoridades judiciales”. “El estado de derecho en España funciona”, ha afirmado.
El ministro ha despejado todas las preguntas sobre la celebración de una reunión de los socialistas con Junts en la que pretenden pactar el nombre de un verificador que haga seguimiento de los acuerdos y tampoco ha querido pronunciarse sobre la idoneidad de que esos encuentros sean fuera de España. También ha justificado la opacidad en la que se están enterrando las negociaciones: “Es una mesa de diálogo entre partidos, donde habrá un acompañante para facilitar el diálogo. Hemos aplicado una máxima que ha sido discreción durante las conversaciones y publicidad cuando haya acuerdos”.
“Preocupación máxima” por el bloqueo del Poder Judicial
A pesar de que el motivo de las citas de Bolaños en Bruselas tenían que ver con la petición de información por parte de las autoridades comunitarias sobre el “alcance” de la ley de amnistía, ha asegurado que la mayor parte de las reuniones “han sido para hablar de la renovación del Consejo General del Poder Judicial”. “La preocupación de la Comisión Europea como consecuencia del bloque del Poder Judicial es máxima”, ha asegurado el ministro, que ha lamentado que la situación esté “afectando a la normalidad del funcionamiento” del sistema judicial y también al derecho a la “tutela judicial efectiva” de los ciudadanos que no tienen “tiempos razonables” para los procedimientos.
“El próximo lunes hará cinco años que el PP bloquea la renovación del Poder Judicial. Es un comportamiento gravísimo del PP. La Comisión Europea conoce perfectamente quién es responsable”, ha dicho Bolaños: “Vuelvo a hacer un llamamiento al principal partido de la oposición para que entre en razón, cumpla la Constitución, cumpla la ley y renueve el Consejo y los ciudadanos recuperen su derecho de tener procedimientos en un tiempo razonable”.
No obstante, preguntado por cuándo llamará al PP para intentar de nuevo esa renovación una vez hay nuevas mayorías parlamentarias, no ha puesto fecha y ha sugerido que está a la espera de los cambios que Alberto Núñez Feijóo está haciendo en Génova. “Justo en estos días el PP está cambiado los equipos y remodelando su cúpula directiva. Les deseo mucho éxito y que cumplan la Constitución a los nuevos nombrados. A partir de ahí, se irán conociendo las actuaciones que hagamos, los pasos, para que se pueda renovar el Poder Judicial conforme a la ley”, ha señalado.
“Contradictorio” rechazo al fiscal general
En respuesta a los periodistas, Bolaños ha recordado que el informe del CGPJ en funciones que rechaza al Fiscal General del Estado, Álvaro García, es “contradictorio” con el que emitió hace un año cuando fue nombrado por primera vez. “La ley establece que lo que ha de hacer el CGPJ es estudiar si se cumplen dos requisitos: ser jurista de reconocido prestigio y si tiene más de 15 años de profesión. Ambos se cumplen y hay un informe del CGPJ que lo dijo hace un año. Cualquier informe que se haga estableciendo requisitos distintos a los que el propio Consejo llegó el año pasado es al margen de la ley”, ha apostillado.
El Gobierno se ha llevado este miércoles un varapalo con la sentencia del Tribunal Supremo que anula el nombramiento de la exministra Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado. “Respetamos la sentencia del Tribunal Supremo, pero no la compartimos”, ha lamentado Bolaños: “No se puede abrir la puerta a que una entidad privada pueda cuestionar decisiones que son exclusivamente competencia del Gobierno de España como es nombrar a la presidenta del Consejo de Estado y, en segundo lugar, porque la trayectoria de Valerio es de rigor, profesionalidad, conocimiento de la administración y del derecho”.
“Vamos a estudiar la sentencia y en los próximos días comunicaremos si se llevará a cabo alguna acción”, ha concluido.