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Bolivia transmite una queja al encargado de Negocios de EE.UU. sobre el informe de coca
El Gobierno boliviano transmitió su queja al encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Paz, Peter Brennan, por un reciente informe de ese país sobre los cultivos de hoja de coca en Bolivia que no coincide con otro reporte de las Naciones Unidas, informó hoy una fuente oficial.
El ministro boliviano de Exteriores, David Choquehuanca, señaló en una rueda de prensa en La Paz que convocó a Brennan “para tratar este tema” y entregarle una comunicación oficial al respecto.
En la nota, “Bolivia manifiesta no solamente su preocupación, sino su rechazo” al informe de Estados Unidos y le invita a “cotejar” sus datos con los de Naciones Unidas, indicó Choquehuanca.
Añadió que también se pidió a Washington “que maneje la información con responsabilidad”.
Desde septiembre de 2008, las relaciones entre ambas naciones se conducen a nivel de los encargados de negocios, tras la expulsión mutua de embajadores.
El presidente Evo Morales expulsó ese año al embajador Philip Goldberg acusándolo de conspirar en su contra, y EE.UU. rechazó la denuncia y replicó echando al embajador boliviano Gustavo Guzmán.
El Gobierno boliviano denunció que el Departamento de Estado estadounidense difundió el pasado viernes en su web oficial un informe de su oficina antinarcóticos que habla de una superficie de 35.000 hectáreas de plantaciones de hoja de coca en Bolivia.
El presidente Evo Morales criticó el domingo el citado informe estadounidense porque contradice el reporte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en sentido de que Bolivia registró 20.400 hectáreas de coca en 2014.
Morales también ratificó que la lucha contra el narcotráfico en Bolivia es “mucho más efectiva que antes” y se hace “sin bases militares” de EE.UU., sin la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA) y sin recursos económicos de ese país en territorio boliviano.
En Bolivia, la hoja de coca está protegida por la Constitución promulgada por Morales en 2009, porque tiene usos culturales, religiosos, industriales, medicinales y es mascada por varios sectores sociales, práctica denominada “acullicu”.
Los cultivos ilegales también son desviados al narcotráfico para la producción de cocaína.
La legislación boliviana admite un máximo de 12.000 hectáreas de hojas de coca en el país para usos lícitos, pero el Ejecutivo discute un proyecto de ley, en consulta con los sectores campesinos, que podría subir ese límite hasta las 20.000 hectáreas.
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